Sentencia nº RC.000460 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Octubre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 322856467

Sentencia nº RC.000460 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Octubre de 2011

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SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. 2011-000237

Ponencia de la Magistrada  ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

                   En el juicio por cumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios, seguido por la sociedad mercantil TRANSPORTE DOROCA C.A., representada judicialmente por los abogados Gustavo Adolfo Anzola Crespo, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, contra la sociedad mercantil CARGILL DE VENEZUELA S.R.L., representada judicialmente por los abogados Jhoel Saúl Ortega López e Ivor Ortega Franco; el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó sentencia el día 16 de marzo de 2011, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la demandante y sin lugar la demanda propuesta. De esta manera, confirmó la decisión apelada dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 13 de mayo de 2008.

Contra la referida decisión de la alzada, el accionante anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 6 de abril de 2011 y posteriormente fue formalizado en tiempo oportuno. Hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Ú N I C A

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5° del mismo Código, sustentado en lo siguiente:

“...Ciudadanos Magistrados, nuestro proceso está regulado por etapas donde unas a otras se relacionan por el régimen de preclusión, de modo que los actos del proceso tienen asignada UNA OPORTUNIDAD ESPECÍFICA, que prela y es prelada por otras, asumiendo las partes la carga de cumplir dichos actos en el plazo legal correspondiente, establecido en la ley. Vencida la oportunidad para determinado acto, precluye irremediablemente la posibilidad de actuar conforme a ellos.

Respecto a la denuncia indicada en el presente recurso, se observa que el demandante tiene el derecho de alegar en su libelo de la demanda “TODO” lo que considere a bien deducirla en juicio, pero sólo allí, ASÍ COMO EL DEMANDADO DEBE ALEGAR TODO lo que a bien considere; por así disponerlo nuestro ordenamiento jurídico, pues las PARTES EN JUICIO ESTABLECEN LOS LÍMITES JURISDICCIONALES AL JUEZ, señalando “TODO” lo que debe juzgar, y “SÓLO” lo que debe juzgar.

Cualquier otra pretensión indicada con posterioridad a la finalización de la fase alegatoria, así como la falta de pronunciamiento sobre alguno de los puntos contenidos en la “litis de la controversia”, escapa del mérito de la causa.

En efecto, el juez de la sentencia recurrida violó los dispositivos legales denunciados, pues en su fallo sentenció en forma distinta a lo alegado y probado en el presente asunto, infringiendo con tal proceder, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, pues no se atuvo a lo “alegado y probado en los autos”.

En efecto ambas partes aceptaron y por tanto escapa del debate probatorio que 1) el (sic) unía un contrato y 2) que fue resuelto “anticipada y unilateralmente por la demandada. Es tan claro ello que la recurrida indica acertadamente:

“Así las cosas, siendo que las partes tienen la carga de probar todas sus afirmaciones, el demandante debe probar los daños y perjuicios causados con sus respectivos requisitos legales para que puedan prosperar los daños y perjuicios alegados, mientras que la parte demandada debe probar el incumplimiento del contrato atribuido a la demandante y así se establece”.

Siendo ello, tan claro, la recurrida debió en la aplicación de lo alegado y probados en autos determinar qué elementos de pruebas existían en autos para determinar que la parte demandada, en Este caso CARGILL DE VENEZUELA, pudo en forma anticipada resolver el contrato.

en el caso que nos ocupa la sentencia recurrida no fue dictada con apego a lo alegado y probado en autos, sacando el juez de la recurrida elementos de convicción fuera de estos, establece que elementos de alegación y pruebas los correos electrónicos enviados a mi representada, SEÑALANDO QUE ELLOS POR SÍ SÓLO PROBABAN QUE MI REPRESENTADA INCUMPLIÓ EL CONTRATO Y QUE EN CONSECUENCIA QUEDABA AUTORIZADA LA EMPRESA CARGIL L A RESOLVER EL CONTRATO EN FORMA UNILATERAL. ES DECIR, LE OTORGA AUTORIZACIÓN A UNA EMPRESA PARA QUE RESUELVA UN CONTRATO, CUANDO ESTO SERÍA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Esta forma de sentenciar hace que la recurrida incurra en su sentencia en un vicio de INCONGRUENCIA POSITIVA ya que el fallo contiene más de lo pedido por las partes: “neeat iudex ultra petita partium”, la sentencia se fundamenta en situaciones de hechos que las partes NO HAN ALEGADO lo que afecta la misma de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

Es igualmente absurdo, que el contenido de los correos enviados por parte de la empresa CARGILL DE VENEZUELA, comprueben por sí sólo el incumplimiento de parte de mi representada de las obligaciones que impone la ley y sean ellos el medio de pruebas únicos de los demandantes, es decir, fabrican la prueba, no tiene posibilidad de control y al decir de la recurrida es suficiente para comprobar la carga de la prueba por ellos asumida al invertir la carga probatoria.

La incongruencia positiva de la cual adolece la sentencia recurrida se evidencia de su propio contenido al expresar lo contrario a lo probado en autos, y sacar elementos de convicción que ninguna de las partes no sólo no alegó, sino que tampoco fue probado (que eran suficientes los correos como medio de prueba)

Es importante destacar que si el juez de la recurrida hubiera profundizado en el análisis de argumentación y observado los elementos que corren en los autos, de seguro hubiera revisado los términos de su sentencia, concluyendo de esta forma que jamás se ALEGÓ Y MENOS SE PROBO QUE LOS CORREOS ERAN LOS MEDIOS DE PRUEBAS DE QUE MI REPRESENTADO INCUMPLIÓ EL CONTRATO ningún hecho que sirvió de base para su fallo, que por lo demás, en los autos CONSTABA EXACTAMENTE LO CONTRARIO. Por las razones expuestas solicito respetuosamente a la Sala se sirva declarar la Nulidad de la Sentencia Recurrida...”. (Mayúsculas del formalizante).

El formalizante indica que la sentencia recurrida está inficionada del vicio de incongruencia del fallo, con soporte en que el juez superior “...en su fallo sentenció en forma distinta a lo alegado y probado en el presente asunto... pues no se atuvo a lo “alegado y probado en los autos...”, y en este sentido, sostiene que al haber señalado el juez que los correos electrónicos enviados por la accionante “...POR SÍ SÓLO PROBABAN QUE MI REPRESENTADA INCUMPLIÓ EL CONTRATO Y QUE EN CONSECUENCIA QUEDABA AUTORIZADA LA EMPRESA CARGIL L A RESOLVER EL CONTRATO EN FORMA UNILATERAL. ES DECIR, LE OTORGA AUTORIZACIÓN A UNA EMPRESA PARA QUE RESUELVA UN CONTRATO, CUANDO ESTO SERÍA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL...”, hace que el fallo contenga más de lo pedido, pues la sentencia se fundamenta en situaciones de hechos que las partes no han alegado lo que afecta la misma de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. (Subrayado de la Sala).

La Sala, para decidir observa:

El artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, contiene el requisito de congruencia del fallo, el cual establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

En concordancia con la referida norma,  el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, dispone, entre otros asuntos, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

  Las anteriores disposiciones, sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados o excederse en lo solicitado por las partes en el proceso (incongruencia positiva). (Ver, entre otras, sentencia del 26 de octubre de 2010, caso: Alexander José Rodrígues Pinto y otros contra Grupo Tropicalia C.A.).

Ahora bien, en el presente caso, la Sala observa que la formalizante señala que la recurrida está inficionada del vicio de incongruencia positiva, al haber señalado en la sentencia de alzada que los correos electrónicos enviados por la accionante “...POR SÍ SÓLO PROBABAN... [QUE LA ACTORA] INCUMPLIÓ EL CONTRATO Y QUE EN CONSECUENCIA QUEDABA AUTORIZADA LA EMPRESA CARGILL A RESOLVER EL CONTRATO EN FORMA UNILATERAL, ES DECIR, LE OTORGA AUTORIZACIÓN A UNA EMPRESA PARA QUE RESUELVA UN CONTRATO, CUANDO ESTO SERÍA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL...”, hace que el fallo contenga más de lo pedido, pues la sentencia se fundamenta en situaciones de hechos que las partes no han alegado lo que afecta la misma de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

A fin de verificar si está presente en la sentencia de alzada el vicio de incongruencia alegado por la formalizante, la Sala evidencia que la empresa accionada CARGILL DE VENEZUELA S.R.L., en el momento de contestar la demanda, alegó lo siguiente:

“...rechazo y contradigo la presente demanda tanto en los hechos como en el derecho, por no ser ciertos...

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