de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas (Ninguno), de Marzo 13, 2007

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RESUMEN

Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por el ciudadano CARLOS EDUARDO MORENO RUBIO, asistido por los abogados MARTIN CAMACHO OQUENDO y MIRTHA ESCALONA, contra ... (ver resumen completo)

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TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Su Nombre

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

En fecha 16 de febrero de 2007 fue recibida en este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, previa distribución, la presente querella interpuesta en fecha 16 de febrero de 2007 por el ciudadano CARLOS EDUARDO MORENO RUBIO, titular de la cédula de identidad Nº 5.304.686, asistido por los abogados MARTIN CAMACHO OQUENDO y MIRTHA ESCALONA, Inpreabogados Nros. 14.386 y 97.847, respectivamente, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

En fecha 28 de febrero de 2007 este Tribunal le solicitó a la parte querellante los documentos en los cuales fundamentaba su querella. Dichos documentos fueron consignados en fecha 05 de marzo de 2007.

I DE LA QUERELLA

Expone el querellante que"mediante Acuerdo y Decreto el Ciudadano fue removido de su cargo y pasado a retiro. En fecha 29 de diciembre de 1996 la Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda mediante decreto Nº 11-95, publicado en Gaveta (sic) Oficial Nº Extraordinario de fecha 311-12-95, y de conformidad con el acuerdo Nº 71-95 emanado del Consejo Municipal publicado en Gaceta Municipal en la misma fecha numero (sic) extraordinario 310-12-95, declaró la reducción de personal en todas las dependencias del Municipio Autónomo Sucre, debido a las limitaciones financieras".

Que,"(e)n consecuencia, los funcionarios adscritos y afiliados a la Organización Sindical (SUEPM), entre ellos (su) representado, recibieron el día 04-01-96, notificación de que habían sido removidos de sus cargos. Por limitaciones financieras, tal y como se desprende de la comunicación sin numero de fecha 19-12-95, suscrita por la ciudadana Alcalde Encargada del Municipio Autónomo Sucre del estado (sic) Miranda, THAIS JAIMES, amparándose en las disposiciones previstas en el articulo 74 Ordinal 5 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en concordancia con las disposiciones previstas en los artículos 6 ordinal 1 y 67 ordinal 3 de las Ordenanzas de carrera (sic) Administrativa para los funcionarios públicos al servicio de la Municipalidad del Municipio Autónomo Sucre del estado (sic) Miranda de fecha 29-01-92. El día 11-01-96 estando dentro de la oportunidad prevista para ello, los funcionarios intentaron dentro de los quince (15) días, el Recurso de Reconsideración respectivo, a los fines de obtener de la Administración Municipal una respuesta, referente al Acto Administrativo al que fueron objeto. En la misma fecha, procedieron a solicitar ante la Dirección de Personal, mediante comunicación expresa, la Comisión de la Junta de Avenimiento, a los fines de agotar la vía conciliatoria y gestionar sus reincorporaciones a los cargos, obteniendo negativa absoluta, por cuanto la administración Municipal no resolvió los Recursos de Reconsideración, dentro de los lapsos legales correspondientes existiendo y operando el silencio Administrativo, que no es más que la negativa de resolver los recursos intentados por los funcionarios".

Que,"estando se intenta (sic) el Recurso de Anulación del Acto Administrativo Municipal, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, según las disposiciones previstas en el artículo 21 aparte 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es por lo que intenta(ron) la nulidad del Acto Administrativo de fecha 29-12-95 por Ilegalidad, emanado de la Alcalde Encargada del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, ciudadana THAIS JAIMES, que pretende lesionar directamente la garantía de la estabilidad absoluta que gozan los funcionarios que prestan servicios en la Administración Publica (sic) Municipal, dentro del ejercicio de sus cargos, de modo que no puedan ser transferidos o retirados del servicio, sino por las causas plenamente justificadas, siempre que se cumpla con las normas y procedimientos establecidos en las Ordenanzas y Reglamentos de carrera (sic) Administrativa para funcionarios al servicio de la Municipalidad del Municipio Autónomo Sucre de fecha 29-01-92".

Que,"considera(n) que se han lesionado directamente los Derechos de (su) representado, en lo que se refiere a las normas de garantía de Estabilidad, Sistema de Evaluación, Capacidad, Eficiencia, responsabilidad y Espíritu de Servicio, expresamente consagrado en el artículo 1, numerales 1, 2, 3 Y 4 en concordancia con el artículo 30, numeral 1, de la Ordenanza del estatuto del Funcionario Publico (sic) Municipal".

Que,"(l)a presente solicitud de nulidad, del Acto Administrativo antes señalado, tal como se ha indicado está fundamentada en la ausencia de facultad y de derecho como para que el Órgano hubiese dictado el Acto de remoción y retiro".

Que,"no se trata de un acto viciado por cualquiera de los supuestos contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ó en la Ley de Régimen Municipal aplicable, ó en la Ordenanza de Carrera Administrativa para los Funcionarios Públicos al Servicio del Municipio Autónomo Sucre, sino de una flagrante violación a los artículos 46, 49, 84, 87, 88 Y 90 de la Constitución Nacional República de Venezuela (1961), en los cuales se establece el debido proceso y la inconstitucionalidad de actuar en abuso del ejercicio de un derecho y en violación a la limitación impuesta por el ejercicio de unas facultades que no tenía, tales trasgresiones afectaron, los derechos de los trabajadores, también de rango constitucional, como el derecho al trabajo, a la estabilidad, a la inamovilidad y al salario, todos ellos consagrados en la Constitución indicada ut supra y ratificados con más énfasis y precisión en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en instrumentos normativos internacionales que consagran derechos humanos".

Que,"(c)omo consecuencia de que en el Contrato Colectivo suscrito entre las partes y en vigencia para el momento de la remoción y el retiro de (su) representado, en la Cláusula 42, se establecía claramente el reconocimiento al derecho a la inamovilidad y también el procedimiento para hacer valer el derecho a la inamovilidad y la garantía a los derechos sindicales y a la convención colectiva y a la solución de los conflictos derivados de ella. Evidentemente la inamovilidad está protegiendo el derecho individual y colectivo a la estabilidad en el trabajo, bajo las circunstancias establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo a fin de que estos puedan ejercer los derechos colectivos del trabajo".

Que,"(c)on fundamento en la cláusula 39 eiusdem y por expresa remisión del articulo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, y por no existir otra normativa en leyes o reglamentos aplicables al supuesto de hecho, el trabajador se amparó ante la Inspectoria (sic) del Trabajo del Este Caracas, solicitando el Reenganche y el pago de los salarios caídos, por cuanto se encontraban en plena discusión del Contrato Colectivo de Trabajo y en trámites de un pliego con carácter conflictivo, ante la misma Inspectoria (sic)".

Que,"(u)na vez sustanciado dicho procedimiento, la Inspectoría del Trabajo, dicto Providencia Administrativa, ordenando el reenganche y el pago de los salarios caídos. Contra esta Providencia Administrativa, la Alcaldía del Municipio Sucre, recurrió solicitando la nulidad de la misma. Procedimiento que después de primera y segunda instancia fue...

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