Sentencia nº 1317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Agosto de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 311569618

Sentencia nº 1317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Agosto de 2011

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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente Nº 10-1298

El 16 de noviembre de 2010, el abogado Elio Castrillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 49.195, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana MIRELIA ESPINOZA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.396.782, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión del 18 de mayo de 2010 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en el marco de un juicio de desalojo incoado por la hoy accionante contra la ciudadana Abadesa Beomont Piñango, que declaró sin lugar la demanda e impuso costas a la parte demandante, que presuntamente vulneró los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la hoy accionante.

El 23 de noviembre de 2010, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

            El 25 de marzo de 2011, el abogado Elio Castrillo, con el carácter que consta en autos, solicitó a esta Sala que se sirva admitir la presente acción de amparo.

            El 15 de junio de 2011, la Sala Constitucional, una vez que verificó que se realizaron las notificaciones ordenadas en la sentencia N° 662 del 11 de mayo de 2011, mediante la cual se admitió la acción de amparo de autos, fijó la celebración de la audiencia oral para el 28 de junio de 2011 a las diez y treinta de la mañana (10:30 am).

            El 27 de junio de 2011 el abogado Eduar Enrrique Moreno Blanco, en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia para actuar ante las Salas Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante escrito, consignó acta de asistencia técnica de la ciudadana Abadesa Beomont Piñango,  en virtud de la solicitud realizada por la misma.

            El 28 de junio de 2011 se llevó a cabo la audiencia oral, con la asistencia del apoderado judicial de la parte accionante, el Juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el abogado Eduar Enrrique Moreno Blanco, en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia para actuar ante las Salas Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo en representación de la ciudadana Abadesa Beomont Piñango y el representante del Ministerio Público con competencia ante las Salas de Casación y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, abogado Tutankamen Hernández Rojas.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

El 16 de noviembre de 2010, el abogado Elio Castrillo, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Mirelia Espinoza Díaz (fue agregado a los autos el poder que a tal efecto se otorgó –folios 16 al 18-) interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión del 18 de mayo de 2010 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripció n Judicial del Estado Guárico, que presuntamente vulneró los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de su mandante, señalando los siguientes hechos:

Que, el 28 de octubre de 2009, la ciudadana Mirelia Espinoza Díaz, por intermedio de su apoderado judicial, interpuso demanda de desalojo de un inmueble de su propiedad contra la ciudadana Abadesa Beomont Piñango ante el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por un monto de mil doscientos bolívares (Bs. 1.200,00), equivalente –para esa época- a veintiuno con ochenta y uno (21,81) unidades tributarias.

            Que el prenombrado Juzgado de Municipios, mediante sentencia del 9 de octubre de 2009, declaró con lugar la demanda de desalojo. Contra la referida decisión la parte demandada en el juicio –Abadesa Beomont Piñango- ejerció recurso de apelación.

            Que el referido Juzgado de Municipios, “contrariamente a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N° 2009-006 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, oyó la apelación en ambos efectos siendo que el asunto tiene una cuantía menor a quinientas unidades tributarias (500 U.T.) con lo cual no tenía apelación conforme a lo previsto en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil (…)” (destacado del escrito).

            Que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico declaró con lugar el recurso de apelación y, por ende, sin lugar la demanda, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Que la referida decisión “(…) lesionó directamente la cosa juzgada, el debido proceso y el derecho al Juez Natural e incurrió en error de Juzgamiento, por cuanto el Tribunal actuando absolutamente fuera de su competencia, procedió a través de un recurso inexistente, usurpando competencias, a dictar una decisión violatoria de derechos y garantías constitucionales (…)”.

            Que “[d]el texto del artículo 49 Constitucional se evidencia el llamado principio del doble grado de jurisdicción, el cual conforme a la Constitución de la República, está garantizado, excepto en los casos expresamente determinados por la ley (…)”

            Que el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil prevé que en el juicio breve se oirá recurso de apelación en aquellos casos en que la cuantía del asunto fuere mayor a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00); sin embargo, “conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Resolución N° 2009-006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, la cuantía para poder apelar de la sentencia de primera instancia dictada en un procedimiento breve es de QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (500 U.T.) (…)” (mayúsculas del escrito).

            Que la demanda de desalojo fue interpuesta el 28 de octubre de 2009, “es decir, después de la entrada en vigencia de la Resolución, tiene una estimación no discutida por la parte demandada ni modificada por el Tribunal de la Causa, de VEINTIUN (sic) CON OCHENTA Y UN UNIDADES TRIBUTARIAS (21,81 U.T.), con lo cual queda claramente evidenciado que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico procedió a conocer de una apelación para la cual no tenía competencia material y funcional, violando el principio de la cosa juzgada (…)” (mayúsculas del escrito).

            Que “[c]on ese proceder del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico además de violar la cosa Juzgada, cercenó el derecho a la tutela judicial efectiva de [su] mandante, amén que constituye un acto arbitrario, ejercido con abuso de autoridad y usurpando las funciones (…) al decidir y conocer una apelación inexistente (…)”.

            Que pide que se restituya la situación jurídica infringida, razón por la cual “solicit[a] que se declare nula y sin ningún efecto jurídico (…)” la decisión del 18 de mayo de 2010 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, “(…) imprimiéndole todo su valor a la sentencia del Juzgado de la causa, Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico (…)”.

            Finalmente, pide que se admita la acción de amparo y sea declarada con lugar en la sentencia definitiva.

II

LA SENTENCIA ACCIONADA

El 18 de mayo de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Abadesa Beomont Piñango contra el fallo expedido por el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la misma Circunscripción Judicial, el 23 de febrero del año 2010; sin lugar la acción de desalojo interpuesta por la ciudadana Mirelia Espinoza Díaz (hoy accionante) contra la ciudadana Abadesa Beomont Piñango; y, en consecuencia, revocó el fallo apelado y condenó a la parte actora –hoy accionante- al pago de las costas procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:

“Trabada la litis así, debe esta Alzada como punto previo referirse a la impugnación de la cuantía realizada por la parte demandada, en capitulo (sic) previo de la contestación a la demanda, en relación a lo irrisorio de la cuantía fijada por la parte actora en su escrito libelar. Debiendo transcribirse como fundamento jurídico primario el contenido normativo ‘In...

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