Sentencia nº 903 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Mayo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 283400467

Sentencia nº 903 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Mayo de 2004

EXTRACTO GRATUITO

SALA CONSTITUCIONAL Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

El 3 de diciembre de 2002, Transporte Saet, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción de Caracas (ahora Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda), el 15 de marzo de 1956, bajo el n° 58, Tomo 3-A, mediante representación del abogado Winston César Rojas Castro, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 52.772, interpuso ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, acción de amparo constitucional en contra de la sentencia dictada el 11 de julio de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

En la misma oportunidad de su interposición, el referido Juzgado Superior admitió la pretensión de amparo interpuesta y –en consecuencia- ordenó notificar al juez denunciado como agraviante, a la contraparte de la hoy accionante en el juicio que dio lugar al amparo propuesto, así como al Ministerio Público, con el objeto de escuchar sus argumentos en torno a la acción ejercida, en la audiencia constitucional que habría de celebrarse con tal fin. Asimismo, acordó medida cautelar innominada, consistente en suspender la ejecución del acto jurisdiccional impugnado en amparo.

El 17 de diciembre de 2002, tuvo lugar la referida audiencia, a la cual comparecieron el apoderado judicial de la empresa accionante y el abogado Antonio Ramos Gaspar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 41.964, en representación del ciudadano Ignacio Narváez Hernández, titular de la cédula de identidad n° 6.888.174, como contraparte de la presunta agraviada en el juicio que dio lugar a la decisión impugnada y, por tanto, tercero interesado en la presente causa.

Mediante sentencia publicada el 26 de diciembre de 2002, el tribunal de la causa declaró con lugar la acción de amparo constitucional intentada y, una vez cumplido el lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales sin que fuera interpuesto el recurso de apelación, ordenó la remisión de los autos a esta Sala Constitucional, con el fin de evacuar la consulta prevista en el mencionado artículo.

Recibidas las actuaciones el 19 de marzo de 2002, se dio cuenta de ello en la misma oportunidad y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe este fallo.

Efectuado el análisis de los autos, pasa esta Sala a resolver el presente caso, a cuyo efecto hace las consideraciones siguientes:

De la Pretensión de Amparo Constitucional

En el escrito libelar, el apoderado judicial de Transporte Saet, S.A., fundó su pretensión de amparo constitucional sobre la base de las siguientes argumentaciones:

1.-                        En cuanto a los hechos, reseñó:

1.1.-                        Que, el 11 de agosto de 2000, el ciudadano Ignacio Narváez Hernández, titular de la cédula de identidad n° 6.888.174, demandó a Transporte Saet La Guaira, C.A., inscrita ante el entonces Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 25 de septiembre de 1996, bajo el n° 6, Tomo 256-A Pro, el cobro de prestaciones sociales y otros conceptos, correspondiéndole el conocimiento de dicha causa al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.

1.2.-                         Que, una vez sustanciado dicho juicio, fue dictada sentencia definitiva el 11 de julio de 2001, declarando con lugar la demanda, pero condenando a Transporte Saet, S.A., hoy accionante, en lugar de Transporte Saet La Guaira, C.A., sujeto pasivo original de aquel proceso. A este respecto, destacó que ambas compañías son entes jurídicos distintos totalmente, como lo demostrarían sus datos registrales y, además, que el demandante en aquella causa jamás prestó servicios laborales a la presunta agraviada.

1.3.-                        Que, previa solicitud de ejecución forzosa de dicho fallo, el 7 de junio de 2002, el Juzgado Primero de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, comisionado por el a quo, practicó embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la presunta agraviada.

2.-                        Con base en las anteriores premisas fácticas, la representación judicial de la accionante denunció:

2.1.-                        Que su representada no fue llamada a participar en el proceso en el que resultó condenada, por lo que se violó flagrantemente su derecho a la defensa y al debido proceso, en los términos del artículo 49 constitucional, «(...) debido a que se pretende ejecutar de manera forzosa una sentencia recaída sobre una persona jurídica que jamás intervino en la litis, que jamás pudo defenderse desde el punto de vista jurisdiccional y que en definitiva jamás se accionó (en su contra) (...)».

2.2.-                        Que, por otra parte, la presunta agraviada no tiene relación laboral alguna con el trabajador demandante, por cuanto no fue patrono ni directo ni sustituto del mismo y mantiene un giro comercial y laboral autónomo e independiente de la demandada originalmente: Transporte Saet La Guaira, C.A.

3.-                         Con base en los anteriores argumentos, solicitó el apoderado judicial de Transporte Saet, S.A., que fuera dictado mandamiento de amparo constitucional a fin de restituir la situación jurídica infringida a su representada. Asimismo, pidió que fuera otorgada una medida cautelar, mediante la cual fuera suspendido el embargo ejecutivo practicado en su contra.

De la decisión sometida a consulta

El 26 de diciembre de 2002, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, declaró con lugar la acción de amparo constitucional objeto de estos autos, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«(...) (P)or la circunstancia de que en uno de los extremos del proceso judicial se encuentre un trabajador no puede llegarse al extremo de considerar que se puede omitir el cumplimiento de los requisitos mínimos indispensables para que se considere constituida válidamente la relación procesal (...).

(...) Es cierto, por otra parte, que el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece la solidaridad entre los patronos que integraren un grupo de empresas; pero, procesalmente, para que opere dicha solidaridad es indispensable que las empresas involucradas, hayan tenido la oportunidad de discutir en el juicio la existencia o inexistencia de la vinculación que se les atribuye (...).

(...) En este orden de ideas, se observa que de las pruebas cursantes en autos se evidencia que a pesar de la similitud de nombres entre ambas empresas, Transporte Saet, S.A. y Transporte Saet La Guaira, C.A., se trata de dos personas jurídicas perfectamente diferenciadas, que la primera de ellas nunca fue demandada; que no hubo alegatos en el libelo invocaran la solidaridad entre ellas respecto a las obligaciones laborales (...); que la sentencia no podía condenar a una persona natural o jurídica que no había sido demandada ni mucho menos citada y que, por tanto, no pudo alegar sus defensas. En fin hubo una flagrante y grosera violación del derecho a la defensa de la sociedad mercantil Transporte Saet, S.A. y del debido proceso (...)».

Motivaciones para decidir I

En primer término, debe la Sala determinar su competencia para conocer el caso de autos, a cuyo fin se observa que la decisión sometida a consulta fue dictada por un Juzgado Superior, cual es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando como tribunal constitucional de primer grado. Ello así, conforme la reiterada jurisprudencia dictada por esta Sala desde el 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala es competente para revisar –por la vía de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- la decisión sometida a su examen. Así se declara.

II

Precisado lo anterior, la Sala observa que la presunta agraviada fundó su pretensión en el hecho de haber sido condenada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, al pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales supuestamente debidos a un trabajador, sin que hubiese tenido cabida alguna dentro de tal proceso laboral, considerando que –de este modo- le fue vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso.

En efecto, el apoderado de la accionante relató que, con ocasión del juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, intentado por el ciudadano Ignacio Narváez Hernández, titular de la cédula de identidad n° 6.888.174, en contra de Transporte Saet La Guaira, C.A., su representada resultó condenada en dicho proceso, cuando ella es una sociedad mercantil distinta y sin ninguna relación jurídica o mercantil a la originalmente demandada.

Validando tal argumento, la decisión sometida a consulta declaró con lugar la demanda de amparo al considerar que, efectivamente, a la accionante le había sido vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso, al resultar condenada en un proceso en el que jamás participó y del que, además, no se desprendía alguna evidencia que demostrara que entre la demandada y la presunta agraviada existiera relación económica...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS