Sentencia nº 01178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Octubre de 2013
| Fecha de Resolución | 23 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Emiro García Rosas |
| Procedimiento | Consulta de jurisdicción |
Magistrado Ponente: E.G.R.
Exp. Nº 2013-0998
El Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a oficio N° 009441/2013 de fecha 10 de junio de 2013, recibido en esta Sala el 18 del mismo mes y año, remitió el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Y.Y.A.M. (cédula de identidad N° 11.561.510), asistida por los abogados A.P.P. y Á.B.D.C. (números 25.221 y 121.943 de INPREABOGADO), contra la “ASOCIACIÓN CIVIL S.O.S. ALDEAS INFANTILES DE VENEZUELA” (inscrita en el Registro Público Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 14 de marzo de 2005, bajo el N° 36, Protocolo 1°, Tomo 6, Primer Trimestre).
La remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente, en sentencia del 07 de junio de 2013, la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva.
En fecha 20 de junio de 2013 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.
En tal sentido la Sala observa:
I
Que en fecha 03 de octubre de 2008 comenzó a prestar sus servicios personales para la empresa demandada como “DIRECTORA PEDAGÓGICA DE PROGRAMAS”, y que en el mes de febrero de 2013, ocupó el cargo de “ASESORA PEDAGÓGICA DE PROGRAMAS”, hasta el 01 de marzo de 2013, oportunidad en la cual “se dio por despedida y se retiró voluntariamente, para acudir a las autoridades y ampararse” (sic).
Fundamentó su solicitud “(…) en los artículos 85 y siguientes de la LOTTT, debidamente concordados con los artículos 80 y 94 de la LOTTT, y Artículos 15, 4, 5, 8, 9 y 34 de la Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.D.L.d.V. (…)” (sic).
Finalmente solicitó “(…) su REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS para que sea restituida en el cargo de ASESORA PEDAGÓGICA DE PROGRAMAS, y además para que el Tribunal dicte órdenes pertinentes al patrono y sus representantes para que cese la violencia y el acoso laboral contra la trabajadora (…)” (sic).
Por sentencia de fecha 07 de junio de 2013 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva, en virtud de encontrarse la accionante presuntamente protegida por la inamovilidad laboral establecida en el Decreto N° 9.322 de fecha 27 de diciembre de 2012.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala conocer las consultas de jurisdicción.
En las actas procesales (folios del 32 al 37 del expediente) consta la decisión de fecha 07 de junio de 2013, en la cual el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la trabajadora, por encontrarse – presuntamente- amparada por el Decreto de inamovilidad laboral N° 9.322 del 27 de diciembre 2012.
Cabe precisar que en el mencionado Decreto Presidencial N° 9.322, vigente para el momento en el que “se dio por despedida” (01 de marzo de 2013), el Ejecutivo Nacional estableció la inamovilidad laboral especial a favor de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Con fundamento en dicho Decreto, el trabajador y la trabajadora amparados por la inamovilidad no pueden ser despedidos, desmejorados ni trasladados a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector o la Inspectora del Trabajo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
De acuerdo con el mencionado Decreto esa inamovilidad laboral especial es independiente del salario devengado y protege a las trabajadoras y los trabajadores: i) a tiempo indeterminado a partir de un (1) mes de antigüedad en su puesto de trabajo, ii) contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato, iii) contratados para una labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o parte de la misma que incluya su obligación.
Quedan exceptuados de la protección contenida en el aludido Decreto las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, de temporada u ocasionales.
Así, en atención a las precedentes consideraciones, observa esta Sala que la parte accionante alegó: i) que comenzó a prestar sus servicios para el patrono desde el 03 de octubre de 2008, hasta el día 01 de marzo de 2013, por lo que había acumulado más de un (1) mes de antigüedad, y ii) que se desempeñaba como “ASESORA PEDAGÓGICA DE PROGRAMAS”, sin que de los autos se desprenda que tenía atribuidas funciones de dirección, ni que ostentaba un cargo de trabajadora temporera u ocasional, razones por las cuales debe tenerse que la ciudadana Y.Y.A.M. estaba, en principio, amparada por la inamovilidad prevista en el aludido Decreto Presidencial Nº 9.322, antes identificado. En consecuencia, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer del presente asunto y se confirma el fallo consultado de fecha 07 de junio de 2013. Así se declara.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los precedentes razonamientos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por la ciudadana Y.Y.A.M., contra la ASOCIACIÓN CIVIL S.O.S. ALDEAS INFANTILES DE VENEZUELA.
En consecuencia, se CONFIRMA la decisión sometida a consulta, dictada en fecha 07 de junio de 2013 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
| El Presidente - Ponente E.G.R. | ||
| La Vicepresidenta E.M.O. | ||
| Las Magistradas | ||
| TRINA OMAIRA ZURITA | ||
| M.M. TORTORELLA | ||
| El Magistrado E.R.G. | ||
| La Secretaria, S.Y.G. | ||
| En veintitrés (23) de octubre del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01178, la cual no está firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por motivos justificados. | ||
| La Secretaria, S.Y.G. |
