Sentencia nº 258 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Julio de 2013

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Magistrado Ponente Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

Con fecha doce (12) de noviembre de 2012, es recibido ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, RECURSO DE CASACIÓN suscrito y presentado por la ciudadana abogada ZAIDA JOSEFINA MONSALVE SÁNCHEZ, Defensora Pública Décima Sexta Penal adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Lara (extensión Barquisimeto), en representación del ciudadano JOSÉ ENRIQUE PÉREZ YÉPEZ, cédula de identidad 15447927.

Actuación dirigida contra decisión dictada el nueve (9) de agosto de 2012  por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, integrada por YANINA BEATRIZ KARABÍN de DÍAZ (presidenta-ponente), JOSÉ RAFAEL GUILLÉN COLMENÁRES y FRAY GILBERTO ABAD VÉLIZ, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra sentencia proferida el quince (15) de marzo de 2012 por el Juzgado Segundo de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que condenó al prenombrado ciudadano a cumplir la pena de ocho (8) años de prisión, bajo la participación criminal de AUTOR por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE DROGAS, tipificado en el artículo 149 (segundo aparte) de la Ley Orgánica de Drogas.

Recurso que no fue contestado en su oportunidad, al cual se le dio entrada en la misma fecha, asignándosele el número de causa AA30-P-2012-000370, y como ponente a la Magistrada Dra. BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN. Asumiendo la ponencia la Magistrada Dra. ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENÁREZ, en virtud de la vacante absoluta producida por la expiración del período constitucional de la prenombrada Magistrada.

Reasignándose la ponencia el dos (2) de mayo de 2013 al Magistrado Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En virtud de ello, y habiendo sido designado para emitir pronunciamiento sobre el presente recurso de casación,  se resuelve en los términos siguientes:        

       

        I

DEL RECURSO DE CASACIÓN

Como consta en las actas de la causa en estudio, la ciudadana abogada ZAIDA JOSEFINA MONSALVE SÁNCHEZ, Defensora Pública Décima Sexta Penal adscrita a la Unidad Autónoma de la Defensa Penal del Estado Lara (extensión Barquisimeto), en representación del ciudadano JOSÉ ENRIQUE PÉREZ YÉPEZ, mediante escrito recursivo recibido en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el doce (12) de noviembre de 2012, planteó recurso sobre la base del artículo 459 (actual artículo 451) del Código Orgánico Procesal Penal, desarrollando dos (2) denuncias.

En la primera denuncia la defensa indicó la falta de aplicación del artículo 116 (actual artículo 118) del Código Orgánico Procesal Penal, y a la vez, agregó la “mala, errónea y ligera” interpretación del artículo 22 eiusdem, especificando:

“En el presente asunto se denuncia la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal…Puesto que la Corte de Apelaciones considera que la decisión del Tribunal de Juicio 2 se encuentra debidamente motivada y esta defensa en contraposición a lo expuesto desde el principio alegó la ilegalidad del procedimiento en razón a que no hubo testigos del mismo arguyendo los funcionarios aprehensores que no había personas que fungieran como testigos en los alrededores, incurriendo de esta forma en negligencia en el desarrollo de sus funciones  ya que la defensa promovió y trajo a juicio testigos que manifestaron el haber estado cerca del lugar sin que fueran tomados como tales y más bien los mandaron a retirar. Se condena a mi defendido sin tomar en cuenta lo que se estuvo discutiendo durante todo el proceso, y es el hecho de que los funcionarios actuantes, así lo señalaron en el acta policial, aun conociendo la necesidad y pertinencia de los testigos instrumentales en el procedimiento no los presentaron aduciendo que las personas se habían alejado del lugar, cuestión esta que fue rebatida por la defensa cuando presenta a declarar a sus testigos y todos son contestes al señalar que estuvieron cerca del lugar del procedimiento y no fueron aceptados para ser testigos, e incluso el ciudadano RUBÉN QUERALES GUTIÉRREZ manifiesta ante el tribunal que se acercó porque lo conoce y quiso ser testigo y le dijeron que se fuera para que no tuviera problemas. Considera esta defensa que la prueba testifical de los funcionarios policiales incorporada a juicio fue demostrativa de la ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO pues cada uno de ellos manifestó de forma directa y sin coacción de ningún tipo que no presentaron testigos instrumentales que avalara el procedimiento…el Funcionario JOSÉ FERNANDO SANTÉLIZ CORTEZ…el funcionario RAFAEL EDUARDO CAMACARO CAÑIZALES…el funcionario ANDRÉS ENRIQUE VIRGÜEZ…Estas declaraciones no deben ser consideradas como elementos [inculpatorios]  por cuanto [por todos son] conocidos los abusos de los cuerpos represivos y la manera como pretenden hacer llegar a los tribunales elementos inexistentes como pruebas incriminatorias de delitos, dejando de lado la interpretación garantista de nuestro proceso penal…Al respecto, considera esta defensa que nos encontramos en presencia de una decisión judicial omisiva e injusta del cumplimiento de las formas, principios y paradigmas más elementales que rigen nuestro sistema procesal penal…Ahora bien, lo que es necesario determinar entonces es, si el procedimiento llevado a cabo por los funcionarios policiales aprehensores, constituye o no un acto ilegal, que al final culminó con una sentencia condenatoria por demás injusta…Ahora bien el juez de cualquier forma debe ser prudente en cuanto a obviar lo acotado en juicio y así evitar crear inseguridad y caos jurídico a consecuencia  de la desobediencia absoluta a las formalidades procedimentales (de los funcionarios policiales en este caso) establecidas en las normas legales que impliquen una violación al debido proceso…De todo lo expuesto se evidencia, sin lugar a dudas que el sentenciador incurrió en una mala, errónea y ligera interpretación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, tergiversando las pruebas testificales propuestas por la defensa, quitándole todo valor a favor de [mi] representado, avalando de esta forma la violación al artículo 116 del COPP”. (Sic). (Mayúsculas  del escrito).

Mientras que, en la segunda denuncia la recurrente destacó “la falta de fundamentación o inmotivación” de la sentencia de la Corte de Apelaciones, señalando:

“La decisión de fecha 09-08-2012 emanada de la Corte de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial…[presenta] inmotivación por cuanto no señala los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta la sentencia de primera instancia, y se limitó a hacer apreciaciones genéricas, cabe destacar que para enjuiciar debe existir los establecimientos de los hechos en base a las pruebas que lo determinen y a su vez, el juez debe aplicar los preceptos...

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