Sentencia nº 731 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Abril de 2007

Procedimiento:Acción de Amparo
Ponente:Carmen Zuleta De Merchan
Número de Expediente:06-1018
Fecha de Resolución:26 de Abril de 2007
Emisor:Sala Constitucional
 
CONTENIDO

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA-PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante Oficio Nº 0480-182 del 20 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida remitió a esta Sala el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, titular de la cédula de identidad número 11.911.051, asistido por la abogada Dunia Chirinos Laguna, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 10.469, contra la sentencia dictada, el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, a cargo del Juez Provisorio Julio César Newman Gutiérrez, en el juicio por reivindicación incoado por el accionante contra los ciudadanos Ramona Díaz Peña, Jhonny Maldonado y Linda Rosales, por la pretendida violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, a que se refieren los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Tal remisión obedece a la apelación que intentó la mencionada abogada, actuando con el carácter expresado, contra el dispositivo emitido el 14 de junio de 2006, por el mencionado Juzgado Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

El 23 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala decide, previas las siguientes consideraciones:

I

Antecedentes y Fundamento de la Acción de Amparo

            Señaló la defensa de la parte accionante como antecedentes relevantes para la interposición de su acción de amparo, que interpuso demanda por reivindicación contra los ciudadanos Ramona Díaz Peña, Jhonny Maldonado y Linda Rosales, ante el Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sobre un terreno de cien metros cuadrados (100 mts.2), que es parte de la mayor extensión de terreno de su única y exclusiva propiedad, consistente en un lote de terreno en forma de “L”, ubicado en la parte alta del sector “La Blanca”, mejor conocido como “La Montañita”, al finalizar la carretera asfaltada, en el margen derecho, de la Parroquia Monseñor Pulido Méndez, del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, adquirido mediante documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, el 14 de mayo de 2002, bajo el número 12, Tomo Tercero, Protocolo Primero, del Segundo Trimestre y según documento aclaratorio protocolizado en la misma Oficina de Registro, el 31 de octubre de 2002, bajo el número 3, Protocolo Primero, Tomo Segundo, del cuatro Trimestre; demanda ésta que fue admitida por auto del 23 de marzo de 2004, oportunidad cuando se ordenó también la citación personal de los demandados.

Indicó que, el 31 de marzo de 2004, el Alguacil del Tribunal de la causa devolvió los recaudos de citación que fueron librados a los codemandados, manifestando que no logró practicar las citaciones que le fueron encomendadas, por cuanto los referidos ciudadanos se negaron a firmar y recibir los recaudos de citación.

Que por auto del 14 de abril de 2004, el referido Juzgado de Municipio, en vista de que las declaraciones del Alguacil, relativas a las citaciones de los demandados eran contradictorias y ambiguas, repuso la causa al estado de librar nuevamente los recaudos de citación, en aras de mantener la igualdad de las partes y garantizar el derecho a la defensa, de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

Que en dicho proceso solicitó medida cautelar innominada consistente en prohibir a los co-demandados, la construcción de obras o continuación o reconstrucción de las ya existentes, sobre la extensión de terreno objeto de la acción reivindicatoria, la cual fue decretada el 23 de abril de 2004, para lo que se comisionó al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la misma Circunscripción Judicial.

Que la referida comisión fue recibida por distribución, en el Juzgado Ejecutor Primero, el cual se trasladó y constituyó en el inmueble ubicado en la vía Caño Seco, sector Las Delias, calle principal, signado con el número 3-377, de la jurisdicción de la Parroquia Monseñor Pulido Méndez, del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, el 8 de julio de 2004, donde se notificó de la medida a la ciudadana Ramona Díaz Peña, en su condición de co-demandada en ese procedimiento; que, seguidamente, en esa misma fecha, se trasladó y constituyó en el inmueble objeto de la acción reivindicatoria, notificando a la ciudadana Linda Rosales, en igual condición de co-demandada, y el 27 del mismo mes y año, se trasladó y constituyó en la avenida Don Pepe Rojas, donde funciona Distribuidora Occidente, S.A. (DOSA Polar), de la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, para notificar al ciudadano Jhonny Maldonado, igualmente en su condición de co-demandado.

Agregó que por auto del 27 de julio de 2004, el juez comisionado remitió las resultas de la comisión al Tribunal de la causa, el cual las dio por recibidas por auto del 28 del mismo mes y año.

Que de lo expuesto se evidenciaba que operó la citación presunta de los co-demandados, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, “por lo que quedó sin efecto el auto dictado en fecha 14 de abril de 2004, que ordenó la reposición de la causa al estado de librar nuevamente los recaudos de citación de los codemandados por ser innecesaria”.

Que por auto del 22 de septiembre de 2004, el aludido Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo dictó auto por el que requirió del Alguacil, los recaudos de citación de los co-demandados, por cuanto constaba de autos la citación presunta de los mismos, y el 23 de septiembre de 2004, ordenó realizar por secretaría cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 28 de julio de 2004 exclusive, fecha en la que se recibió la comisión conferida al identificado Juzgado Segundo de Municipio, hasta el 17 de septiembre del mismo año; el cómputo que fue realizado en esa misma fecha, y con el que se dejó constancia de que había transcurrido en ese Tribunal treinta y cinco (35) días de despacho, de donde se evidenciaba la preclusión del lapso procesal establecido para que los co-demandados dieran contestación y promovieran las pruebas en esa causa, razón por la cual, el 27 de septiembre de 2004, el Tribunal de la causa procedió a dictar sentencia dentro del lapso legal correspondiente, declarando la confesión ficta de los co-demandados y, en consecuencia, con lugar la acción incoada por el hoy recurrente, por cuanto aquellos no probaron nada que les favoreciera.

Continuó indicando que en la oportunidad correspondiente, la parte demandada apeló de esa decisión, de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa Circunscripción Judicial, y dentro de la oportunidad legal, los co-demandados en ese juicio, por intermedio de sus apoderados judiciales, presentaron informes en la segunda instancia, alegando que la juez de la causa, no dio cumplimiento al auto que ordenó la reposición de la causa al estado de librar nuevamente los recaudos de citación y practicar la citación personal de los co-demandados, lo que, según ellos, les violó el derecho a la defensa, obviando que, con posterioridad a dicho auto operó su citación presunta, lo que hacía innecesaria la práctica de la citación personal de dichos co-demandados, en virtud de que ya estaban a derecho, tanto así, que ejercieron el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia dentro del lapso legal para ello.

Que, el 30 de marzo de 2006, el juez de alzada dictó sentencia, por la que declaró sin lugar la acción reivindicatoria por él incoada, por considerar dicho juzgador que el inmueble objeto de la acción no es de su exclusiva propiedad, en virtud de que del análisis efectuado a la prueba documental acompañada al libelo de la demanda, con el objeto de acreditar su derecho de propiedad, constató que los ciudadanos Josefa Salazar de Salazar, Pedro Pascual Salazar y María Salazar Aponte dieron en venta “…los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno en forma de L de su propiedad…”, por lo que, según el juzgador, el accionante no era propietario exclusivo del lote de terreno que pretendió reivindicar, sino de una porción del mismo, y que del referido título se desprendía que el lote de terreno en su totalidad, pertenecía a una comunidad pro indivisa, lo cual –aseguró- era incierto, ya que del título que acredita la propiedad sobre la porción del terreno a reivindicar se evidenciaba, que los mencionados vendedores, si bien le vendieron los derechos y acciones que poseían sobre el terreno donde se encuentra ubicada la porción de terreno objeto de la acción por él incoada, en el documento de venta, los vendedores señalaron que “…dichas tierras nos pertenecen según se evidencia de testamento debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Sucre del Estado Mérida, en fecha diecisiete (17) de agosto de 1954, bajo el número 01, folios 01 al 05, Protocolo Cuarto, y documento de compra a JOSÉ ARCENIO RONDÓN CAMACHO, el cual fue protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público, del Distrito Alberto Adriani del Estado Mérida, en fecha 14 de enero de 1970, bajo el número 02, folios 03 al 06, Protocolo Primero, Tomo Primero”, y que los vendedores le trasmitieron “…la plena propiedad, posesión y dominio del lote de tierra aquí vendido”; de cuyo texto se evidenciaba que los vendedores eran los únicos y exclusivos propietarios del inmueble que le dieron en venta y que a su vez le trasmitieron la plena propiedad del mismo.

Delató entonces que la mencionada sentencia le conculcó el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, regulados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “puesto que sacó elementos de convicción fuera de los autos, que no habían sido alegados ni probados por los co-demandados, por lo que suplió excepciones y argumentos de hecho que no formaron parte del contradictorio, y que al valorar el juzgador de la segunda instancia la prueba documental aportada por él, para fundamentar la pretensión deducida, no se atuvo al propósito y la intención de los contratantes, teniendo en miras las exigencias de la ley, la verdad y la buena fe, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, ya que, si en la oportunidad procesal de dar contestación a la demanda, los co-demandados hubieran opuesto la defensa de falta de cualidad activa de [su]parte para ejercer la acción propuesta, por no ser de [su] exclusiva propiedad el inmueble objeto de la acción, sino de una  comunidad pro indivisa, dentro de la etapa probatoria [él] hubiera traído a los autos la prueba en contrario”.

Que es por ello que, “al no realizar el juzgador un análisis razonado de las pruebas aportadas al proceso por [él], violentó el principio de exhaustividad, adecuación, congruencia, racionalidad y adecuación (sic) de la prueba, incurrió en un error de interpretación, situación ésta decisiva para la determinación del fallo impugnado, porque en el asunto resuelto mediante la impugnada sentencia de haberse valorado la mencionada prueba instrumental, en la forma antes indicada, se hubiera producido una decisión contraria a la dictada por el juzgado agraviante, porque no se hubiera declarado sin lugar la acción incoada por [él], tampoco aplicó las consecuencias procesales de la confesión ficta de los co-demandados, prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo que acarreó una lesión constitucional cierta, diáfana e inmediata de [su] situación jurídica dentro del proceso y no es irreparable el daño ocasionado, porque las cosas pueden volver al estado en que estaban antes del ejercicio de este recurso, por lo que es procedente la acción de amparo, y es por ello que, con el carácter dicho, acud[e] ante esta competente autoridad, como protector de la Constitución y de su aplicación, conforme a lo establecido en el artículo 3 y 334 de la misma, para recurrir en amparo en contra de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida”.

Por cuanto el juez –denunció-, “actuando fuera de su competencia, con extralimitación de sus funciones, [le] conculcó los derechos constitucionales mencionados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Nacional y los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, [pidió] se [le] restablezca la situación jurídica infringida, anulando la sentencia cuestionada, reponiendo la causa al estado en que, en la segunda instancia del proceso, dicho órgano judicial, al valorar la prueba instrumental aportada por [él] a los autos, tome en consideración el propósito y la intención de los contratantes, teniendo en miras las exigencias de la ley, la verdad y la buena fe, así como también los efectos procesales de la confesión ficta de los co-demandados y dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al derecho invocado, ya que, solo así se [le] colocaría en el goce de los derechos y garantías constitucionales violados flagrantemente con el fallo dictado por el Juzgado agraviante, por ser evidentes los perjuicios que le ha ocasionado y [le] sigue ocasionando” y no disponer de otro mecanismo procesal para impugnar el fallo cuestionado.

Por último, solicitó la admisión de la presente acción de amparo y que conforme a derecho sea declarada con lugar con los pronunciamientos de ley.

II

De la Actuación Judicial señalada como lesiva

La presente acción tiene por objeto la sentencia definitiva dictada el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el juicio de reivindicación seguido por el accionante contra los ciudadanos Ramona Díaz Peña, Jhonny Maldonado y Linda Rosales, mediante la cual, al conocer de la apelación interpuesta por la parte demandada, contra decisión del 27 de septiembre de 2004, dictado por el Tribunal de la causa -Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la misma Circunscripción Judicial-, declaró con lugar dicha apelación. Dicho fallo es del tenor siguiente:

“La controversia quedó planteada en los términos que se exponen a continuación:

En su libelo de demanda, el actor expuso: 1) Que es legítimo propietario de un inmueble consistente en un lote de terreno propio ubicado en (…), dentro de los linderos y medidas siguientes: (…) 2) Que, dicha propiedad la adquirió según consta de documento protocolizado por ante (…); 3) Que, una pequeña porción de dicho terreno, en un área de CIEN METROS CUADRADOS (100 M2), dentro de los linderos siguientes (…), ‘…se metió la ciudadana RAMONA DIAZ PEÑA, y construyó un racho de paredes de bloque y techo de zinc, piso de tierra, conformada por dos habitaciones, una hace las funciones de cocina y la otra de dormitorio, no dispone de baño ni de lavadero, tampoco de servicios de drenaje de aguas blancas y servidas, es decir, no tiene cloacas; y allí vive su hijo JHONNY MALDONADO y su compañera LINDA ROSALES…” y encuentra cercada con alambre de púas; 4) Que, la madre del ocupante, se niega a recibir compensación alguna por las mejoras allí establecidas, y han resultado inútiles los intentos por vía administrativa para que esta ciudadana reconozca que no tiene derecho a permanecer allí por la fuerza; 5) Que, estos ciudadanos no tienen autorización ni derecho alguno para detentar ese lote de terreno.

Que por estas razones, demanda a la ciudadana RAMONA DIAZ PEÑA, quien alega ser la propietaria de las mejoras descritas, y a los ciudadanos JHONNY MALDONADO y LINDA ROSALES, en su condición de ocupantes, para que convengan o en su defecto sea declarado y condenados por el Tribunal en lo siguiente: PRIMERO: Que es el único y exclusivo propietario del inmueble antes identificado ‘… y que es parte de lote de mayor extensión descrito en el documento Nro. 12, Protocolo Primero, Tomo 3 de fecha 15 de mayo de 2002 y documento Nro. 3, Protocolo Primero, Tomo Segundo, de fecha 31 de Octubre de 2002, ambos protocolizados en la Oficina Subalterna de Registro Público de el Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida…’; SEGUNDO: Que los demandados están ocupando indebidamente y lo han hecho con la construcción del rancho antes descrito desde unos dieciocho meses aproximadamente; TERCERO: Para que convenga o así sea declarado por el Tribunal en que los ciudadanos RAMONA DIAZ PEÑA, JHONNY MALDONADO y LINDA ROSALES no tienen ningún derecho ni titulo, ni mucho menos mejor derecho, para ocupar ese inmueble de su propiedad.

Durante el lapso procesal previsto para la contestación de la demanda la parte demandada, no compareció ha (sic) hacerlo ni por si (sic) ni por medio de apoderado.

El Juzgado de la causa, en fecha 27 de septiembre de 2004, profirió la decisión recurrida en su parte pertinente en los términos siguientes:

‘Observando el tribunal, que para estos casos en que el demandado o los demandados de autos no dieren contestación a la demanda en la oportunidad debida previa citación, y tampoco promovieren pruebas en su favor, corresponde a este tribunal conforme al artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, determinar si los demandados de autos RAMONA DIAZ PEÑA, JHONNY MALDONADO y LINDA ROSALES, incurrieron en confesión ficta, para lo cual debe analizarse para corroborar si se dan los presupuestos para que opere la confesión ficta: Primero: No consta de autos que en la causa principal los demandados de autos hayan procedido a dar contestación a la demanda ni por si ni por intermedio de apoderado judicial, a pesar de haber quedado citados personalmente según consta de autos: Segundo: Tampoco los demandados promovieron prueba alguna en su defensa que lograra desvirtuar los dichos el actor en su oportunidad procesal y Tercero: La petición del actor no es contraria a derecho, se encuentra amparada por los dispositivos legales que conforman la materia de los derechos que protegen la propiedad, siendo el fundamento legal que el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, y si este último la hubiese perdido por un hecho propio después de la demanda está obligado a recobrarla, y aún intentar acción contra el nuevo poseedor o detentador, así lo dispone el Art. 548 del Código Civil; observándose que si se cumplen los presupuestos legales para que opere la confesión ficta de los demandados. Observándose de los autos que ninguna de las partes adujo pruebas por lo que corresponde también a este el tribunal determinar cual (sic) de las partes tenía la obligación y la carga de probar, ya que conforme al citado artículo 548 del Código Civil, el propietario demandante que pretende se le reivindique en sus derechos, debe presentar como instrumento fundamental de la demanda el titulo o documento donde acredite su propiedad verificándose de autos que el demandante acredito (sic) la propiedad del inmueble cuya reivindicación solicita como parte de mayor extensión del inmueble que adquirió conforme a documento registrado por ante La Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, cuyos linderos y demás datos han sido lo suficientemente especificados, a excepción del documento donde consta su aclaratoria sobre la ubicación real, que riela a los folios 9 y 10 como instrumento fundamental de la demanda, parte alta de la Blanca sector La Montañita al finalizar la carretera asfaltada al lado derecho jurisdicción de la Parroquia Rafael Pulido Méndez, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida. Por su parte el artículo 506 del Código de Procedimiento Chivo, establece: (…) Observándose que el demandante acompañó su libelo del instrumento fundamental de la demanda, que lo constituye el documento que lo acredita como propietario y donde basa su pretensión. Pues en este caso correspondía a los aquí demandados ejercer su derecho a la defensa para trabar la litis y desvirtuar los alegatos de la parte actora e inclusive hasta llegar a demostrar el carácter con que poseen o detentan para desvirtuar los dichos del actor en los cuales fundamentan su pretensión y la encuadra y hace valer a través de la acción reivindicatoria por la cual los demanda, no constando de autos tales defensas, ni pruebas del derecho que los legitima en su goce y disfrute o les acredite la tenencia legítima de mejorar incrementadas (sic) y del terreno objeto de la reivindicación como parte de un lote de mayor extensión cuya propiedad se la acredita el demandante a través de un título de propiedad; pues propietario es el que posee el título registrado conforme a la Ley y vale frente a todos.

Por lo que le es forzoso a este tribunal declarar confesos a los demandados de autos ciudadanos RAMONA DIAZ PEÑA, JHONNY MALDONADO y LINDA ROSALES y por ende no le queda otra alternativa a este tribunal sino la de declarar con lugar la demanda por REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE como lo hará en la parte Dispositiva de este fallo…’

Seguidamente, el Juzgador señaló que, antes de decidir el fondo de la controversia, era menester hacer las observaciones siguientes:

“Del análisis exhaustivo de las actas procesales se puede constatar, lo siguiente:

Obra a los folios (…) del presente expediente, compulsas del libelo de la demanda con su orden de comparecencia al pie, para la citación de los demandados ciudadanos JHONNY MALDONADO, RAMONA DÍAZ PEÑA y LINDA ROSALES, que según información del Alguacil del Juzgado a quo se negaron a firmar. No obstante, la Juzgadora de causa, mediante Auto de fecha 14 de abril de 2004, en virtud que consideró que dichas órdenes de comparecencia presentaban ambigüedad, declaró su nulidad y ordenó llevar a cabo la citación de los demandados nuevamente.

Con posterioridad, el Juzgado a quo, según Auto de fecha 22 de septiembre de 2004, en vista que los demandados fueron notificados de una medida innominada decretada por dicho órgano en fechas 08 y 27 de julio de 2004, consideró citados tácitamente a los demandados, ordenó un cómputo de los días de despacho trascurridos entre el 27 de julio al 17 de septiembre del año 2004, y pasó a dictar la sentencia recurrida, de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

El cuaderno que contiene las actuaciones para practicar la medida innominada fue recibido por el Juzgado comitente en fecha 28 de julio de 2004, vale decir, un día después de la notificación de la medida innominada del último de los demandados.

Sin embargo, es en fecha 22 de septiembre de 2004, cuando el Juzgado a quo, oficiosamente, se percata que los demandados al ser notificados de la medida innominada quedaron citados tácitamente de la acción incoada en su contra y que para entonces ya habían trascurridos los lapsos de emplazamiento para la contestación de la demanda y de promoción de pruebas, de donde resultaron confesos ficticiamente.

Como se observa, entre la fecha en que se produjo la citación tácita de los demandados, cuya constatación sólo puede ser declarada por el Juzgado comitente al recibir las actuaciones del comisionado (28/07/2004), y la fecha en que la declaró efectivamente, transcurrieron casi dos meses (22/09/2004).

A juicio de esta Alzada, el Juzgado de la causa en cumplimiento de su deber de dirección del proceso (ex artículo 14 del Código de Procedimiento Civil) debió dejar constancia, mediante Auto, de la citación tácita de los demandados dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones relacionadas con la medida, y en el mismo informar a las partes que la contestación se efectuaría dentro de los veinte días siguientes.

Ahora bien, si la constatación de la citación tácita es efectuada, a casi dos meses de haberse producido -como sucedió en el caso bajo análisis- dicho Auto debió, además de declarar la citación, notificar a las partes para la contestación de la demanda, pues esta actuación hubiere garantizado el ejercicio del derecho a la defensa de los demandados, toda vez que al referirse el artículo 216 eiusdem, a la citación presunta ‘…sin más formalidad…’, toma es (sic) cuenta es las formalidades del artículo 218 idem, y no los lapsos que el Juez debe cumplir y hacer cumplir como rector del proceso.

Por esta razón, quien sentencia exhorta a la Juzgadora a quo a no incurrir en futuras ocasiones en tal actividad. ASÍ SE ESTABLECE.-“

En cuanto al fondo estableció cuanto sigue:

“De conformidad con el encabezamiento del artículo 548 del Código Civil, ‘El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes…’

Como puede verse, la norma legal transcrita no precisa los extremos que debe llenar el actor para ejercer con éxito, la referida acción. Al encontrar sin definición aquellos requisitos, el sentenciador debe aplicar la enseñanza de la doctrina y de la jurisprudencia sobre el particular.

Según la doctrina, para que prospere la acción reivindicatoria prevista por el artículo 548 del Código Civil, antes parcialmente trascrito, el demandante debe demostrar, en juicio, de manera concurrente los dos requisitos siguientes: 1) que él es realmente propietario de la cosa que pretende reivindicar; y 2) que la cosa de que él se dice propietario es la misma que detenta o posee indebidamente el demandado. Al ser concurrentes si falta alguno de estos requisitos la acción reivindicatoria no prosperará.

Acerca del primer requisito, la doctrina se ha pronunciado en los términos siguientes:

‘… es indispensable que este título esté plenamente dotado de eficacia jurídica, para hacer indudable el derecho de propiedad que invoca el actor. La acción reivindicatoria constituye una acción útil que sólo al propietario es conferida. Messineo, al determinar lo que el reivindicante debe demostrar, se refiere a que esta demostración debe comprender ‘el fundamento del propio derecho’, lo que significa que ‘para quitar la posesión a otro, necesita demostrar la anterioridad del propio derecho al poseedor’ (onus petitorio); y dice también que la prueba incumbe al propietario, porque el poseedor es demandado y nada debe probar para conservar la posesión… Mas no ha de ser suficiente para sustentar el derecho del actor la presentación de un título cualquiera, aunque esté registrado y no sea nulo por defecto de forma. Al actor le basta probar su propio dominio cuando el título de adquisición es originario; pero cuando es derivado, tiene que probar, además el dominio de sus antecesores. Y al respecto debe recordarse lo afirmado por Planiol: ‘La carga de la prueba recae sobre el actor, quien deberá probar el derecho de propiedad que pretende le corresponde; no bastará que demuestre la carencia de derecho del demandado…’ (Perera Planas, N. 1992. Código Civil Venezolano, pp. 298 y 299).

Asimismo, la jurisprudencia de la casación venezolana, en cuanto a este requisito ha establecido:

‘Para la existencia del derecho de propiedad, suficiente para obtener la posesión en reivindicación, es necesario que el reclamante que se considere propietario compruebe también que su causante tuvo igualmente ese derecho. En la acción reivindicatoria que versa sobre la propiedad, y no sobre la posesión, los reivindicantes, aun de buena fe, deben comprobar el origen de su título’. (Ramírez y Garay CS2DF. 23-2-60. T.I. Pág.196s, tomado de Perera Planas, N. 1992. Código Civil Venezolano, pp. 298 y 299)

En cuanto al segundo requisito, identificación de la cosa, la doctrina enseña:

‘…en cuanto a la acción reivindicatoria, cabe invocar normas especiales sobre identidad que han elaborado la jurisprudencia y la doctrina. Estas normas pueden resumirse en que el accionante en reivindicación debe comprobar que son una misma cosa aquella determinada en el libelo, de la cual se pretende propietario, y la poseída por el demandado. Para establecer la identidad de un inmueble, es suficiente determinarle por su situación, medidas, linderos y algunas otras circunstancias que tienden a individualizarlo, ya que identificar, etimológicamente, equivale a singularizar, a hacer que algo aparezca distinto de todo lo que se le asemeje. Pero, además de esta singularización, el actor debe precisar en autos que el inmueble reivindicado es el mismo que posee el demandado. Es como una segunda fase, más específica, de la tarea de identificación impretermitible para que el accionante no sucumba en su pretensión…’ (Perera Planas, N. 1992. Código Civil Venezolano, pp. 298 y 299).

De conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba corresponde a la parte actora.

Para determinar si los presupuestos antes nombrados han sido cumplidos por la parte demandante, este Juzgador debe enunciar, analizar y valorar el material probatorio cursante de autos. Así se observa:

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE:

Junto con su escrito libelar, la parte demandante produjo los medios de prueba siguientes: 1) A los folios (…), copia certificada por la secretaría del Juzgado de la causa, de un documento público protocolizado por ante (…).

Del análisis de dicho instrumento este Juzgador puede constatar que el mismo se relaciona con un negocio jurídico según el cual, los ciudadanos JOSEFA SALAZAR DE SALAZAR, PEDRO PASCUAL SALAZAR y MARÍA SALAZAR APONTE, (…) por la cantidad de (…) dan en venta para y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, (…), los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno en forma de ‘L’ de su propiedad ubicado en (…), dentro de los linderos y medidas siguientes: (…)

Este Juzgador observa, que dicho documento no fue tachado por la contraparte en la oportunidad de la contestación de la demanda, motivo por el cual, le confiere valor probatorio en cuanto a los hechos jurídicos en él contenidos, en relación con la venta de los derechos y acciones sobre el lote de terreno allí descritos.

No obstante, a juicio de quien aquí sentencia la prueba analizada carece de valor probatorio a los fines de demostrar la propiedad exclusiva sobre el lote de terreno que el actor pretende reivindicar.

En efecto, del análisis del documento bajo estudio se puede constatar que el actor adquiere de los vendedores ciudadanos JOSEFA SALAZAR DE SALAZAR, PEDRO PASCUAL SALAZAR y MARÍA SALAZAR APONTE, ‘…los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno en forma de L de su propiedad…’.

Como se observa, el actor que se afirma propietario exclusivo del lote de terreno que pretende reivindicar, según se deduce del instrumento fundamental de su acción es solo propietario de una porción del lote de terreno, pues del mismo título se desprende que el lote de terreno en su totalidad pertenece a una comunidad pro indivisa.

Dicha comunidad, puede deducirse del mismo título que invoca el actor como propietario, pues allí sus vendedores indican que le dan en venta los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno, ‘…el cual forma parte de uno de mayor extensión…’.

Asimismo, dicha situación de comunidad pro indivisa, puede deducirse hasta que no se demuestre lo contrario, del título de adquisición de los vendedores del actor (causantes) pues este deriva de un testamento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Mérida con el Nro. 01, folio 01 al 05, Protocolo Cuarto de fecha 17 de agosto de 1954.

Así las cosas, en el caso de la presente acción ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, esta reclamando para si el reconocimiento de una propiedad que no le corresponde exclusivamente, pues no puede como comunero materializar su cuota parte en una determinada porción del lote de terreno.

En este sentido, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 10 de febrero de 1993, dictada bajo ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, expresó lo siguiente:

’Según una conocida definición doctrinal, la acción reivindicatoria es aquella que puede ejercitar el propietario que no posee, contra el poseedor no propietario. De existir una comunidad proindivisa sobre el bien reivindicado, la demanda debe ser interpuesta por la totalidad de los propietarios, pues de lo contrario uno solo o alguno de ellos estarían reclamando para sí el reconocimiento de una propiedad que no les corresponde exclusivamente, y el otorgamiento de una posesión que sólo pueden ejercer de manera que no obstaculice el ejercicio de ésta por los otros comuneros, y nunca de manera exclusiva, pues no puede el comunero materializar su cuota parte en una determinada porción del fundo, porque ésta recae sobre el todo en la proporción en que es propietario.

Por tal razón, la cualidad para demandar en reivindicación corresponde a la totalidad de los comuneros, con la particularidad de que por disposición del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, cualquiera de ellos puede intentar la demanda, sin poder, pero actuando en representación de los otros integrantes de la comunidad.

Por tanto, al intentar la demanda parte de los copropietarios del bien, actuando en su propio nombre, ésta no puede prosperar, tal como lo declaró la alzada’ (Pierre Tapia, Oscar R. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, vol. 2. febrero de 1993, pp. 156 y 157).

Como se observa, de la sentencia antes parcialmente trascrita, la cual acoge plenamente este Juzgado de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, no es posible para el propietario de derechos y acciones sobre un bien que se encuentre en comunidad pro indivisa, demandar reivindicación del mismo alegando su propiedad exclusiva sobre la cosa, debido a que no le es posible materializar su cuota parte en una determinada porción del lote de terreno.

Es decir, si la acción reivindicatoria del propietario singular o único persigue un pronunciamiento judicial que ordene la restitución de la cosa en su totalidad, cuando existen comuneros esa pretensión implicaría la negación del dominio de los demás copropietarios y la liquidación de la comunidad misma.

De otra parte, de la revisión detenida del libelo de la demanda, como se dijo, el accionante ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, se afirma propietario de la totalidad del lote de terreno allí identificado y con tal carácter demanda la reivindicación del mismo.

Distinta situación se plantearía, si el actor afirmándose en el libelo copropietario o comunero del lote de terreno, hubiere intentado la demanda como actor sin poder de sus condominos (ex artículo 168 del Código de Procedimiento Civil), pues en este caso, su cualidad activa se habría correspondido con la titularidad del derecho o del interés jurídico controvertido.

Ahora bien, en virtud que la representación sin poder debe invocarse en forma expresa y no surge de manera espontánea, no puede considerarse que en el presente juicio el demandante (…), hubiere procedido como actor sin poder de sus condominos.

Dicho esto, por cuanto del título invocado por el actor, y que es objeto de análisis, no surge que sea el propietario exclusivo del bien inmueble que pretende reivindicar, se puede concluir que el accionante no ha demostrado plenamente este requisito de procedibilidad de la acción reivindicatoria.

En consecuencia, este Juzgador, desestima la prueba analizada por impertinente. ASÍ SE ESTABLECE.-

En virtud que la propiedad del actor sobre el bien que pretende reivindicar es un requisito concurrente al otro requisito de procedibilidad de la acción reivindicatoria, relacionado con que la cosa de que él se dice propietario sea la misma que detenta o posee indebidamente el demandado, quien Sentencia, considera inoficioso, por su inutilidad procesal valorar el resto del material probatorio cursante en autos, por lo que se abstiene de hacerlo.

Por ello, no puede considerarse que como consecuencia de la confesión ficta declarada por el Juzgado a quo, en virtud de la verificación de los requisitos previstos por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, deba declararse con lugar la acción, pues si bien es cierto que debido a la ficción de confesión, se establece en contra del demandado una presunción iuris tantum de aceptación de los hechos, que tiene como efecto la inversión de la carga de la prueba, el accionante en reivindicación debe demostrar que su título es perfecto para acreditarle la propiedad, pues de lo contrario, debe sucumbir su acción a pesar de la confesión, tal como será declarado en la parte dispositiva de la sentencia. ASÍ SE DECIDE.-“

Por los razonamientos expuestos, declaró con lugar el recurso de apelación intentado por el apoderado judicial de los ciudadanos María Ramona Díaz de Maldonado, Jhony Jesús Maldonado Díaz y Yuly Carina Boscán Ciro, contra la sentencia emitida el 27 de septiembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo de esa Circunscripción Judicial, en el juicio seguido contra los recurrentes por el ciudadano José Gonzalo Palencia Veloza. Como consecuencia de la anterior declaratoria, revocó en todas sus partes la sentencia apelada, declaró sin lugar la acción de reivindicación del inmueble incoada por éste contra aquellos.

III

Intervención del tercero intervIniente

Manifestó la ciudadana Ramona Díaz Peña de Maldonado, en la oportunidad de celebrarse la audiencia constitucional, que rechazaba los hechos narrados por el recurrente, por cuanto los mismos no se ajustaban a la verdad, en virtud de que en la sentencia de la segunda instancia existen dos presupuestos: uno sustantivo y uno procesal.

Que del elemento procesal pudiera considerarse que los codemandados quedaron confesos, por hechos que no son materia de análisis, pero que al apelar y al ingresar en segunda instancia, hubo un análisis sustantivo, considerando que el documento de propiedad producido por el demandante como título de propiedad, no era suficiente, pues el demandante se atribuye la única y exclusiva propiedad del inmueble cuya reivindicación se demandó y del documento mismo se evidencia que lo que compró fueron derechos y acciones, que a la vez fueron adquiridos por herencia, lo cual presupone la existencia de copropietarios del inmueble referido.

Que también existe un documento de aclaratoria, en el cual no se señala que se vende un inmueble, sino derechos y acciones, por lo que el juez de la causa, se basó en lo que existía en los autos, sin sacar convicciones extrañas al proceso; que el Juez si objetó la falta de cualidad del demandante, pues no se verificaron cuestiones previas, solo, revisó el documento fundamental de la acción, y en vista de que el actor no tiene prueba que demuestre la plena propiedad del inmueble objeto de la reivindicación, sino que es propietario de derechos y acciones, declaró sin lugar la demanda, por lo que la sentencia impugnada está ajustada a derecho.

IV

De la Sentencia Apelada

Celebrada como fue la audiencia constitucional el 7 de junio de 2006, sólo con la comparecencia de la apoderada actora y una de las co-demandadas en el juicio donde se produjo la actuación supuestamente lesiva, asistida de abogado, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida declaró “inadmisible” la acción propuesta, y publicó el texto íntegro el 14 de junio de 2006, con el siguiente fundamento:

En cuanto a la procedencia, señaló que en relación con la acción de amparo contra decisiones judiciales, estipulada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, nuestro Máximo Tribunal en pacífica y reiterada doctrina, ha sostenido que tal acción procede no solamente cuando el Tribunal actuando fuera de su competencia, viole un derecho o garantía constitucional, entendida ésta competencia en el sentido de usurpación de funciones o abuso de autoridad, sino también cuando provea contra la cosa juzgada, lesionando el derecho a la defensa e irrespetando de cualquier forma la garantía del debido proceso.

Seguidamente, citó jurisprudencia referida a la improcedencia de la acción de amparo, cuando se trataba de cuestionar supuestos errores de juzgamiento cometidos por los juzgadores.

Sostuvo luego que ese Tribunal, haciendo suyos los precedentes jurisprudenciales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenidos en los fallos que reprodujo parcialmente, y, a la luz de sus postulados, procedía a decidir la presente acción, a cuyo efecto consideró que la denuncia de violación de los derechos constitucionales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que, según los alegatos señalados por el accionante en su escrito libelar, le ocasionó la sentencia de segunda instancia impugnada, como consecuencia de los supuestos errores de valoración y de juicio que, según su criterio, contiene la misma, no puede ser considera bajo el contexto del presente procedimiento de amparo constitucional, ya que ello implicaría resolver sobre la interpretación y aplicación de normas de rango legal, lo cual excede del objeto de la acción extraordinaria y por ende de la jurisdicción del Juez de Amparo.

Que efectivamente, la pretensión del quejoso de que ese Tribunal profiera un pronunciamiento sobre violaciones de normas de rango legal, le daría a la acción de amparo un contenido y alcance diferentes a los señalados por la Constitución y la ley especial, pues el control de la legalidad de las decisiones judiciales sólo puede ser ejercido mediante el empleo de los recursos ordinarios y extraordinarios que con tal objeto ha consagrado el legislador.

Que, en el caso de autos, el recurrente le imputa a la sentencia cuestionada vicios propios de ser denunciados por medio del recurso de casación, pero no a través de una acción de amparo constitucional. En este sentido adujo que los errores in procedendo de falsa suposición y de incongruencia y los errores in iudicando, relativos a la falta y falsa aplicación de normas legales que, según el accionante, vician de nulidad el fallo recurrido, constituye materia propia a ser resuelta por nuestro más Alto Tribunal, mediante el ejercicio de un recurso de casación por defecto de actividad y errores de juicio, contemplados en el artículo 313, ordinales 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil, y no a través de la vía del amparo constitucional.

Que con la instauración de la presente acción de amparo, bajo el eufemismo de violaciones de derechos y garantías constitucionales, lo que en realidad pretende el querellante es la obtención de una tercera instancia en la que se decida sobre la legalidad de dicho fallo, en sustitución del recurso de casación que, por razón de la naturaleza del juicio, no resulta admisible como medio de impugnación de dicha decisión.

Que en el caso sub-examine, no se censura realmente la constitucionalidad de la sentencia impugnada, sino su legalidad, y de manera más específica, el razonamiento jurídico del Juez que la declaró, el cual, según los alegatos del quejoso, es erróneo, puesto que el sentenciador se abstuvo de aplicar en tal decisión los preceptos legales aplicables a dicho procedimiento.

Que lo perseguido por el quejoso ante este Juez constitucional, es la revisión ex novo de un pleito ya totalmente decidido por una sentencia definitiva, donde lo que se plantea como thema decidendum del procedimiento de amparo no es la violación flagrante, directa e inmediata de derechos y garantías de rango constitucional, sino infracciones de carácter legal supuestamente cometidas por un órgano judicial, materia ésta que resulta total y categóricamente ajena a la finalidad para la cual fue creada la acción extraordinaria de amparo constitucional.

Con fundamento en las consideraciones expuestas y, específicamente, porque se pretende utilizar la presente acción de amparo como una tercera instancia, como mecanismo de control de la legalidad de la sentencia cuestionada y en sustitución de recursos que en el presente caso la ley no prevé, el Tribunal de primera instancia desestimó, por improcedentes, las denuncias de violación de los derechos constitucionales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que, según los alegatos que el accionante señala en su escrito libelar, ocasionó la sentencia de segunda instancia impugnada, manifestadas por éste en apoyo de la acción de amparo interpuesta.

En tal virtud, el juzgador concluyó que el Juez que profirió el fallo impugnado en amparo, no actuó fuera de su competencia, ni con abuso de poder, ni tampoco lesionó derecho o garantía constitucional alguna, sino que, en ejercicio de la competencia funcional y material de que estaba investido, se circunscribió a dirimir en segunda instancia la controversia que le fue deferida legalmente, en virtud de la apelación interpuesta por la parte demandada, contra el fallo dictado por el a quo; que dicho recurso fue sustanciado conforme al procedimiento legalmente establecido al efecto, en el curso del cual ambas partes y, en especial, el quejoso, participaron haciendo uso de los medios defensivos que consagra la ley, siendo finalmente declarado con lugar.

Incontinenti, estableció el juzgador que “…no obstante la decisión contenida en el auto de fecha tres (03) de mayo del presente año, mediante la cual admitió la presente acción de amparo constitucional, en virtud de que los principios relativos a la admisibilidad de la misma en este procedimiento especial, facultan al juzgador para reexaminar y reformular sus propias decisiones relacionadas con tal admisibilidad, considera que la acción de amparo propuesta resulta inadmisible, y como tal debe ser desestimada, como en efecto así se hará en la parte dispositiva de esta sentencia”. Por las razones expuestas, declaró inadmisible la acción.

V

Competencia

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores y de las Cortes de Apelaciones que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo –a excepción de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo- ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones, se rigen tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000).

De manera que, de acuerdo a estas últimas interpretaciones y al contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le corresponde a esta Sala conocer de la apelación, que interpuso libremente la defensa de la parte actora, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Así se declara.

VI

Motivaciones Para Decidir

Observa la Sala que la presente acción de amparo constitucional fue ejercida por el ciudadano José Gonzalo Palencia Veloza, contra la sentencia dictada, el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, que declaró con lugar la apelación interpuesta por los ciudadanos Ramona Díaz Peña, Jhonny Maldonado y Linda Rosales contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con motivo del juicio de reivindicación incoado por el accionante contra los referidos ciudadanos.

El fundamento de la tutela solicitada es la pretendida violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, a que se refieren los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Es el caso que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando como primera instancia constitucional, luego de celebrada la audiencia constitucional, a la que asistieron las partes para exponer sus alegatos, declaró inadmisible la acción ejercida.

Ahora bien, para decidir la Sala observa que la actuación considerada lesiva proviene de la revocatoria que realizara el tribunal señalado como agraviante, actuando como alzada, del fallo dictado por la primera instancia, que había declarado con lugar la acción civil a la que se ha hecho referencia, sobre la base de una confesión ficta que se había producido en la causa, por la contumacia de los codemandados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía,  consideró que si bien no se produjo contestación a la demanda, era menester examinar si se daban los presupuestos que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, hacían procedente la acción reivindicatoria.

Al respecto, la actuación indiciada señaló cuanto sigue:

“…para que prospere la acción reivindicatoria prevista por el artículo 548 del Código Civil, antes parcialmente trascrito, el demandante debe demostrar, en juicio, de manera concurrente los dos requisitos siguientes: 1) que él es realmente propietario de la cosa que pretende reivindicar; y 2) que la cosa de que él se dice propietario es la misma que detenta o posee indebidamente el demandado. Al ser concurrentes si falta alguno de estos requisitos la acción reivindicatoria no prosperará.

Acerca del primer requisito, la doctrina se ha pronunciado en los términos siguientes:

‘… es indispensable que este título esté plenamente dotado de eficacia jurídica, para hacer indudable el derecho de propiedad que invoca el actor. La acción reivindicatoria constituye una acción útil que sólo al propietario es conferida. Messineo, al determinar lo que el reivindicante debe demostrar, se refiere a que esta demostración debe comprender ‘el fundamento del propio derecho’, lo que significa que ‘para quitar la posesión a otro, necesita demostrar la anterioridad del propio derecho al poseedor’ (onus petitorio); y dice también que la prueba incumbe al propietario, porque el poseedor es demandado y nada debe probar para conservar la posesión… Mas no ha de ser suficiente para sustentar el derecho del actor la presentación de un título cualquiera, aunque esté registrado y no sea nulo por defecto de forma. Al actor le basta probar su propio dominio cuando el título de adquisición es originario; pero cuando es derivado, tiene que probar, además el dominio de sus antecesores. Y al respecto debe recordarse lo afirmado por Planiol: ‘La carga de la prueba recae sobre el actor, quien deberá probar el derecho de propiedad que pretende le corresponde; no bastará que demuestre la carencia de derecho del demandado…’ (Perera Planas, N. 1992. Código Civil Venezolano, pp. 298 y 299).

Asimismo, la jurisprudencia de la casación venezolana, en cuanto a este requisito ha establecido:

‘Para la existencia del derecho de propiedad, suficiente para obtener la posesión en reivindicación, es necesario que el reclamante que se considere propietario compruebe también que su causante tuvo igualmente ese derecho. En la acción reivindicatoria que versa sobre la propiedad, y no sobre la posesión, los reivindicantes, aun de buena fe, deben comprobar el origen de su título’. (Ramírez y Garay CS2DF. 23-2-60. T.I. Pág.196s, tomado de Perera Planas, N. 1992. Código Civil Venezolano, pp. 298 y 299)

En cuanto al segundo requisito, identificación de la cosa, la doctrina enseña:

‘…en cuanto a la acción reivindicatoria, cabe invocar normas especiales sobre identidad que han elaborado la jurisprudencia y la doctrina. Estas normas pueden resumirse en que el accionante en reivindicación debe comprobar que son una misma cosa aquella determinada en el libelo, de la cual se pretende propietario, y la poseída por el demandado. Para establecer la identidad de un inmueble, es suficiente determinarle por su situación, medidas, linderos y algunas otras circunstancias que tienden a individualizarlo, ya que identificar, etimológicamente, equivale a singularizar, a hacer que algo aparezca distinto de todo lo que se le asemeje. Pero, además de esta singularización, el actor debe precisar en autos que el inmueble reivindicado es el mismo que posee el demandado. Es como una segunda fase, más específica, de la tarea de identificación impretermitible para que el accionante no sucumba en su pretensión…’ (Perera Planas, N. 1992. Código Civil Venezolano, pp. 298 y 299).

De conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba corresponde a la parte actora.

Para determinar si los presupuestos antes nombrados han sido cumplidos por la parte demandante, este Juzgador debe enunciar, analizar y valorar el material probatorio cursante de autos. Así se observa”.

Si bien esta Sala comparte lo expuesto en el texto trascrito, no así lo señalado por el supuesto agraviante, al resolver, sobre la base del material probatorio aportado por la parte actora, única que hizo uso de su derecho de probar en el proceso, concluyendo que el accionante no era único propietario del inmueble a reivindicar.  En tal sentido, determinó:

“…

Como se observa, el actor que se afirma propietario exclusivo del lote de terreno que pretende reivindicar, según se deduce del instrumento fundamental de su acción es solo propietario de una porción del lote de terreno, pues del mismo título se desprende que el lote de terreno en su totalidad pertenece a una comunidad pro indivisa.

Dicha comunidad, puede deducirse del mismo título que invoca el actor como propietario, pues allí sus vendedores indican que le dan en venta los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno, ‘…el cual forma parte de uno de mayor extensión…’.

Asimismo, dicha situación de comunidad pro indivisa, puede deducirse hasta que no se demuestre lo contrario, del título de adquisición de los vendedores del actor (causantes) pues este deriva de un testamento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Mérida con el Nro. 01, folio 01 al 05, Protocolo Cuarto de fecha 17 de agosto de 1954.

Así las cosas, en el caso de la presente acción ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, está (sic) reclamando para si (sic) el reconocimiento de una propiedad que no le corresponde exclusivamente, pues no puede como comunero materializar su cuota parte en una determinada porción del lote de terreno.

            …omissis…

Como se observa, de la sentencia antes parcialmente trascrita, la cual acoge plenamente este Juzgado de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, no es posible para el propietario de derechos y acciones sobre un bien que se encuentre en comunidad pro indivisa, demandar reivindicación del mismo alegando su propiedad exclusiva sobre la cosa, debido a que no le es posible materializar su cuota parte en una determinada porción del lote de terreno.

Es decir, si la acción reivindicatoria del propietario singular o único persigue un pronunciamiento judicial que ordene la restitución de la cosa en su totalidad, cuando existen comuneros esa pretensión implicaría la negación del dominio de los demás copropietarios y la liquidación de la comunidad misma.

De otra parte, de la revisión detenida del libelo de la demanda, como se dijo, el accionante ciudadano JOSÉ GONZALO PALENCIA VELOZA, se afirma propietario de la totalidad del lote de terreno allí identificado y con tal carácter demanda la reivindicación del mismo.

Distinta situación se plantearía, si el actor afirmándose en el libelo copropietario o comunero del lote de terreno, hubiere intentado la demanda como actor sin poder de sus condominos (ex artículo 168 del Código de Procedimiento Civil), pues en este caso, su cualidad activa se habría correspondido con la titularidad del derecho o del interés jurídico controvertido.

Ahora bien, en virtud que la representación sin poder debe invocarse en forma expresa y no surge de manera espontánea, no puede considerarse que en el presente juicio el demandante (…), hubiere procedido como actor sin poder de sus condominos.

Dicho esto, por cuanto del título invocado por el actor, y que es objeto de análisis, no surge que sea el propietario exclusivo del bien inmueble que pretende reivindicar, se puede concluir que el accionante no ha demostrado plenamente este requisito de procedibilidad de la acción reivindicatoria.

En consecuencia, este Juzgador, desestima la prueba analizada por impertinente. ASÍ SE ESTABLECE.-

…omissis…”

En efecto, la Sala estima oportuno indicar al respecto que los vicios que le endilga el hoy accionante en amparo al fallo impugnado, que se ha transcrito parcialmente, se refieren a que éste desconoce su condición de único y exclusivo propietario del bien que se pretende reivindicar; aunado ello a la circunstancia de que el sentenciador suple defensas a la parte demandada, toda vez que el alegato expuesto por la sentencia para desestimar su pretensión no fue realizado por esta parte ni fue objeto del debate procesal; de allí que estime que por cuanto no formó parte del thema decidendum, no se permitió nunca desvirtuar tal alegación con argumentos o pruebas que le hubiesen permitido demostrar lo contrario.

A juicio de esta Sala el demandante en amparo, tenía graves razones para solicitar la tutela constitucional, pues en efecto a través del pronunciamiento cuestionado le fueron violados sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva e incluso, a pesar de no haberlo alegado, con tal decisión se violó también al demandante el derecho de propiedad,  objeto del juicio primigenio, considerando que, cuando se le desconoce la titularidad del derecho de propiedad al quejoso de manera mediata se le priva de su garantía y, en consecuencia, de la defensa de este derecho, que sólo podía lograr a través de la acción reivindicatoria.

Tal aseveración de la Sala se basa en que el tribunal señalado como agraviante dio por demostrado un hecho con su sola interpretación del instrumento mismo de donde pretende derivarlo. En efecto, el fallo cuestionado se fundamenta para afirmar que el demandante no es el exclusivo y único propietario del bien inmueble objeto de la demanda de reivindicación, en el documento de compra venta registrado que acredita su propiedad, pues en criterio del sentenciador del mismo “…se puede constatar que el actor adquiere de los vendedores ciudadanos JOSEFA SALAZAR DE SALAZAR, PEDRO PASCUAL SALAZAR y MARÍA SALAZAR APONTE, ‘…los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno en forma de L de su propiedad…’. Por ello asegura que “…la prueba analizada carece de valor probatorio a los fines de demostrar la propiedad exclusiva sobre el lote de terreno que el actor pretende reivindicar.” (resaltado de la Sala).

Ahora bien, el referido instrumento, registrado el 14 de mayo de 2002, es del tenor siguiente:

“JOSEFA SALAZAR DE SALAZAR; PEDRO PASCUAL y MARIA SALAZAR DE APONTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-651.707; V-3.000.197 y V-3.000.198, respectivamente, viuda la primera y casados los segundos, hábiles y de éste domicilio, por medio del presente documento declaramos: Que damos en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano JOSÉ GONZALO PALENC1A VELOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V-11.911.051,casado, comerciante, de este domicilio y civilmente hábil, los derechos y acciones que poseemos, sobre un lote de terreno en forma de L de nuestra propiedad, ubicado en la parte alta del sector alta vista, al finalizar la vía asfaltada al lado derecho, Jurisdicción de la Parroquia Héctor Amable Mora, Municipio Autónomo Alberto Adriani del Estado Mérida y cuyos linderos particulares son los siguientes: POR EL FRENTE: En una extensión de veintiséis metros (26 mts) con terrenos de la Sucesión Salazar, con callejón de entrada a la familia Díaz; POR EL LADO DERECHO: En una extensión de setenta metros (70 mts) con bienhechuria del señor Gabino Fernández; POR El FONDO: En una extensión de cincuenta y cinco metros (55 mts), con terrenos de la Sucesión Salazar y mejoras de Benito Angulo; POR EL LADO IZQUIERDO: Desde el fondo hacia el frente en una extensión de veintiséis metros (26 mts) y cruzando hacia la derecha en línea recta en una extensión de veintitrés metros (23 mts), cruzando nuevamente, hacia el frente en una extensión de cuarenta y siete metros (47 mts) con terrenos de la sucesión Salazar y bienhechurías de la familia Díaz, quedando, así cerrados los linderos de dicho lote de terreno el cual forma parte de uno de mayor extensión, cuyos linderos generales son los siguientes: Principiando en el río chama, en la desembocadura de la quebradita que sirve de lindero a las tierras de San Pedro, se subirá por ellas en línea recta al viso de quisná y continuando por la cuchilla arriba, se pasará por el alto del zai-zai y luego por pozo morón y el alto del verde, siguiendo por la cuchilla de belén se llegará al camino de Santa Rosa en el lindero de la sabana y continuando por él hasta el alto de los cazaderos, se tomará desde este punto en línea recta, mirando un volcán que hasta al otro lado del río cacique y bajando por dicho río, hasta su confluencia con la quebrada de la Caña Brava, se continuará por una línea recta que pasando por el pie de mesa alta que es la última que se encuentra bajando a la tierra llana, se continuará la línea recta hasta el río chama y subiendo por éste quedarán cerrados los linderos donde se principiaron. Dichas tierras nos pertenecen según se evidencia de testamento debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna del Distrito Sucre del Estado Mérida, en fecha diecisiete (17) de agosto del año 1954, bajo el número 01, folios 01 al 05, Protocolo Cuarto y documento de compra a JOSE ARCENIO RONDÓN CAMACHO, protocolizado por la Oficina Subalterna del Distrito Alberto Adriani del Estado Mérida, en fecha 14 de Enero de 1970, bajo el número 02, folios 03 al 06, Protocolo Primero, Tomo Primero. El precio de la venta es por la cantidad de UN MILLÓN DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) que hemos recibido a nuestra entera y cabal satisfacción, en dinero de circulación legal en el país; por lo que todos sus usos, servidumbres y costumbres que por ley o títulos anteriores le correspondan o pueden corresponder y dejando a salvo derechos de terceros. Y yo, JOSE GONZALO PALENCIA VELOZA, anteriormente identificado, declaro que: Acepto la venta que por el presente documento se me hace en los términos y condiciones expuestos. Así lo decimos otorgamos y firmamos, en la fecha de la nota respectiva. (firmado)”.

El Tribunal señalado como agraviante explica que “…el actor que se afirma propietario exclusivo del lote de terreno que pretende reivindicar, según se deduce del instrumento fundamental de su acción es solo propietario de una porción del lote de terreno, pues del mismo título se desprende que el lote de terreno en su totalidad pertenece a una comunidad pro indivisa”.  Que “[d]icha comunidad, puede deducirse del mismo título que invoca el actor como propietario, pues allí sus vendedores indican que le dan en venta los derechos y acciones que poseen sobre un lote de terreno, ‘…el cual forma parte de uno de mayor extensión…’.”.

Así las cosas, concluye el sentenciador indicando que “…por cuanto del título invocado por el actor, y que es objeto de análisis, no surge que sea el propietario exclusivo del bien inmueble que pretende reivindicar, se puede concluir que el accionante no ha demostrado plenamente este requisito de procedibilidad de la acción reivindicatoria”.

Observa la Sala que el juzgador realiza una afirmación en cuanto a la propiedad del bien, que pretende extraer únicamente de la copia certificada del documento registrado consignado por el actor y, tal argumento, que apenas surgió para el juzgador de la segunda instancia -de una importancia fundamental- determinó la decisión final adoptada que desestimó la pretensión de éste, máxime cuando se trataba de un juicio en el que no hubo contradictorio en la primera instancia en razón de la confesion ficta  que operó por la contumacia de los demandados, la cual fuera declarada en la primera instancia.

Si bien es cierto que en el documento se expone que se venden derechos y acciones sobre un terreno cuya descripción realizan de manera inequívoca, no se evidencia así, del contenido íntegro del documento y de los términos en que fue redactado que, el mismo sea comunero, como lo apreció el juzgador.

El Juzgador parece deducir el objeto de propiedad del hecho de que el actor alegó que lo que se pretende reivindicar es “…un terreno de cien metros cuadrados (100 mts.2), que es parte de la mayor extensión de terreno de su única y exclusiva propiedad, consistente en un lote de terreno en forma de ‘L’…”, es decir, que no toda la extensión de terreno que le fue vendida por el documento que consignó conjuntamente con el libelo  de la demanda está siendo reivindicada, sino sólo una parte, o lo que es lo mismo, que solo una parte del terreno cuya propiedad acreditó se encuentra ocupado o en posesión de los demandados.

Aunado a ello, es evidente que el actor no pudo desvirtuar en primera instancia argumentos que sólo realizó el juzgador de la segunda instancia, pues se insiste, en la primera instancia lo expuesto supra nunca fue objeto de debate. Tal afirmación la realiza esta Sala por cuanto el fallo cuestionado expresa:

“…dicha situación de comunidad pro indivisa, puede deducirse hasta que no se demuestre lo contrario, del título de adquisición de los vendedores del actor (causantes) pues este deriva de un testamento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Mérida con el Nro. 01, folio 01 al 05, Protocolo Cuarto de fecha 17 de agosto de 1954“.

Se pregunta esta Sala en cuál oportunidad podía el actor demostrar lo contrario si ello no fue un alegato de su contraparte y nunca tuvo oportunidad de desvirtuarlo, tan desacertada aseveración no puede sino derivar en un proceso injusto.

No obstante, esta Sala no desconoce los poderes que poseía el juez de la Alzada para pronunciarse sobre este aspecto, pues el poder revisorio sobre la sentencia apelada le obligaba a analizar tal extremo, esto es, la propiedad del actor sobre la cosa que se pretendía reivindicar, aun cuando había operado la confesión ficta del demandado, por ello juzga este Alto Tribunal que si bien no hubo violación del derecho a la defensa ni al debido proceso –como lo alegó el quejoso-, pues se insiste el análisis efectuado por el juzgador para que prosperara la pretensión del actor en el juicio principal requería de la revisión exhaustiva de los presupuestos de procedencia de la acción de reivindicación, para lo cual el juzgador de la segunda instancia se encuentra absolutamente habilitado, salvo límites precisos como la reformatio in peius o el principio de la personalidad de los medios impugnativos.

Por ello, no pretende la Sala invadir con la presente acción de amparo la libertad de la que gozan los jueces al interpretar el derecho y valorar las pruebas, ni tampoco enjuiciar los errores de juzgamiento que los mismos cometen al ejercer la función jurisdiccional,  pero si está obligada a intervenir  sólo cuando con tal proceder se desconocen derechos fundamentales del ciudadano, para garantizar la tutela de éstos. Así ha sido demandado por el quejoso y ha sido reconocido por esta Sala, que ya en varias oportunidades ha dejado establecido tal criterio en los siguientes términos:

 “(...) la situación jurídica del ciudadano es un concepto complejo, en el que destacan derechos y deberes, pero la acción de amparo tutela un aspecto de la situación jurídica del ciudadano que son sus derechos fundamentales, pues la defensa de los derechos subjetivos -diferentes a los derechos fundamentales y las libertades públicas- y los intereses legítimos, se realiza mediante recursos administrativos y acciones judiciales. Por ejemplo, no es lo mismo negar la posibilidad a un ciudadano de tener la condición de propietario, que una discusión acerca de la titularidad de un bien entre particulares, cuya protección se ejerce mediante una acción judicial específica: la reivindicación. Pero, si se niega a un ciudadano su derecho a defender su propiedad, se le niega un derecho fundamental, cuyo goce y ejercicio debe ser restituido.

 Esto trae como consecuencia, que en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una  violación directa de la Constitución...”. (Destacado de este fallo) (Vide sentencia Nº 237 del 20 de febrero de 2001 (Caso: Alimentos Delta C.A.), que ratificó el criterio expuesto en la sentencia Nº 828 del 27 de julio de 2000 (Caso: Seguros Corporativos C.A. y otros).

Asimismo, en sentencias dictadas el 3 de mayo de 2004 (caso: “Italian Furniture, C.A.”), 27 de julio de 2000 (caso: “Segucorp”) y 4 de abril de 2001 (caso: “Cilo Antonio Anuel Morales”), esta Sala reiteró cuanto sigue:

“(…) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución (…)”. (Destacado de este fallo)

De igual manera, en sentencia del 19 de marzo de 2002 (caso: “Salvador Rodríguez Fernández”), se señaló que:

“(…) la valoración de las pruebas forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, dentro del marco de la Constitución y de las leyes, al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole flagrantemente derechos o principios constitucionales (…). (Negrillas del original y subrayado del presente fallo)

En tal sentido, esta Sala en la sentencia citada supra, también indicó:

“La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él. La Administración puede tomar erradamente una decisión sobre unos bienes, pero esto no significa que le prive al dueño el derecho de propiedad. Se tratará de una restricción ilegal que originará acciones del perjudicado, pero no la de amparo, al no quedar cercenado el derecho de propiedad del dueño.

Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión.

Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido”.

          

Por las razones expuestas, y en virtud de las violaciones que produjeron la actuación señalada como lesiva a los derechos constitucionales del accionante, relativos a la tutela judicial efectiva y a la propiedad, debe esta Sala otorgar al accionante el amparo a los derechos y garantías constitucionales que le han sido vulnerados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se declara procedente la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

No obstante la lesión constitucional aludida, no fue ese el criterio sostenido por la apelada, que consideró que el accionante en amparo lo que pretendía a través del ejercicio de la acción de amparo constitucional era “…la revisión ex novo de un pleito ya totalmente decidido por una sentencia definitiva, donde lo que se plantea como thema decidendum del procedimiento de amparo no es la violación flagrante, directa e inmediata de derechos y garantías de rango constitucional, sino infracciones de carácter legal supuestamente cometidas por un órgano judicial, materia ésta que, como ya se señaló, resulta total y categóricamente ajena a la finalidad para la cual fue creada la acción extraordinaria de amparo constitucional”. Que se pretendía utilizar la acción de amparo como una tercera instancia, como mecanismo de control de la legalidad de la sentencia cuestionada y en sustitución de recursos que en el presente caso la ley no prevé”, razón por la que desestimó de manera errada el amparo que le fue solicitado. Actuación ésta que la Sala cuestiona vista la entidad de la infracción antes reseñada, lesiva a los derechos constitucionales del demandante. En tal virtud esta Sala declara con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte accionante contra el fallo emitido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 14 de junio de 2006 y, en consecuencia, revoca el mismo y ordena la reposición de la causa al estado en que un juzgado de primera instancia, actuando como alzada, analice la apelación inicialmente ejercida por los terceros interesados en este proceso de amparo contra la sentencia del Juez de municipio que había declarado con lugar la demanda de reivindicación ejercida por el hoy accionante en amparo. Así se decide.

Por último, esta Sala encuentra necesario advertir al a quo constitucional sobre la distinción entre los términos inadmisibilidad e improcedencia, pues en sentencia nº 3136/2002, caso: Elvia Rosa Reyes de Galíndez, ratificada en decisiones números 992/2005; 1744/2005; 4585/2005 y 5067/2005 entre otras, esta Sala ha asentado:

“En efecto, se debe distinguir la figura de la inadmisibilidad con respecto a la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por las consecuencias también disímiles que derivan de su declaratoria judicial: admisibilidad y procedencia. En cuanto al primer término, la «admisibilidad de la pretensión», se encuentra referido al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de orden público) que permitan su tramitación, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público, lo cual impide que se declare la inadmisibilidad de la acción bajo un supuesto ajeno al establecido expresamente en la ley.

Por su parte, la procedencia se refiere a un análisis ya del fondo del asunto, supone una confrontación entre la pretensión aducida y el derecho aplicable que conlleva a la declaratoria con lugar o sin lugar de la acción interpuesta.  Sin embargo, la Sala, atendiendo a la economía procesal, por una parte, y al carácter taxativo y de orden público de las causales de inadmisibilidad, por la otra, en las acciones de amparo ha venido declarando la improcedencia, in limine litis, de las acciones que si bien cumplen con los requisitos de admisibilidad estatuidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin embargo, de un análisis previo del fondo del asunto se evidencia la falta de empatía entre la pretensión aducida y el derecho aplicable, ello para evitar que se instaure un proceso que desde el inicio resulta evidente su improcedencia con el respectivo coste procesal que se erigiría, bajo tal supuesto, como inútil”.

  

Ello así, constata esta Sala el error en el que incurrió el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, al declarar inadmisible la presente acción de amparo, sin fundamento en ninguna causal legal,  y emitir, en su análisis, consideraciones de fondo, pues juzgó que no había infracciones de carácter constitucional. Por tal razón, esta Sala censura tal actuación del juzgado a quo y le advierte que en lo sucesivo deberá abstenerse de conducirse en sus decisiones en la forma expuesta. Así se declara.

VII

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO.- CON LUGAR el recurso de apelación intentado por la apoderada judicial del ciudadano José Gonzalo Palencia Veloza.

SEGUNDO: REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 14 de junio de 2006, que declaró inadmisible la aludida acción de amparo.

TERCERO: CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por el referido ciudadano contra la decisión dictada el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

CUARTO: Se ordena al juzgado de primera instancia correspondiente previa distribución que, como alzada del Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, analice la apelación inicialmente ejercida por los terceros interesados contra el fallo emitido por el referido Tribunal, el 22 de septiembre de 2004.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al tribunal de origen.

            Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 26 días del mes de  abril  de dos mil siete (2007). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,      

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Francisco A. Carrasquero López

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                Ponente

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

José Leonardo Requena Cabello

Exp Nº: 06-1018

CZdeM/megi.-

Quien suscribe, Jesús Eduardo Cabrera Romero, salva el voto, con relación al fallo que antecede por las siguientes razones:

El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que quien no conteste la demanda se le tendrá por confeso, si en el término probatorio no prueba nada que le favorezca, se refiere a la aceptación de una cuestión fáctica, cual es que los hechos afirmados por el accionante son ciertos.  Tal aceptación no involucra el derecho, pues conforme al principio iura novit curia, es el juez quien califica el derecho.  De allí, que pueda declarar sin lugar la demanda si ella es contraria a derecho (artículo 362 citado)

Para reivindicar un bien, quien demanda tiene que alegar ser propietario del bien.

La propiedad es un concepto jurídico que corresponde al juez calificar, y la inasistencia del demandado a contestar, la demanda, no significa que éste acepta el derecho que funda la demanda.

Los elementos fácticos de la propiedad deben constar en autos inequívocamente, para que el juez de la causa, debido a la inasistencia del demandado a contestar la demanda, los considere confesados.

Ahora bien, la demanda será declarada con lugar si siendo ella ajustada a derecho, el demandado no prueba nada que lo favorezca, por lo que esa carga de la prueba le corresponde, pero debido al principio de comunidad de la prueba, puede suceder que pruebas aportadas por el actor favorezcan al demandado, con lo que surge la probanza de algo que lo favorezca.

En el caso de autos, el demandante aportó documentos (medios de prueba), según los cuales él compraba derechos, no la totalidad de la propiedad, y el juez –en su libertad de apreciar las pruebas-  consideró que de las pruebas del accionante estaba demostrando que el no era el propietario del terreno a reivindicar, sino que sólo tenía derechos sobre él, por lo que tal declaración proveniente del documento fundamental, favorecía al demandado y así lo interpretó el juzgador, y no reconoció por tanto que los elementos de hecho que permitían tener al demandante como propietario único del bien, se habían dado, motivo por el cual declaró sin lugar la reivindicación.  En criterio de quien suscribe, lo hizo ajustado a derecho.

Por estos motivos, disiento del criterio de la mayoría, en este fallo.

En Caracas, a la fecha ut supra.

La Presidenta de la Sala,

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Disidente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

Pedro Rafael Rondón Haaz

Francisco Carrasquero López

Marcos Tulio Dugarte Padrón

Carmen Zuleta de Merchán

Arcadio Delgado Rosales

El Secretario,

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 06-1018

V-S Dr. JECR