Sentencia nº 02 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 350702234

Sentencia nº 02 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Febrero de 2012

Procedimiento:Acción de Amparo
Ponente:Carmen Zuleta De Merchan
Número de Expediente:09-1440
Fecha de Resolución: 3 de Febrero de 2012
Emisor:Sala Constitucional
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SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 09-1440

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 8 de diciembre de 2009, la abogada Marisela Castro Gilly, en su condición de Defensora Pública ante la Sala Constitucional presentó acción de amparo intentada por el abogado Clarense Daniel Rusian Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 91.943, en su carácter de Defensor Público de la Sección Penal del Adolescente, adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Delta Amacuro, a favor de un niño Warao, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contra la decisión dictada, el 23 de noviembre de 2009, por la “Jurisdicción Especial Indígena”, mediante la cual se condenó al quejoso a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión por la comisión del “delito de homicidio intencional”, y la dictada, el 2 de diciembre de 2009, por el Juzgado Segundo de Control de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, que revisó, conforme al contenido del artículo 134 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la decisión emanada de la referida jurisdicción especial.

El 16 de diciembre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 24 de marzo de 2010 y el 5 de mayo de 2010, la abogada Mónica Andrea Rodríguez Flores, en su condición de Defensora Pública ante esta Sala Constitucional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó el interés procesal en la presente causa y solicitó que se dictara el respectivo pronunciamiento de admisión.

El 11 de mayo de 2010, los abogados Tutankamen Hernández Rojas y Néstor Luis Castellano Molero, en sus condiciones de Fiscales Quinto y Primero del Ministerio Público con Competencia ante las Salas de Casación y Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, presentaron un escrito mediante el cual solicitaron que se decretara una medida cautelar innominada referida a la suspensión de los efectos de la decisión dictada, el 2 de diciembre de 2009, por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, adversada con el amparo.

El 26 de mayo de 2010, la Defensora Mónica Andrea Rodríguez Flores, identificada en autos, consignó escrito ampliando la solicitud de amparo constitucional y, conjuntamente, entregó acta levantada en la Casa de Formación Integral Varones de Tucupita, sitio donde se encontraba recluido el indígena Warao, quien manifestó “QUE ÉL QUIERE QUE LO SUELTEN, QUIERE IRSE PARA SU CASA EN LOS CAÑOS, QUE SE HAGA TODO PARA SOLTARLO Y QUE ÉL QUIERE VER A SU FAMILIA, NO QUIERE SEGUIR EN EL CENTRO” ; asimismo, solicitó pronunciamiento en el caso bajo estudio; y que la causa fuese resuelta de mero derecho, conforme lo establece el “artículo 19.20 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (sic)”.

El 1° y el 22 de junio de 2010, la Defensora Pública Mónica Andrea Rodríguez Flores solicitó celeridad procesal para la resolución del presente caso y ratificó la declaratoria de mero derecho en el presente caso, así como la procedencia de la medida cautelar innominada solicitada por la representación Fiscal.

El 2 de julio de 2010, los representantes del Ministerio Público pidieron que se admitiera la presente acción y se acordara la medida cautelar solicitada.

El 23 de julio de 2010 y el 16 de septiembre de 2010, la Defensora Pública Mónica Andrea Rodríguez Flores solicitó que esta Sala dictara el respectivo pronunciamiento de admisión; asimismo, consignó informe médico en el cual se deja constancia de que al adolescente indígena, parte actora, se le diagnosticó “…FRACTURA DE CLAVICULA (sic) DERECHA”.

El 24 de septiembre de 2010, se recibió oficio N° FTSJ-1-274-2010, suscrito por el Ministerio Público, mediante el cual el Fiscal Primero antes las Salas de Casación y Constitucional de ese Tribunal Supremo de Justicia solicitó que se emitiera pronunciamiento en el presente caso; solicitud que fue ratificada el 11 de octubre de 2010.

El 15 de octubre de 2010, esta Sala, mediante decisión N° 988, admitió la acción de amparo constitucional y ordenó las notificaciones del Juez del Juzgado Segundo Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro; del ciudadano Presente Ávila, en su condición de “Cacique” representante de la comunidad indígena de Bonoina, Municipio Antonio Díaz del Estado Delta Amacuro; del ciudadano Silveiro Torres Martínez, “Cacique” residenciado en Santa Rosa de Araguao, Municipio Antonio Díaz del mismo Estado; de los representantes de la víctima, ciudadanos Roselindo Jiménez y Magdaleno Romero; de la Fiscala General de la República y de la Defensora del Pueblo; igualmente, se negó la solicitud de declaratoria de mero derecho y la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la sentencia dictada, el 2 de diciembre de 2009, por el Juzgado Segundo de Control de la Sección Penal de Adolescentes del mismo Circuito Judicial Penal; y se ordenó al referido Tribunal Segundo de Control que remitiese a este Alto Tribunal copia certificada del expediente penal relacionado con el presente amparo.

El 7 de diciembre de 2010 y el 17 de febrero de 2011, los representantes del Ministerio Público señalaron que “…mantienen el interés en las resultas de la presente acción de tutela constitucional”.

El 9 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010, la Sala Constitucional quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 10 de diciembre de 2010, el 15 de febrero de 2011 y el 21 de marzo de 2011, el abogado Eduar Enrique Moreno Blanco, con el carácter de Defensor Público Segundo con Competencia para actuar ante esta Sala Constitucional, ratificó su interés procesal y pidió que se fijara la audiencia oral.

El 9 de febrero de 2011, fue recibido, mediante oficio N° 056-2011, suscrito por la Jueza encargada del Juzgado Segundo de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, copia certificada del expediente penal YP01-D-2009-000100, contentivo de la causa perteneciente al quejoso de autos.

El 30 de marzo de 2011, los abogados Jesús Antonio Mendoza, Alejandra Bonalde, Lucelia Castellanos Pérez, Javier López Cerrada y Lilian Quevedo Ruiz, adscritos a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, manifestaron “…su interés legítimo para intervenir y obrar procesalmente en la Acción de Amparo Constitucional”.

El 27 de abril de 2011, esta Sala, mediante decisión N° 612, designó a los Antropólogos Bernarda Escalante, Esperanza Arintero, Liliana Cabrujas Morales y Werner Wilbert, así como a los abogados Julio Ávalos y Santos Orta López, como testigos expertos, para que expusieran con ese carácter en la audiencia constitucional sobre el sistema social punitivo y sistema político de la comunidad indígena Warao, sus estructuras institucionales, costumbres y la forma de represión de los delitos y faltas cometidos por sus miembros en su territorio; asimismo, se ordenó al equipo multidisciplinario correspondiente a la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, de conformidad con lo establecido en la letra b del artículo 179-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que realizara de manera inmediata un informe técnico al adolescente quejoso dejando constancia del estado de su salud, física y mental, así como de su entorno familiar.

El 3 de mayo de 2011, el abogado Eduar Enrrique Moreno Blanco, antes identificado, solicitó que fuese fijada la audiencia constitucional.

El 12 de mayo de 2011, la Sala, mediante decisión N° 655, ordenó, conforme al contenido del artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la notificación por cartel del ciudadano Presente Ávila, en su condición de “Cacique” representante de la comunidad indígena de Bonoina, Municipio Antonio Díaz del Estado Delta Amacuro; del ciudadano Silveiro Torres Martínez, “Cacique” residenciado en Santa Rosa de Araguao, Municipio Antonio Díaz del mismo Estado; y de los representantes de la víctima, ciudadanos Roselindo Jiménez y Magdaleno Romero, para que acudieran a la celebración de la audiencia oral, todo ello en virtud de que no fue posible practicar su notificación personal.

El 28 de junio de 2011, la antropóloga Liliana Morales, quien es testigo experto en el caso bajo estudio, consignó un informe socio antropológico de la Comunidad Indígena Warao, en el cual se desarrollan “…aspectos relevantes de la cultura de este pueblo indígena, con especial énfasis en los aspectos de su organización social, política y jurídica”.

El 11 de julio de 2011, el Juzgado de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro informó a esta Sala, a través del oficio N° 785-2011, que no se encontraba conformado el equipo multidisciplinario...

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