Sentencia nº 543 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 282948675

Sentencia nº 543 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2011

Procedimiento:Acción de Amparo
Ponente:Francisco Antonio Carrasquero López
Número de Expediente:10-1044
Fecha de Resolución:25 de Abril de 2011
Emisor:Sala Constitucional
EXTRACTO GRATUITO

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

Mediante escrito recibido por esta Sala Constitucional, el 22 de septiembre de 2010, el ciudadano JESÚS ALBERTO KAUAM SGAMBATTI, titular de la cédula de identidad Nº V-9.966.329, asistido por el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 50.879, ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de mayo de 2010, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, el 19 de junio de 2009, y decretó el sobreseimiento de la causa; por “violación directa de los artículos 25, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, en el juicio seguido contra el ciudadano Alexis Enrique Aguirre Sánchez por la presunta comisión del delito de injuria agravada continuada.

El 28 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 13 de diciembre de 2010, el abogado Néstor Gustavo Quintero Moncada consignó escrito al cual acompañó el poder que acredita su condición de apoderado judicial del accionante; asimismo, sostuvo que acudía “ante esta digna Sala con el objeto de expresar, en nombre de mi representado, el interés jurídico, legítimo y actual que tiene en que esta Sala Constitucional dicte decisión, mediante la cual admite a trámite la pretensión de amparo constitucional planteada, en aras del restablecimiento de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, como instituciones fundamentales del Estado de Derecho y de Justicia que impera en (sic) República Bolivariana de Venezuela, según lo proclama la Constitución de la República”.

En virtud de la designación de los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado por la Asamblea Nacional en sesión de 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569, del 8 del mismo mes y año, el 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la siguiente manera: Magistrado Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

Efectuado el examen de los alegatos y denuncias planteadas, la Sala pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:

I

ANTECEDENTES

El accionante presentó escrito de acusación privada en contra del ciudadano Alexis Enrique Aguirre Sánchez, por la presunta comisión del delito de injuria, previsto y sancionado en el artículo 444 del Código Penal. Dicha acción fue admitida por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El 19 de junio de 2009, el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia mediante la cual condena al ciudadano Alexis Enrique Aguirre Sánchez  a cumplir pena de un (1) año y dos meses (2) de prisión, por la comisión del delito de injuria agravada continuada en perjuicio del accionante; así como a pagar, por vía de multa, la cantidad de trescientas cincuenta (350) unidades tributarias. Contra dicha decisión fue ejercido recurso de apelación por el ciudadano Alexis Enrique Aguirre Sánchez; correspondiéndole el conocimiento del mismo a la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal quien, el 19 de mayo de 2010, lo declaró con lugar, revocó la sentencia y decretó el sobreseimiento de la causa.

Contra esta última decisión se ejerció la presente acción de amparo constitucional.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La acción de amparo constitucional fue fundamentada en los siguientes argumentos:

Alega que la sentencia accionada en amparo “…no es susceptible de impugnarse mediante el ejercicio del recurso de casación, como medio ordinario predeterminado por la ley, ya que el proceso donde se produjo la misma, se trata de una acusación privada interpuesta por la comisión del delito de INJURIA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 444 segundo aparte, del Código Penal Venezolano, en relación con el artículo 99 eiusdem, el cual prevé prisión de UNO (1) A DOS (2) AÑOS y MULTA de DOSCIENTAS (200) A QUINIENTAS (500) UNIDADES TRIBUTARIAS, es decir, que el delito imputado en la acusación privada, no excede del límite de CUATRO (4) AÑOS, como presupuesto indispensable para poder recurrir en casación…” (Mayúsculas y negritas del accionante).

Que “…al no haber prosperado el recurso ordinario (en razón del quantum pena), la vía de la que se dispone para cuestionar la decisión en comento, dictada por la señalada Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones, no es otra que la pretensión de amparo constitucional…”.

Que “…La conducta desplegada por los Jueces Agraviantes, sin duda echa por tierra la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, la que impone al órgano jurisdiccional, frente a las peticiones de las partes, resolver conforme a derecho, profiriendo decisiones acordes con el debido proceso, las que además deben ser oportunas y adecuadas a la petición elevada a su consideración, lo que no ocurrió en el caso de autos…”.

Se denuncia que la sentencia impugnada “…infringió el contenido del (sic) 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al derecho a la defensa, como expresión del debido proceso, toda vez que el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal (Desarrollo del debido proceso), limita los poderes del Juez de Alzada en materia recursiva, exclusivamente a los puntos de la decisión que fueron impugnados, dejándome así en un absoluto estado de indefensión, al no permitírseme refutar el argumento de que los hechos acusados –en criterio de la Sala- resultan atípicos, vulnerándose así, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, específicamente, el derecho a la defensa, así como el principio del juez natural, previstos en los artículos 26 y 49 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela …”.

Que “…los hoy agraviantes, en razón del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, estaban impedidos de dictar una decisión propia que pusiera fin al proceso, ya que ello implica una modificación de los hechos y de las pruebas establecidas por la Juez de Instancia, violentándose de éste (sic) modo los principios de inmediación y contradicción, pilares fundamentales del debido proceso garantizado constitucionalmente y que desarrolla el Código Orgánico Procesal Penal…”.

Que “…la conducta desplegada por los Jueces integrantes de la Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión de (sic) 19 de mayo de 2010, se apartaron (sic) abiertamente del deber constitucional que les imponía resolver el recurso de apelación propuesto dentro de los límites establecidos, en primer lugar, en el escrito recursivo y en segundo lugar, en el escrito de contestación a dicho recurso, ya que ambas pretensiones, son manifestaciones propias del derecho a la defensa, como bien lo tiene establecido en (sic) el Tribunal Supremo de Justicia, profiriendo una sentencia que se apartó de los puntos cuestionados en el recurso y en la contestación, violando los principios de inmediación y contradicción, pilares fundamentales del proceso penal acusatorio, procediendo de manera anómala a dictar una decisión propia, sin respetar para nada la tutela judicial efectiva, los límites del debido proceso y como expresiones de éste, el derecho a la defensa y el juez natural. Por tanto, es evidente la injuria constitucional en que ha incurrido el fallo en comento…”.

Que “…Este comportamiento observado por la Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituye una violación al debido proceso y como una de sus expresiones al derecho a la defensa, ya que resulta un absurdo jurídico permitir que un Juez de Alzada, que sin haber participado en la sustanciación del acervo probatorio y sin haberse delatado por el recurrente la circunstancia que eventualmente los hechos no revestían carácter penal, es decir, que sin mediar recurso al respecto y además, en contraposición a la conducta desplegada en dos momentos distintos por el Juez de Instancia: i) En la oportunidad a que se contrae el artículo 409 del Código Orgánico Procesal Penal –oportunidad en la cual el Juez valoró que no concurrían (sic) ninguno de los extremos previstos en el artículo 405 eiusdem- y ii) En la oportunidad de dictar sentencia, una vez finalizado el debate oral y público, quien determinó que los hechos sí revestían carácter penal; sin embargo, la Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, arribó a la conclusión que los hechos objeto del proceso resultaban atípicos, lo que la llevó a decretar el sobreseimiento de la causa…”.

Que “…es incuestionable que la Sala...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS