Sentencia nº 731 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Abril de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 283350651

Sentencia nº 731 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Abril de 2007

Procedimiento:Acción de Amparo
Ponente:Carmen Zuleta De Merchan
Número de Expediente:06-1018
Fecha de Resolución:26 de Abril de 2007
Emisor:Sala Constitucional
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SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA-PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante Oficio Nº 0480-182 del 20 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida remitió a esta Sala el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, titular de la cédula de identidad número 11.911.051, asistido por la abogada Dunia Chirinos Laguna, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 10.469, contra la sentencia dictada, el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, a cargo del Juez Provisorio Julio César Newman Gutiérrez, en el juicio por reivindicación incoado por el accionante contra los ciudadanos Ramona Díaz Peña, Jhonny Maldonado y Linda Rosales, por la pretendida violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, a que se refieren los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Tal remisión obedece a la apelación que intentó la mencionada abogada, actuando con el carácter expresado, contra el dispositivo emitido el 14 de junio de 2006, por el mencionado Juzgado Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

El 23 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala decide, previas las siguientes consideraciones:

I

Antecedentes y Fundamento de la Acción de Amparo

            Señaló la defensa de la parte accionante como antecedentes relevantes para la interposición de su acción de amparo, que interpuso demanda por reivindicación contra los ciudadanos Ramona Díaz Peña, Jhonny Maldonado y Linda Rosales, ante el Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sobre un terreno de cien metros cuadrados (100 mts.2), que es parte de la mayor extensión de terreno de su única y exclusiva propiedad, consistente en un lote de terreno en forma de “L”, ubicado en la parte alta del sector “La Blanca”, mejor conocido como “La Montañita”, al finalizar la carretera asfaltada, en el margen derecho, de la Parroquia Monseñor Pulido Méndez, del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, adquirido mediante documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, el 14 de mayo de 2002, bajo el número 12, Tomo Tercero, Protocolo Primero, del Segundo Trimestre y según documento aclaratorio protocolizado en la misma Oficina de Registro, el 31 de octubre de 2002, bajo el número 3, Protocolo Primero, Tomo Segundo, del cuatro Trimestre; demanda ésta que fue admitida por auto del 23 de marzo de 2004, oportunidad cuando se ordenó también la citación personal de los demandados.

Indicó que, el 31 de marzo de 2004, el Alguacil del Tribunal de la causa devolvió los recaudos de citación que fueron librados a los codemandados, manifestando que no logró practicar las citaciones que le fueron encomendadas, por cuanto los referidos ciudadanos se negaron a firmar y recibir los recaudos de citación.

Que por auto del 14 de abril de 2004, el referido Juzgado de Municipio, en vista de que las declaraciones del Alguacil, relativas a las citaciones de los demandados eran contradictorias y ambiguas, repuso la causa al estado de librar nuevamente los recaudos de citación, en aras de mantener la igualdad de las partes y garantizar el derecho a la defensa, de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

Que en dicho proceso solicitó medida cautelar innominada consistente en prohibir a los co-demandados, la construcción de obras o continuación o reconstrucción de las ya existentes, sobre la extensión de terreno objeto de la acción reivindicatoria, la cual fue decretada el 23 de abril de 2004, para lo que se comisionó al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la misma Circunscripción Judicial.

Que la referida comisión fue recibida por distribución, en el Juzgado Ejecutor Primero, el cual se trasladó y constituyó en el inmueble ubicado en la vía Caño Seco, sector Las Delias, calle principal, signado con el número 3-377, de la jurisdicción de la Parroquia Monseñor Pulido Méndez, del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, el 8 de julio de 2004, donde se notificó de la medida a la ciudadana Ramona Díaz Peña, en su condición de co-demandada en ese procedimiento; que, seguidamente, en esa misma fecha, se trasladó y constituyó en el inmueble objeto de la acción reivindicatoria, notificando a la ciudadana Linda Rosales, en igual condición de co-demandada, y el 27 del mismo mes y año, se trasladó y constituyó en la avenida Don Pepe Rojas, donde funciona Distribuidora Occidente, S.A. (DOSA Polar), de la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, para notificar al ciudadano Jhonny Maldonado, igualmente en su condición de co-demandado.

Agregó que por auto del 27 de julio de 2004, el juez comisionado remitió las resultas de la comisión al Tribunal de la causa, el cual las dio por recibidas por auto del 28 del mismo mes y año.

Que de lo expuesto se evidenciaba que operó la citación presunta de los co-demandados, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, “por lo que quedó sin efecto el auto dictado en fecha 14 de abril de 2004, que ordenó la reposición de la causa al estado de librar nuevamente los recaudos de citación de los codemandados por ser innecesaria”.

Que por auto del 22 de septiembre de 2004, el aludido Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo dictó auto por el que requirió del Alguacil, los recaudos de citación de los co-demandados, por cuanto constaba de autos la citación presunta de los mismos, y el 23 de septiembre de 2004, ordenó realizar por secretaría cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 28 de julio de 2004 exclusive, fecha en la que se recibió la comisión conferida al identificado Juzgado Segundo de Municipio, hasta el 17 de septiembre del mismo año; el cómputo que fue realizado en esa misma fecha, y con el que se dejó constancia de que había transcurrido en ese Tribunal treinta y cinco (35) días de despacho, de donde se evidenciaba la preclusión del lapso procesal establecido para que los co-demandados dieran contestación y promovieran las pruebas en esa causa, razón por la cual, el 27 de septiembre de 2004, el Tribunal de la causa procedió a dictar sentencia dentro del lapso legal correspondiente, declarando la confesión ficta de los co-demandados y, en consecuencia, con lugar la acción incoada por el hoy recurrente, por cuanto aquellos no probaron nada que les favoreciera.

Continuó indicando que en la oportunidad correspondiente, la parte demandada apeló de esa decisión, de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa Circunscripción Judicial, y dentro de la oportunidad legal, los co-demandados en ese juicio, por intermedio de sus apoderados judiciales, presentaron informes en la segunda instancia, alegando que la juez de la causa, no dio cumplimiento al auto que ordenó la reposición de la causa al estado de librar nuevamente los recaudos de citación y practicar la citación personal de los co-demandados, lo que, según ellos, les violó el derecho a la defensa, obviando que, con posterioridad a dicho auto operó su citación presunta, lo que hacía innecesaria la práctica de la citación personal de dichos co-demandados, en virtud de que ya estaban a derecho, tanto así, que ejercieron el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia dentro del lapso legal para ello.

Que, el 30 de marzo de 2006, el juez de alzada dictó sentencia, por la que declaró sin lugar la acción reivindicatoria por él incoada, por considerar dicho juzgador que el inmueble objeto de la acción no es de su exclusiva propiedad, en virtud de que del análisis efectuado a la prueba documental acompañada al libelo de la demanda, con el objeto de acreditar su derecho de propiedad, constató que los ciudadanos Josefa Salazar de Salazar, Pedro Pascual Salazar y María Salazar Aponte dieron en venta “…los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno en forma de L de su propiedad…”, por lo que, según el juzgador, el accionante no era propietario exclusivo del lote de terreno que pretendió reivindicar, sino de una porción del mismo, y que del referido título se desprendía que el lote de terreno en su totalidad, pertenecía a una comunidad pro indivisa, lo cual –aseguró- era incierto, ya que del título que acredita la propiedad sobre la porción del terreno a reivindicar se evidenciaba, que los mencionados vendedores, si bien le vendieron los derechos y acciones que poseían sobre el terreno donde se encuentra ubicada la porción de terreno objeto de la acción por él incoada, en el documento de venta, los vendedores señalaron que “…dichas tierras nos pertenecen según se evidencia de testamento debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Sucre del Estado Mérida, en fecha diecisiete (17) de agosto de 1954, bajo el número 01, folios 01 al 05, Protocolo Cuarto, y documento de compra a JOSÉ ARCENIO RONDÓN CAMACHO, el cual fue protocolizado por ante la Oficina Subalterna de...

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