Sentencia nº RC.000190 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de Mayo 12, 2011

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SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2011-000006

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

En el juicio por simulación, iniciado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa por la ciudadana NORELIS SAA DE HERNÁNDEZ, representada judicialmente por el abogado en ejercicio Rubén Darío Troconis y, ante esta Sala por el abogado Juan V. Ardila, contra los ciudadanos VÍCTOR SEGUNDO HERNÁNDEZ GRATEROL, COROMOTO PÉREZ DE COVA, la sociedad mercantil CLÍNICA ESPECIALIDADES MÉDICAS LOS LLANOS, C.A. (CEMELL, C.A.), patrocinados judicialmente ante esta Sala por los abogados en ejercicio Eustoquio Alexander Martínez Vargas y Julio César Castellano Pacheco, ARNOLDO COVA MADURO, actuando en su propio nombre y representación y ÁNGEL AUGUSTO HERNÁNDEZ, representado judicialmente por la defensora Ad Litem abogada Yvonne Fernando Nadal; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, dictó sentencia en fecha 15 de noviembre de 2010, en la cual declaró sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte actora contra la decisión dictada en fecha 29 de junio de 2010 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de esa Circunscripción Judicial, que declaró la perención de la instancia; confirmó la aludida sentencia de primera instancia “pero con motivaciones diferentes”, y condenó en las costas del recurso a la parte apelante.

Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandante, anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

Siendo asignada la ponencia a la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo, concluida la sustanciación y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia en los términos que a continuación se expresan:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se delata la infracción de los artículos 15, 267 ordinal 1°, 270 eiusdem y 26 y 49, ordinal 1° Constitucionales.

La denuncia fue redactada así:

“…Como la alzada declaró la consumación de la perención breve, con lo que, de paso, dio por extinguido el juicio incoado por “SAA” a “LOS DEMANDADOS”, desde luego, la delación canalizada a través de un recurso por defecto de actividad de acuerdo a la pacífica doctrina de esa honorable Sala, (cfr. S SCC/TSJ n.° 64/08, 102/10, 229/10 y 118/2010), en cuyo caso, la honorable Sala con la autoridad para revisar actas del expediente y conocer qué sucedió, el procedimiento estuvo inmovilizado gracias a la inactividad del actor.

En la especie, habrá de verificarse que no resultó ajustado a Derecho (sic) la citación de los demandados, precisamente la realizó dentro del plazo de 30 días continuos contados a partir del 11/11/09, día cuándo (sic) se admitió la demanda; y si esto (sic) sucedió, redunda que no sólo “SAA” impulsó su procura durante ese plazo sino que citó personalmente a VICTOR (sic) HERNANDEZ (sic), en su propio nombre y representación de CLINICA (sic) DE ESPECIALIDADES MEDICAS (sic) LOS LLANOS, C.A. (CEMELL, C.A.), por supuesto equivocada la alzada por que (sic) fue de su inteligencia que:

(…Omissis…)

Inevitablemente la alzada exigió a “SAA” una forma de procedimiento que la Ley (sic) no predica, puesto que ya, en el asunto en particular, imposible de toda imposibilidad declararla por ese motivo, no bien que “SAA” fue más allá y citó, circunstancia por la que la alzada cercenó su derecho a la defensa al cesar un procedimiento sin que exista una causa legítima para ello.

En efecto, si citó a dos de los codemandados, a las claras expone intención final de “SAA” de impulsar la causa y por otro lado, el Alguacil (sic) se dirigió a la morada o habitación para gestionar las de Ángel Hernández y Corómoto (sic) Pérez de Cova, hechos que necesariamente hacen ver que tuvo la mejor de las diligencias para practicarla, aunado a la serie de actuaciones hechas en el expediente que traducen una ocupación y preocupación constante de procurar la citación de todos “LOS DEMANDADOS” que resulta se alzan en bastantes para observar aquella carga.

Aún más, en caso de que, tal cual pasó en la causa, no conste en autos, la declaración expresa del alguacil de que recibió aquellos emolumentos y gastos, esto no significa per se, no se haya cumplido con ello, por que (sic) es de presumirse que sí se les dieron, así como suministrarle la información puntual de la dirección, donde practicar las citaciones por que (sic) de lo contrario, no se entiende por qué el Alguacil (sic) se trasladó a esos precisos sitios para efectuarla, lo que, además señaladamente expresa, su conducta significativa, de que recibió aquellos emolumentos y gastos, bien que, su silencio inclina la baza (sic) en ese sentido por lo que (sic) digno subrayar que, según la jurisprudencia de la honorable Sala, aplicado al caso dice así:

(…Omissis…)

Asimismo, importa destacar, que “SAA” consignó BsF.100,oo para la elaboración de las compulsas, las que se entregaron al Alguacil (sic) el 16/11/09 y éste posteriormente, el 8/12/09 da la información de sus gestiones, realizadas ésta antes de la consumación de la perención.

A todas estas, al punto, la doctrina de la Sala considera suficiente ese pago para conjurar el transcurso de la perención; a saber:

(…Omissis…)

Naturalmente, quebrantado el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil porque, el expediente revela que “SAA” sí cumplió con las gestiones mínimas para proceder a la citación de los demandados, conforme se ha hecho mérito precedentemente. En consecuencia, no se configuró la inactividad procesal por parte del demandante dentro del lapso legal de 30 días después de admitida la demanda. Y, en ese trance, la alzada no debió extinguir el juicio, bien que violó el artículo 270 del mismo Código (sic).

Quebrantado el artículo 15 del referido Código (sic) de Trámites (sic) por virtud a que el juzgador de alzada al declarar la perención breve le negó el derecho a la jurisdicción, malogró el principio pro accione; habiéndose refugiado en óbice procesal inexistente o al menos interpretado de forma exacerbada, al grado que frustró la continuación de un procedimiento sin motivo legal y la posibilidad de lograr una sentencia que le resolviera la controversia, y se empeño (sic) en no seguir el curso normal del juicio, por tanto, quebrantó formas esenciales del procedimiento que generaron indefensión a “SAA”, al introducir, mediante un acto ilegal del tribunal una irritante desigualdad procesal situación que faculta a esa Sala declarar la nulidad de la recurrida.

Y por la vía de contragolpe, al extinguir indebidamente la instancia y cercenar el derecho a que se le dictara sentencia de fondo con apego al debido proceso, infringió el derecho a la defensa, en transgresión a los artículos 26 y 49.1 de la Constitución…”.

Expone el recurrente que el juez de segunda instancia exigió a su representada “una forma de procedimiento que la Ley (sic) no predica”, pues ella realizó con diligencia todas las actuaciones tendientes a que se practicara la citación y para impulsar la causa, ya que logró que se citara a dos de los codemandados e impulsó las citaciones de los codemandados Ángel Hernández y Coromoto Pérez de Cova “…hechos que necesariamente hacen ver que tuvo la mejor de las diligencias para practicarla, aunado a la serie de actuaciones hechas en el expediente que traducen una ocupación y preocupación constante de procurar la citación de todos “LOS DEMANDADOS… ”.

Que aunque no conste en autos la declaración expresa del alguacil de haber recibido “los emolumentos y gastos” no significa que no se haya cumplido con ello, por lo que -a su juicio- debe presumirse que sí se le dio, así como que también cumplió con suministrar “la información puntal de la dirección, donde practicar las citaciones”, ya que de lo contrario, no se entiende como el referido funcionario se trasladó a practicarlas.

De igual forma argumenta que –en su criterio- se quebrantó el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, ya que el expediente revela que su patrocinada sí cumplió con las gestiones mínimas para llevar a cabo la citación de los demandados, por lo que “no se configuró la inactividad procesal por parte del demandante dentro del lapso legal de 30 días después de admitida la demanda”, por lo que la alzada no debió extinguir el juicio, violando así el artículo 270 del mencionado código.

Considera que hubo además violación del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, en razón que “el juzgador de alzada al declarar la perención breve le negó el derecho a la jurisdicción, malogró el principio pro accione (sic)” al ampararse en un requisito procesal inexistente o mal interpretado, “al grado que frustró la continuación de un procedimiento sin motivo legal y la posibilidad de lograr  una sentencia que le resolviera la controversia”, quebrantando formas esenciales del procedimiento que generaron indefensión a su representada y creó desigualdad procesal, lo que faculta a esta Sala a declarar la nulidad de la recurrida.

Por último agregó que al extinguir indebidamente la instancia “y cercenar el derecho a que se le dictare sentencia de fondo con apego al debido proceso” infringió el derecho a la defensa “en transgresión a los artículos 26 y 49.1 de la Constitución.

Para decidir, se observa:

Como puede apreciarse...

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