Sentencia nº 301 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Febrero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 283300299

Sentencia nº 301 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Febrero de 2008

Procedimiento:Acción de Amparo
Ponente:Carmen Zuleta De Merchan
Número de Expediente:06-1446
Fecha de Resolución:29 de Febrero de 2008
Emisor:Sala Constitucional
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SALA ACCIDENTAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

            Mediante escrito presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional el 4 de octubre de 2006, los abogados Juan José Flores, Héctor Rafael Febres González y Nery José Febres González, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 23.067, 25.126 y 23.066, respectivamente, apoderados judiciales de la ciudadana Nilyen Rosa Dazzo Hernández, titular de la cédula de identidad N° 6.522.164, interpusieron acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 23 de marzo de 2006, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

El 10 de octubre de 2006, se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

Mediante diligencia presentada el 28 de noviembre de 2006, la Magistrada Doctora Luisa Estella Morales Lamuño se inhibió de conocer la presenta causa, por encontrarse incursa en la causal contenida en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

El 12 de diciembre de 2006, el Vicepresidente encargado de la Presidencia de la Sala, Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, declaró con lugar la referida inhibición, razón por la cual, el 25 de enero de 2007, se realizó la convocatoria de la Magistrada Tercera Suplente, Dra. Elsie Rosales, y se constituyó la Sala Constitucional Accidental, ratificándose la designación como ponente de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

El 5 de febrero de 2007, el abogado Héctor Rafael Febres González consignó, en nombre de la accionante, copias simples de cinco sentencias dictadas por las Cortes de lo Contencioso Administrativo, relacionadas con los alegatos esgrimidos para fundamentar el amparo solicitado.

El 16 de marzo de 2007, el abogado Héctor Rafael Febres González, actuando en su carácter de apoderado judicial de la accionante, consignó ante esta Sala nueva copia simple del instrumento poder. Igualmente, en esa misma oportunidad, consignó copia certificada de la sentencia impugnada. Se dio cuenta en Sala de la información presentada y se ordenó agregar al expediente.

El 17 de abril de 2007, la representación de la parte actora consignó copias certificadas del instrumento poder.

El 11 de mayo de 2007, el apoderado de la accionante consigno original protocolizado del instrumento poder.

El 20 de julio de 2007, esta Sala mediante decisión núm. 1561, admitió la acción de amparo constitucional, y ordenó la notificación del Presidente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, del Fiscal General de la República, y del Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

El 17 de septiembre de 2007, se agregó al expediente la constancia de las notificaciones practicadas a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, al Ministerio Público y al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

El 20 de septiembre de 2007, el apoderado de la accionante solicitó, mediante diligencia, la realización de la audiencia constitucional.

El 14 de febrero de 2008, se efectuó la audiencia constitucional, con la presencia de la parte accionante y del Ministerio Público, ocasión en la que se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala decide, previas las siguientes consideraciones:

I

Antecedentes

            El 6 de agosto de 1999, los abogados Juan José Flores, Héctor Rafael Febres González y Nery José Febres González, con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana NILYEN ROSA DAZZO HERNÁNDEZ y otros cincuenta ex empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra los actos de retiro dictados, el 23 de febrero de 1999, por la Junta Liquidadora de dicho instituto autónomo.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes ante el Tribunal de la Carrera Administrativa, éste dictó sentencia el 29 de enero de 2002, declarando parcialmente con lugar la querella incoada por los recurrentes, dado el incumplimiento por parte del querellado del procedimiento legalmente establecido para el egreso de los funcionarios.

Apelado parcialmente el referido fallo por los apoderados judiciales de los querellantes, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión el 13 de marzo de 2003, mediante la cual declaró con lugar el recurso ejercido y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa el 29 de enero de 2002. Asimismo, dicha Corte declaró inadmisible la querella ejercida contra los actos de retiro emitidos por la Junta Liquidadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, al efecto, decretó:

“(…) aquellos ciudadanos que actuaron como querellantes en la presente causa, podrán interponer nuevamente, y en forma individual, sus respectivas querellas con la Junta Liquidadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tomando como fecha de inicio del cómputo del lapso de caducidad de la acción, prevista en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, -norma procesal esta de aplicación inmediata-, la fecha de notificación de la presente decisión, por ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo Regional, competente en primera instancia, según la vigente Ley referida supra”. (Subrayado de esta Sala).

En virtud de la apelación ejercida, el 19 de marzo de 2003, por sus representados contra la sentencia del 13 de marzo de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró improcedente dicho recurso por auto dictado el 10 de julio de 2003, dado que el “…principio rector del doble grado de jurisdicción que rige el proceso en general y que excluye la posibilidad de un tercer grado de jurisdicción, se pone fin a la fase de cognición del punto debatido, quedando así firme la decisión apelada, razón por la cual no puede oírse apelación alguna contra la sentencia dictada en un procedimiento de alzada, es decir, de segunda instancia…”.

Que, el 9 de julio de 2003 se notificó de la decisión dictada el 13 de marzo de 2003, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al Director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El oficio de notificación fue consignado en el expediente el 5 de agosto de 2003, por el Alguacil de la referida Corte, oportunidad ésta en la cual se practicó la notificación a los querellantes.

Que, el 4 de agosto de 2003, con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana NILYEN ROSA DAZZO HERNÁNDEZ, ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto de retiro contenido en la Resolución N° 001035 y el Oficio N° 000135 de fechas 23 y 24 de febrero de 1999, respectivamente, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual, mediante sentencia del 18 de marzo de 2004, declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto, y, en consecuencia, la nulidad del acto de retiro y la reincorporación de la referida ciudadana al cargo de Fiscal de Cotizaciones I, o a otro de igual nivel y remuneración en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con el correspondiente pago de los sueldos dejados de percibir.

Que apelada la anterior decisión por la representante judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia el 23 de marzo de 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso ejercido y, en consecuencia, revocó el fallo dictado, el 18 de marzo de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Asimismo, se declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por haber operado la caducidad de la acción.

II

Fundamento de la Acción de Amparo

La parte accionante fundamentó la presente acción de amparo en la supuesta violación de los derechos y principios constitucionales de igualdad, de acceso a los órganos jurisdiccionales, de defensa y debido proceso, al trabajo, a la estabilidad económica y a la protección de la familia, establecidos en los artículos 21.2, 26, 49.1, 87, 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, alegaron que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la querella por caducidad de la acción, sin tener en cuenta que el lapso de noventa días que establece el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública “comienza a contarse a partir de la fecha seis (6) de Agosto de 2003, es decir, que dicha caducidad se vencería en fecha seis (6) de Noviembre del año 2003, y no como el sentenciador lo ha computado que tomo (sic) como fecha de inicio del lapso de caducidad a partir del 13 de Marzo de 2003, fecha en la cual salio (sic) la primera sentencia”.

Destacaron que, según la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 13 de marzo de 2003, las querellas individuales contra los actos de retiro dictados por la Junta Liquidadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debían introducirse dentro del lapso contado a partir del momento en que todas las partes hubiesen sido notificadas de la referida decisión y que constaran en autos, esto es, el 5 de agosto de 2003. De manera que, de acuerdo con sus razonamientos, el lapso de caducidad para interponer las nuevas querellas comenzaba a contarse a partir del día siguiente a la última fecha en que se notificó a las partes del contenido del fallo dictado, el 13 de marzo de 2003, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Consideraron que la Corte presuntamente agraviante tuvo sólo en cuenta el contenido inicial del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública...

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