Sentencia nº 1685 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de Noviembre 05, 2009

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Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

En el juicio que por indemnización derivada de accidente de trabajo, lucro cesante y daño moral, sigue el ciudadano PEDRO RAFAEL ROJAS PIÑATE, representado judicialmente por los abogados Eufracio Guerrero Arellano, Leandro Rubén Guerrero Pérez, David Ricardo Guerrero Pérez y Régulo Antonio Vásquez Carrasco, contra las sociedades mercantiles Fertilizantes y Servicios para el Agro, S.A. (SERVIFERTIL, S.A.), representada judicialmente por los abogados Roberto León, Auslar López, Douglas Rodríguez, Ivette López, Jorge Vaamonde, Luis Fernando Barrios, Jesús Fariñas Orsetti y Raquel Díaz Farías, y Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), representada judicialmente por los abogados Víctor Barrientos, Militza Briceño Matheus, Gloria Varela, Sandra Trillos Trillos, Constanza Quevedo González, Efraín Ramírez Echeto, Zulay Urdaneta, Ricardo Baroni, Noris Lara P., Douglas Rodríguez, Auslar López, Juan Manuel Valdez Berribeitia y Yoryett Hadid Finianos; el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia publicada en fecha 29 de febrero de 2008, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las codemandadas, modificando el fallo proferido en fecha 17 de julio de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, el cual declaró parcialmente con lugar la demanda.

Contra la referida decisión de Alzada, la representación judicial de las empresas codemandadas, anunciaron recurso de casación, los cuales, una vez admitidos, fueron oportunamente formalizados. Hubo impugnación.

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 15 de mayo de 2008, designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

Concluida la sustanciación del presente recurso de casación con el cumplimiento de las formalidades legales, en la audiencia oral, pública y contradictoria celebrada el día jueves 22 de octubre de 2009, la Sala dictó sentencia de manera inmediata declarando con lugar el recurso extraordinario interpuesto. En tal sentido, se procede en esta oportunidad a reproducir y publicar el fallo según lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los términos siguientes:

DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO

POR LAS CODEMANDADAS

- I -

Conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia el quebrantamiento de formas sustanciales del debido proceso, con el consecuente menoscabo del derecho a la defensa, infringiendo la recurrida el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, artículo 49 del Texto Constitucional y artículos 160 numeral 4, 11 y 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Al respecto, alega el formalizante que el actor en su demanda, ni en el recurso de apelación, reclamó intereses de mora sobre las cantidades reclamadas; no obstante, la recurrida ordenó el pago de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, incurriendo en la reformatio in peius, por cuanto, ese punto, no estaba sometido a consideración del Juzgado Superior.

La Sala, para decidir, observa:

Denuncia el formalizante, que el Juez Superior desmejoró la condición de las codemandadas, al condenar el pago de los intereses de mora, toda vez que, tal aspecto, no se encontraba comprendido dentro del recurso de apelación de la parte actora.

Ahora bien, es menester traer a colación el criterio sentado por esta Sala, según el cual: “la oportunidad que definitivamente deberá ser tomada en cuenta para el establecimiento de los puntos sometidos a apelación es el momento en que ésta es propuesta en forma escrita y de allí que sea determinante para la aplicación del principio tantum devolutum quantum appellatum la forma en que sea planteado el recurso; si es de manera genérica, el juez adquirirá pleno conocimiento de la causa, en caso contrario deberá limitar su examen a los aspectos especificados en el escrito de apelación…” (Decisión de fecha 11 de diciembre de 2007).

En el presente caso, de la lectura de las actas del expediente, se evidencia que la representación judicial de la parte actora, en fecha 25 de julio de 2007, consignó diligencia en la cual manifestó: “Visto (sic) la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 17/07/07, me permito ejercer el recurso de apelación, el cual se fundamentará sobre la aplicación de la doctrina sentada por la Sala Constitucional (…) la cual ordena que el cálculo de la corrección monetaria comienza a partir de la notificación de la demandada.”, limitando así la parte actora el recurso de apelación, únicamente, al punto referido a la corrección monetaria.

No obstante, de la lectura de la recurrida, se extrae lo siguiente:

“La parte actora ejerció recurso de apelación, en que expresó como denuncia los siguientes puntos:

(…)

2.- Intereses de mora conforme al artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(…)

Conforme la Doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo, una vez quede la decisión definitivamente firme, es que se conoce con exactitud y se puede determinar su monto y en consecuencia corren o se computan los intereses de mora conforme lo señalado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, norma de orden público, toda vez, que se conoce con exactitud, cual es el monto de la condena, por tanto es procedente lo señalado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en ese sentido observa este Juzgador que la Juez a- quo no condenó a los intereses de mora correspondientes por tanto, se declara parcialmente con lugar la apelación de la demandante en ese sentido.”.

De la transcripción anterior se colige, que tal y como lo denuncia el recurrente, el Juez Superior ordenó el pago de los intereses de mora, aun y cuando dicho punto no formaba parte de su esfera de conocimiento, excediendo los aspectos delimitados por la misma parte actora al interponer el recurso de apelación de forma escrita. De esta forma, al evidenciarse que la recurrida transgredió la prohibición de reformatio in peius, debe declararse procedente la presente delación, resultando innecesario el estudio de las denuncias restantes; en consecuencia, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto...

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