Sentencia nº 284 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Julio de 2016

Procedimiento:Extradición
Ponente:Francia Coello González
Número de Expediente:E16-52
Fecha de Resolución:22 de Julio de 2016
Emisor:Sala de Casación Penal
 
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CONTENIDO

Magistrada Ponente: Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

Mediante sentencia núm. 118, de fecha 7 de marzo de 2016, dictada por esta Sala de Casación Penal, se acordó notificar al Reino de España del término perentorio de cuarenta (40) días continuos con que contaba (luego de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano DAVID RIVERO PULIDO, titular de la cédula de identidad núm. 11.921.658, venezolano, conforme con lo previsto en el artículo 24.4 del Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, quien es solicitado por el Reino de España, según Notificación Roja Internacional identificada con el alfanumérico A-515/1-2016, emanada de la Oficina Central Nacional Madrid (Interpol-España), publicada el 28 de enero de 2016, en virtud de la sentencia condenatoria dictada,  el 13 de julio de 2007, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Santa Cruz de Tenerife (España), por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, tipificado en los artículos 368 y 369, numeral 6° del Código Penal español.

El 17 de marzo de 2016, se recibió, vía correspondencia, el oficio núm. 2936, del  16 de marzo de 2016, enviado por el Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal original de la Nota Verbal núm. 41, del 8 de marzo de 2016, procedente de la Embajada del Reino de España acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, así como la documentación judicial que sustenta la solicitud de extradición del ciudadano David Rivero Pulido.

El 5 de abril de 2016, la Sala de Casación Penal convocó a las partes a la realización de la audiencia oral a la que se refiere el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal. En la misma fecha remitió los oficios núm. 90, al Jefe del Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en El Rosal, y el núm. 89, al Director General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la boleta de traslado. Igualmente se remitió el oficio núm. 88, al Director General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

El 25 de abril de 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, se celebró la correspondiente Audiencia Oral y Pública, a la cual asistió la representante del Ministerio Público, abogada Carolina Segura Gualtero, Fiscal Tercera del Ministerio Público para actuar ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien expuso sus alegatos y consignó un escrito contentivo de la opinión de la Fiscal General de la República; los representantes de la Embajada del Reino de España acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, ciudadanos Oscar Casquete Espinosa, Funcionario Administrativo y Técnico (Consejero de Interior) y el señor Rafael Campos Barquín, Agregado de Interior; y el abogado Carlos Daniel Moreno Barrios, Defensor Privado del solicitado, quien expuso sus alegatos. Se le concedió el derecho de palabra al solicitado David Rivero Pulido, quien hizo uso del mismo.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, la Sala de Casación Penal pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

1) Mediante oficio núm. 9700-0190-0826, del 4 de febrero de 2016, el Comisario Jefe de la División de Investigaciones Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, remitió al Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Coordinador de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, las actas relacionadas con la aprehensión del ciudadano David Rivero Pulido.

Anexos a dicho oficio se encuentran los siguientes documentos:

1.1) Acta de investigación penal de fecha 3 de febrero de 2016, suscrita por el Jefe de la División de Investigaciones Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se dejó constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aprehensión del referido ciudadano.

1.2) Acta de Imposición de los derechos del imputado, de fecha 3 de febrero de 2016, suscrita por el Detective Jefe Oswaldo Porras, adscrito a la División de Investigaciones de Interpol-Caracas, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como por el aprehendido, ciudadano David Rivero Pulido, con cédula de identidad núm. 11.921.658.

1.3) Notificación Roja Internacional A-515/1-2016, de fecha 28 de enero de 2016, en la que se menciona como solicitado al ciudadano David Rivero Pulido, por el delito de Tráfico de Drogas, tipificado en los artículos 368 y 369 del Código Penal español, requiriéndose a los países en los que se atribuya a la difusión roja valor de orden de detención preventiva, su detención e inmediato aviso a la Oficina Central Nacional de Madrid-España y a la Secretaria General de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol.

1.4) Oficio núm. 9700-0190-0865, del 3 de febrero de 2016, suscrito por el Comisario Jefe de la División de Investigaciones Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Msc. Mario E. Pacheco B., mediante el cual solicita al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), que practique el reconocimiento médico legal al ciudadano David Rivero Pulido, de nacionalidad venezolana.

1.5) Acta de fecha 3 de febrero de 2016, realizada por la División de Investigaciones Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde consta que el ciudadano David Rivero Pulido, portador de la cédula de identidad núm. 11.921.658, consintió en la realización del examen médico legal.

1.6) Oficio núm. 9700-190-0825, del 3 de febrero de 2016, suscrito por el Comisario Jefe de la División de Investigaciones Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Msc. Mario Enrique Pacheco Báez, mediante el cual remite un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca Pietro Beretta, modelo 92FS, serial N37207Z, dos (2) cargadores y treinta (30) balas sin percutir, con el objeto de que se le practique Experticia de Reconocimiento Técnico y Rastreo Balístico en el Sistema IBIS.

1.7) Oficio núm. 9700-190-0824, del 3 de febrero de 2016, suscrito por el Comisario Jefe de la División de Investigaciones Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Msc. Mario Enrique Pacheco Báez, mediante el cual remite un (1) porte de arma de la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con número de control 11631159, a nombre de Celis Armando Marcano Antuárez, cédula de identidad núm. 12.387.883; un (1) carnet de la Defensoría de los Derechos Humanos, a nombre de David Rivero Pulido, cargo Comisionado, código 0454; y una (1) chapa donde se puede leer: “REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DEFENSORIA (SIC) DE LOS DERECHOS HUMANOS, 0454”, con el objeto que se le practique Experticia de Autenticidad o Falsedad.

1.8) Acta de Inicio de la Investigación Penal, de fecha 4 de febrero de 2016, suscrita por la abogada Francis Rauseo, Fiscal Auxiliar Interina adscrita a la Sala de Flagrancia del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual ordena sean materializadas las diligencias de investigación que estime la Representación Fiscal que conozca de dichas actuaciones tendientes a la constatación de la comisión del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con el delito.

2) Por otra parte, el 4 de febrero de 2016, compareció ante el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el aprehendido David Rivero Pulido, quien fue impuesto del derecho de nombrar un abogado de su confianza o en su defecto el Tribunal podría designarle un Defensor Público. En este sentido, el requerido manifestó no tener abogado de confianza y solicitó se le asignara un Defensor Público; motivo por el cual, se realizó llamada telefónica a la Coordinación de la Defensa Pública, la cual asignó el caso a la abogada Jessica Hurtado, Defensora Pública Centésima Cuarta del Área Metropolitana de Caracas, quien manifestó: “Acepto el cargo de defensor (sic) para el cual he sido designado (sic) y en este mismo acto juro cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo”.

3) Del folio 18 al 25 del expediente, cursa Acta de Audiencia para oír al aprehendido, ciudadano David Rivero Pulido, realizada ante el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de febrero de 2016.

4) Del folio 26 al 34 del expediente, cursa la decisión fundada del Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión de la audiencia para oír al imputado realizada el 4 de febrero de 2016. En este sentido, el tribunal expresó lo siguiente:

Que “… se procedió a acordar la reclusión provisional de dicho ciudadano, tomando en consideración las circunstancias que rodean los hechos antes señalados y dada su gravedad en el caso que se describe en la presente decisión, por lo que se DECRETA MEDIDA DE RECLUSIÓN PROVISIONAL, contra el ciudadano DAVID RIVERO PULIDO. En vista  de que se acreditan las circunstancias previstas en los ordinales (sic) 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo pautado en los ordinales (sic) 1 y 2 y el Parágrafo Primero del artículo 237 Ejusdem (sic), y asumiendo el precedente judicial que diana (sic) de la sentencia dictada en fecha 1 de agosto de 2012, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la causa distinguida con el N° 173-2011, con ponencia de la Dra. Ninoska Queipo Briceño. En tal sentido, este Juzgado acuerda que el ciudadano DAVID RIVERO PULIDO, titular de la cédula de identidad N° V- 11.921.658, se mantenga en la Sede de la División de Investigación INTERPOL, Dirección de Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, hasta tanto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dicte el pronunciamiento a que haya lugar. ASÍ SE DECIDE”.

5) En el folio 35 del expediente, cursa oficio con núm. 115-16, de fecha 4 de febrero de 2016, emitido por el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dirigido a la Brigada contra el Tráfico y Trata de Personas de la División de Investigaciones de Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el cual se informa que se decretaron medidas cautelares sustitutivas de libertad al ciudadano David Rivero Pulido, titular de la cédula de identidad núm. 11.921.658, previstas en el artículo 242, numerales 3 y 4, del Código Orgánico Procesal Penal, referidas a la presentación periódica cada quince (15) días ante la Oficina de Presentación de Imputados del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y la prohibición de salida del Área Metropolitana de Caracas sin autorización del Tribunal, por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

6) El 4 de febrero de 2016, mediante oficio núm. 116-16, el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la Sala de Casación Penal la causa signada con el alfanumérico 26C-18.402-16, seguida al ciudadano David Rivero Pulido, titular de la cédula de identidad núm. 11.921.658, constante de una (1) pieza contentiva de treinta y seis (36) folios útiles, en virtud del trámite de extradición pasiva, según lo previsto en el segundo aparte del artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 386 del mismo instrumento normativo.

7) El 10 de febrero de 2016, se dio entrada a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido, remitida por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2016-000052.

8) El mismo día, se dio cuenta en Sala de haberse recibido el expediente relativo a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido, y según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó como Ponente a la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ.

9) El 12 de febrero de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal, por instrucciones de la Presidencia de la Sala de Casación Penal, dirige el oficio núm. 159 a la Directora General de Apoyo Jurídico de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, a fin de informarle sobre el proceso de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Drogas.

10) En esa misma fecha, la Secretaria de la Sala de Casación Penal emitió el oficio núm. 160 al Comisario Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ciudadano Marco Antonio Mc Turk, mediante el cual le solicitó remitir a esta Sala el Registro Policial que presenta el ciudadano David Rivero Pulido, requerido en extradición por las autoridades del Gobierno del Reino de España.

11) En esa misma fecha, la Secretaría de la Sala de Casación Penal emitió el oficio núm. 161 a la Directora General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), solicitando información sobre los datos filiatorios, los movimientos migratorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros del serial de la cédula de identidad núm. 11.921.658 del ciudadano David Rivero Pulido, requerido en extradición por las autoridades del Gobierno del Reino de España.

12) En esa misma fecha, en horas de Despacho, compareció ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el ciudadano Carlos Daniel Moreno Barrios, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 142.096, a fin de exponer lo siguiente: “Con la venia de estilo, acompaño a la presente diligencia Nombramiento de Defensor, constante de dos (2) folios útiles, efectuado por el ciudadano DAVID RIVERO PULIDO, titular de la cédula de identidad núm. V- 11.921.658, quien se encuentra interno en la sede de la División de Investigaciones Interpol, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; con ocasión del procedimiento de extradición pasiva que cursa ante este honorable Tribunal Supremo de Justicia”.

13) En el folio 45 del expediente, cursa Acta suscrita por el ciudadano David Rivero Pulido, titular de la cédula de identidad núm. 11.921.658, mediante la cual revocó a la Defensora Pública Centésima Cuarta del Área Metropolitana de Caracas, ciudadana Jessica Hurtado, y designó para ejercer su Defensa Técnica al abogado Carlos Daniel Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 142.096.

14) En el folio 46 del expediente, cursa Acta suscrita por la ciudadana Tibisay Cerasoli, Asesora Jurídica adscrita a la División de Investigaciones de Interpol del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante la cual se deja constancia de la correspondencia de firma e impresiones dactilares del ciudadano David Rivero Pulido, titular de la cédula de identidad núm. 11.921.658.

15) El día 15 de febrero de 2016, el Presidente de la Sala de Casación Penal dirige comunicación núm. 163 a la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, a fin de informarle que cursa en esta Sala el expediente contentivo del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido, identificado en el expediente con la cédula de identidad núm. 11.921.658, y con el documento nacional de identidad español 78613040Y, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Drogas; participación que se hace con el objeto de dar cumplimiento a lo pautado en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

16) En el folio 54 del expediente, cursa comunicación núm. 898, de fecha 15 de febrero de 2016, suscrita por el ciudadano Ulianov Niño, Director Nacional de Migración y Zonas Fronterizas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, por medio de la cual se informó que el ciudadano David Rivero Pulido, titular de la cédula de identidad núm. 11.921.658, “Registra Movimientos Migratorios”, y que, asimismo, el documento nacional de identidad español identificado con el alfanumérico 78613040Y, “no Registra Movimiento Migratorio en nuestros sistemas”.

17) Oficio núm. 713, de 15 de febrero de 2016, suscrito por el ciudadano Luciano Ortega, Director (E) de Verificación y Registro de Identidad, del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, dirigido a la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, mediante el cual se informa a esta Sala sobre los datos filiatorios del ciudadano David Rivero Pulido.

18) El 7 de marzo de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal, por instrucciones de la Presidencia de la Sala de Casación Penal, dirige el oficio núm. 324 al Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a fin de remitir copia certificada de la sentencia núm. 118, dictada por esta Sala, en fecha 7 de marzo de 2016, con ocasión de la solicitud de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido.

19)  Oficio identificado con el alfanumérico FTSJ-3-2016-0059, de fecha 7 de marzo de 2016, suscrito por la Doctora Carolina Segura Gualtero, Fiscal Tercera del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dirigido a la Sala de Casación Penal, mediante el cual informa que, en fecha 22 de febrero de 2016, mediante comunicación identificada con el alfanumérico DGAJ-CAI-5-365-16-09634, la Dirección de Apoyo Jurídico del Ministerio Público comisionó a la Fiscalía a la cual se encuentra adscrita para ejercer la representación del Ministerio Público, en el procedimiento de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido.

20) Oficio núm. 9700-16-0194-03732, de fecha 24 de febrero de 2016, recibido por esta Sala, en fecha 15 de marzo de 2016, suscrito por el Comisario Marco Antonio Mc Turk Mora, Jefe de la División de Información Policial, del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas,  por medio del cual informa que al día 22 de febrero de 2016, el ciudadano David Rivero Pulido, según los registros de la División a su cargo, presenta el estatus de “SOLICITADO, División de investigaciones (sic) de Policía Internacional, 03-02-16, delito Tráfico de Drogas, exp A-515-1-2016”.  

21) Oficio núm. 2936, del 16 de marzo de 2016, suscrito por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual deja constancia de haber recibido el oficio núm. 324 emitido por esta Sala de Casación Penal; asimismo, para remitir la Nota Verbal núm. 41, de fecha 8 de marzo de 2016, proveniente de la Embajada del Reino de España, a través de la cual se adjunta la documentación judicial que sustenta la solicitud de extradición del ciudadano David Rivero Pulido.

22) Nota verbal núm. 41, de fecha 8 de marzo de 2016, emitida por la Embajada del Reino de España, mediante la cual se adjunta expediente procedente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, con la finalidad de sustentar la solicitud formal de extradición del ciudadano David Rivero Pulido por un delito contra la salud pública.

23) Solicitud de extradición activa, de fecha 11 de febrero de 2016, emanada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, dirigida a la Autoridad Judicial competente de Venezuela.

24) Oficio, de fecha 11 de febrero de 2016, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, dirigido al Ministerio de Justicia del Reino de España, mediante el cual relaciona los documentos que sustentan la solicitud de extradición del ciudadano David Rivero Pulido.

25) Testimonio, de fecha 10 de febrero de 2016, de la sentencia 456/07, de fecha 13 de julio de 2007, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, suscrita por los Magistrados, Doctores Joaquín Astor Landete (Ponente), Francisco Javier Mulero y Aurelio Santana Rodríguez, mediante la cual se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de varios ciudadanos, entre los cuales condena al ciudadano David Rivero Pulido, por el caso que es objeto de este proceso de extradición.

 26) Auto, de fecha 15 de diciembre de 2015, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, dirigida a la Autoridad Judicial competente de Venezuela.

            27) Certificado, de fecha 11 de febrero de 2016, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, mediante el cual se deja constancia de que en dicha Sección se tramita la Ejecutoria Penal 16/2009.

 28) Anexo, de fecha 28 de septiembre de 2009, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, mediante el cual se deja constancia de la Orden de Detención Europea en contra del ciudadano David Rivero Pulido.

 

29) Oficio, de fecha 11 de febrero de 2016, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, dirigido al Gobierno español, mediante el cual adjunta los recaudos relacionados con el proceso de extradición activa del ciudadano David Rivero Pulido, a fin de que sean remitidos a la autoridad judicial competente de la República Bolivariana de Venezuela.

30) Oficio núm. 3209, del 18 de marzo de 2016, suscrito por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual deja constancia de haber recibido el oficio núm. 324 emitido por esta Sala de Casación Penal; asimismo, se indica que la Oficina a su cargo, por medio de la Nota Verbal núm. 2828, de fecha 11 de marzo de 2016, envió a la Misión Diplomática del Reino de España acreditada en el país la sentencia núm. 118, relacionada con el proceso de extradición del ciudadano David Rivero Pulido, dictada por esta Sala de Casación Penal, en fecha 7 de marzo de 2016, la cual fue recibida en la referida Embajada, en fecha 15 marzo de 2016.

            31) Oficio identificado con el alfanumérico VF-DGAJ-CAI-5-543-2016, de fecha 1° de abril de 2016, suscrito por la Doctora Mercedes Prieto Serra, Directora General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público, mediante el cual informa que luego de la búsqueda que se hiciera en el sistema de causas de la Dirección de Drogas del Ministerio Público, se constató que al ciudadano David Rivero Pulido no se le sigue investigación en materia de drogas.

            32) Boleta de notificación, de fecha 5 de abril de 2016, suscrita por el Doctor Maikel Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal y por la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigida a la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual se le refiere la fecha (25 de abril de 2016) y hora (10:00 a.m.) de la audiencia oral en el proceso de extradición pasiva incoado por el Gobierno del Reino de España, contra el ciudadano David Rivero Pulido.

            33) Boleta de notificación, de fecha 5 de abril de 2016, suscrita por el Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal y por la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigida a la Doctora Susana Virginia Barreiros Rodríguez, Defensora Pública General de la Defensa Pública, mediante la cual se le refiere la fecha (25 de abril de 2016) y hora (10:00 a.m.) de la audiencia oral en el proceso de extradición pasiva incoado por el Gobierno del Reino de España, contra el ciudadano David Rivero Pulido.

            34) Oficio núm. 88, de fecha 5 de abril de 2016, suscrito por la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, siguiendo instrucciones del Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal, Doctor Maikel José Moreno Pérez, dirigido al ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual se le refiere la fecha (25 de abril de 2016) y hora (10:00 a.m.) de la audiencia oral en el proceso de extradición pasiva incoado por el Gobierno del Reino de España, contra el ciudadano David Rivero Pulido.

35) Oficio núm. 89, de fecha 5 de abril de 2016, suscrito por la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigido al ciudadano Douglas Arnoldo Rico González, Director General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante la cual se le envía la Boleta de Traslado y copia de Boleta de Notificación, del ciudadano David Rivero Pulido, para requerirle que haga comparecer al mencionado ciudadano a la audiencia oral convocada por la Sala de Casación Penal en el proceso de extradición en el cual aparece como requerido por el Gobierno del Reino de España.

            36) Boleta de Notificación, de fecha 5 de abril de 2016, suscrita por el Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal y por la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigida  al abogado Carlos Daniel Moreno Barrios, Defensor Privado del ciudadano David Rivero Pulido, mediante la cual se le hace saber la fecha (25 de abril de 2016) y hora (10:00 a.m.) de la audiencia oral en el proceso de extradición pasiva incoado contra su defendido por el Gobierno del Reino de España.

            37)  Oficio núm. 90, de fecha 5 de abril de 2016, suscrito por Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal, dirigido al ciudadano Comisario Guillermo Vera, Jefe del Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en El Rosal, mediante la cual se le envía la Boleta de Notificación y una copia de la Boleta de Traslado del ciudadano David Rivero Pulido, para requerirle que haga comparecer al mencionado ciudadano a la audiencia oral convocada por la Sala de Casación Penal en el proceso de extradición en el cual aparece como requerido por el Gobierno del Reino de España.

            38) Diligencia, de fecha 5 de abril de 2016, suscrita por el abogado Carlos Daniel Moreno Barrios, Defensor Privado del ciudadano David Rivero Pulido, mediante la cual consigna ante la Sala de Casación Penal la copia certificada del acta de nacimiento de su defendido, la cual guarda relación con el proceso de extradición del cual es objeto.

            39) Acta de nombramiento como defensor, de fecha 25 de abril de 2016, suscrita por el Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal, por la Doctora Ana Yakeline de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, y por el abogado Carlos Daniel Moreno Barrios, quien manifestó su aceptación al cargo y prestó el juramento de Ley como defensor privado del ciudadano David Rivero Pulido en el proceso de extradición en el cual aparece como requerido.

            40) Acta de Audiencia, de fecha 25 de abril de 2016, suscrita por el Doctor Maikel Moreno, Presidente de la Sala de Casación Penal, por la Doctora Ana Yakaline Concepción de García, por los Representantes de Gobierno del Reino de España, por la abogada, Fiscal del Ministerio Público, por el abogado, Defensor Privado y por el ciudadano David Rivero Pulido.

            41) Oficio núm. 115, de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por el Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal, dirigido al ciudadano Douglas Arnoldo Rico González, Director General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante el cual se le informa sobre la celebración de la audiencia relacionada con el proceso de extradición en el cual aparece como requerido el ciudadano David Rivero Pulido; asimismo, se le informó que el mencionado ciudadano continuará recluido en el Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en El Rosal.

 

42) Oficio núm. 116, de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala de Casación Penal, dirigido al ciudadano Comisario Guillermo Vera, Jefe del Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en El Rosal, en el cual se le informa sobre la celebración de la audiencia relacionada con el proceso de extradición en el cual aparece como requerido el ciudadano David Rivero Pulido; asimismo, se le informó que el mencionado ciudadano continuará recluido en el Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en El Rosal, el cual se encuentra a su cargo.

II

DE LOS HECHOS

Según consta en la Notificación Roja Internacional identificada con el alfanumérico A-515/1/-2016, de fecha 28 de enero de 2016, publicada a solicitud de Interpol-España, los hechos por los cuales es requerido el ciudadano David Rivero Pulido, son los siguientes:

...Exposición de los hechos: (España):

El día 01 de enero de 2003 - El penado transportó desde el municipio de Santa Ursula (sic) hasta un municipio de la (sic) Laguna tres kilogramos de cocaína que dejo (sic) para ser recogida en los aseos de la cafetería de un hotel

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III

DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier otra consideración, en forma preliminar, la Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición y, al efecto, observa:

El numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:

Competencias de la Sala [de Casación] Penal

Artículo 29. Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley

.

Por su parte, el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo que se transcribe a continuación:

                                                                                                      “Procedimiento

            Artículo 390. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.

Del contenido del dispositivo legal primeramente transcrito, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal decidir acerca de si procede la solicitud de extradición de una persona que se encuentre en el extranjero, o de si se concede lo propio respecto de quien se encuentre en nuestro territorio; y del segundo artículo citado se concluye que también corresponde a la Sala señalar, en caso de que se hubiese requerido a la República Bolivariana de Venezuela una persona en extradición, pronunciarse, previa verificación y constatación de la documentación aportada, sobre la procedencia o no de la misma.

En consecuencia, le corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse acerca del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido. Así se establece.

IV

DE LA OPINIÓN FISCAL

De conformidad con lo estipulado en el artículo 111, numeral 16, en concordancia con el artículo 390, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, la Fiscal General de la República expresó lo siguiente:

… En lo que concierne al principio relacionado con la no entrega de nacionales, se evidencia que el requerido en extradición es de nacionalidad venezolana, por cuanto consta en autos los datos filiatorios del ciudadano David Rivero Pulido, los cuales han sido remitidos a esta Sala mediante comunicación Nro. (sic) 000713 de fecha 15 de febrero de 2016, por la Dirección de Verificación y Registro de Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAÍME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en los que expresamente se indica que éste sería venezolano por nacimiento al haber nacido en ʽ… Caracas, Parroquia San Bernardino, Departamento Libertador, Distrito Federal el 21/07/1974...ʼ, siendo presentada como documento que acredita tal situación ʽ... Partida de Nacimiento N° 3495, Año 1974 expedida por el Registro Principal de Caracas el 12/04/1985...ʼ.

De conformidad con los articulo (sic) 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como por el artículo 6 del Código Penal, la extradición de un ciudadano venezolano se encuentra prohibida, por lo que expresamente la legislación venezolana reconoce el principio de no procedencia de extradición de los nacionales en los siguientes términos:

           

Artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

ʻLa República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. / Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanasʼ.

           

Articulo 6 del Código Penal

ʻ…La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana…ʼ.

En el mismo sentido, el artículo 8 del Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y el Reino de España, sobre este principio, indica:

Artículo 8 del Tratado de Extradición entre Venezuela y el reino de España

ʻCuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley, la cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquélla. / 2. Si la Parte requerida no accediere a la extradición de un nacional, por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15. / Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitudʼ.

En el presente caso, esta Representación del Ministerio Público observa que el ciudadano David Rivero Pulido, es venezolano por nacimiento, al haber nacido el 21 de julio de 1974, en la ciudad de Caracas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala:

Artículo 32, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

ʻSon venezolanos y venezolanas por nacimiento: /1. Toda persona nacida en el territorio de la República…ʼ.

En tal virtud, a la luz del artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 6 del Código Penal, no podrá concederse la extradición de un venezolano por ningún motivo, pero deberá ser juzgado en Venezuela a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que [se] le imputa mereciere pena por la ley venezolana, toda vez que el principio de la no entrega de nacionales no debe ser entendido como el amparo o impunidad de los hechos ilícitos cometidos por éstos en territorio extranjero.

Décimo: En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público a mi cargo y dirección, considera que no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos para la procedencia de la solicitud de Extradición Pasiva, que existe contra el ciudadano David Rivero Pulido, toda vez que es venezolano por nacimiento, existiendo prohibición constitucional al respecto.

En consecuencia, a criterio de este Despacho, la Solicitud de Extradición Pasiva debe ser declarada improcedente por razones de nacionalidad, estimándose que las autoridades venezolanas asuman el compromiso con el Gobierno Extranjero solicitante, con el objeto que el mencionado ciudadano cumpla la pena que le fue impuesta por las autoridades del Reino de España

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; artículo 6 del Código Penal; y artículos 382 del Código Orgánico Procesal Penal y 386 y siguientes del mismo Código, pasa a decidir sobre la solicitud formal de extradición del ciudadano David Rivero Pulido, de nacionalidad venezolana e identificado con la cédula de identidad núm. 11.921.658.

Respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en cuanto a su concesión o denegación, para lo cual tomará en cuenta las reglas de la normativa tanto nacional como internacional aplicables.

Al respecto, son ilustrativas las palabras del autor patrio Tulio Chiossone:

Punto discutido por autores de diversas tendencias, ha sido establecer el fundamento jurídico de la extradición. Para unos, es obligación que sólo puede surgir de un tratado; para otros, es independiente de cualquier convención entre los Estados. Según el derecho positivo venezolano, es necesaria o voluntaria. Necesaria, cuando el Estado está obligado a entregar al delincuente por haberlo convenido así el tratado especial. Voluntaria, cuando es potestativo de él hacer la entrega

. (Chiossone, Tulio: Anotaciones al Código Penal Venezolano, Tomo I, Edit. Sur América, Caracas, 1932, p. 89).

En cuanto a los fundamentos que rigen la extradición, los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6 del Código Penal, 382 del Código Orgánico Procesal Penal y 386 y siguientes del mismo Código, recogen los principios básicos que pauta el derecho positivo venezolano. Tales dispositivos son del tenor siguiente:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 69: La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

 Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas

.

Código Penal

Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela,  a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana…

.

Código Orgánico Procesal Penal

Fuentes

Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título

.

Extradición Pasiva

Artículo 386. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida

.

Respecto a las prescripciones de Derecho Internacional aplicables al caso que nos ocupa, se constata que la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Reino de España suscribieron un Tratado de Extradición, en Caracas el 4 de enero de 1989 y ratificado por el Ejecutivo Nacional el 25 de abril de 1990, publicado en Gaceta Oficial núm. 34.476, de fecha 28 de mayo de 1990; de igual forma ambos países suscribieron la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en la ciudad de Viena, el 20 de diciembre de 1988, ratificada por la República Bolivariana de Venezuela, el 6 de julio de 1991, con Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial núm. 34.741, de fecha 21 de junio de 1991. Los dispositivos de ambos instrumentos son del tenor siguiente:

Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela

y el Reino de España

Artículo 1. Las Partes Contratantes se obligan según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca de las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad.

(…)

Artículo 8.

1. Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá  rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquélla.

2. Si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional, por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitud.

(…)

Artículo 15.

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

2. A toda solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) En caso de que el reclamado ya hubiere sido condenado, copia o transcripción de la sentencia debidamente certificada, así como certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, con indicación del tiempo de la pena o medida de seguridad que faltare por cumplir y, en su caso, las seguridades a que se refiere el artículo 12;

b) En caso de que la extradición se refiera a una persona que no ha sido condenada, copia o transcripción debidamente certificada del auto de procesamiento, del auto de detención o prisión o de cualquier resolución judicial análoga, según la legislación de la Parte requirente que contenga los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron;

c) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y sus huellas dactilares;

d) Copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, de los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena o medida de seguridad; y

e) Las seguridades sobre la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere el artículo 11, cuando fueren necesarias

.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Sustancias Estupefacientes y sicotrópicas

Artículo 2

Alcance de la Presente Convención

1. El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las medidas necesarias comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

2. Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas de la presente Convención de manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana y de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

(…)

Artículo 3

Delitos y sanciones

1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:

A) I) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica…

.

Artículo 4

Competencia

(…)

2. Cada una de las Partes:

  1. Adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha Parte no lo extradite a otra basándose en que:

    II) El delito ha sido cometido por un nacional suyo

  2. Podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha Parte no lo extradite a otra.

    (…)

    3. La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidas por una Parte de conformidad con su derecho interno.

    (…)

    Artículo 6

    La extradición

    1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las Partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

    2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

    (…)

    4. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.

    (…)

    10. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena se deniega, basándose en que la persona objeto de la solicitud es nacional de la Parte requerida, ésta, si su legislación lo permite y de conformidad con los requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente, considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la legislación de la Parte requirente o el resto de dicha condena que quede por purgar”.

    Asimismo, serán aplicables las leyes vigentes de la República conforme a las prescripciones del Derecho Internacional y el Principio de Reciprocidad, que consagra el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición.

    Cabe destacar, que en atención  a las normas del Tratado de Extradición citado, así como conforme a las prescripciones de la legislación venezolana, se sigue que los requisitos formales para la procedencia de la extradición serían: 1) la solicitud formalizada de la extradición realizada por vía diplomática (artículo 15.1 del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España); 2) copia certificada de la decisión judicial condenatoria (definitivamente firme) en la cual se informe el lapso de pena o medida de seguridad que habría de cumplir o que le reste por cumplir al requerido, o del auto de procesamiento, de detención o de cualquier resolución judicial análoga (artículo 15.2 (a y b) del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España); 3) descripción precisa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho investigado (artículo 15.2.b del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España); 4) copia o transcripción de los textos legales que tipifiquen y sancionen el o los hechos delictivos con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, así como también de los referentes a la prescripción de la acción, de la pena o de la medida de seguridad (artículo 15.2.d del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España); 5) cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia de la persona requerida en extradición y, si fuere posible, su fotografía y huellas dactilares (artículo 15.2.d del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España); y 6) cuando se trate de solicitudes en idiomas distinto al español, la documentación deberá estar debidamente traducida al mismo (artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

    Si bien los requisitos descritos no son indispensables al inicio del procedimiento, por cuanto el Estado requirente puede consignar la documentación necesaria dentro del plazo que fijen los Tratados o, en su defecto, según el tiempo que fijen las leyes del Estado requerido, en el presente supuesto, el Estado requirente debía consignar la documentación necesaria dentro del término de cuarenta (40) días continuos (contados luego de la respectiva notificación al país requirente), conforme con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.

    En el caso que nos ocupa, se constata que el Gobierno del Reino de España presentó solicitud formal de extradición dentro del plazo indicado del ciudadano David Rivero Pulido, de nacionalidad venezolana, de acuerdo con la petición formulada mediante Nota Verbal identificada con el núm. 41, del 8 de marzo de 2016, proveniente de la Embajada del Gobierno del Reino de España acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, a través de la cual envió la documentación requerida en el proceso de extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido.

    Entre los folios 96 y 98 del expediente, se encuentra la solicitud de extradición realizada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Santa Cruz de Tenerife, Reino de España.  Dicha solicitud expresa lo siguiente:

    Solicitud de extradición referente a D. DAVID RIVERO PULIDO, dirigida a la Autoridad Judicial competente de VENEZUELA.

    SOLICITUD PARA EJECUTAR UN PEDIDO DE EXTRADICIÓN ACTIVA

    ÓRGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE: SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

    PAÍS REQUÍRENTE: ESPAÑA

    PAÍS REQUERIDO: VENEZUELA

    LEGISLACIÓN INTERNA INVOCADA ARTÍCULOS 824 Y SIGUIENTES DE LA VIGENTE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN LO QUE NO CONTRADICE AL TRATADO DE EXTRADICIÓN BILATERAL CON VENEZUELA

    TRATADO BILATERAL O MULTILATERAL INVOCADO TRATADO BILATERAL DE EXTRADICIÓN DEL REINO DE ESPAÑA CON VENEZUELA FIRMADO EN CARACAS EL 04/01/1989 RATIFICADO POR ESPAÑA Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EL 08/12/1980 (sic)

    NOMBRE DEL EXTRADITABLE DON DAVID RIVERO PULIDO

    NACIONALIDAD ESPAÑOLA

    LUGAR Y FECHA DE COMISIÓN DEL DELITO: SE SOLICITA LA EXTRADICIÓN PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE SEIS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN (REVISADA POR AUTO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, POR LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL POR LA LO 5/2010), IMPUESTA AL MISMO POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA CUALIFICADO, IMPUESTA POR SENTENCIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL DE FECHA 13 DE JULIO DE 2007, EJECUTORA NÚMERO 16/09, AL HABERSE INCOADO LA MISMA POR AUTO DE 26 DE ENERO DE 2009, UNA VEZ QUE SE DESESTIMÓ POR EL TRIBUNAL SUPREMO EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR SU DIRECCIÓN LETRADA POR UNOS HECHOS QUE TUVIERON LUGAR TAL Y COMO SE RESEÑA EN LOS HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EL 6 DE MAYO DE 2003.

    PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 15 AÑOS DESDE QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA POR LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2008.

    La autoridad que suscribe este pedido de extradición tiene el honor de trasmitir a usted por triplicado la solicitud de extradición de la persona arriba señalada de conformidad a los hechos que se exponen y documentos sustitutorio (sic)

    Motivos de la solicitud: EXTRADICIÓN DE LA PERSONA INDICADA PARA CUMPLIR EL RESTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE SEIS AÑOS Y 1 DÍA AL HABERSE AUSENTADO DE SU DOMICILIO.

    Procesamiento Cumplimiento de condena: LE QUEDA POR CUMPLIR DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE SEIS AÑOS Y 1 DÍA LA DIFERENCIA ENTRE ESE PERIODO Y EL TIEMPO EN QUE EL PENADO ESTUVO EN PRISIÓN PREVENTIVA (218 DÍAS CUMPLIDOS DE PRISIÓN PREVENTIVA).

    Nombre DAVID RIVERO PULIDO

    Edad 41 años

    Documento de identidad 78613040-Y

    Fecha de nacimiento 21-07-1974

    Huellas digitales NO

    fotografías (sic) NO

    Señas o características NO CONSTAN

    Sentencias Condenatorias DE FECHA 13 DE JULIO DE 2007, RATIFICADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008, Y POR LA QUE SE INCOÓ LA EJECUTORIA NÚMERO 16/09.

    Mandato de captura FUE DECRETADA LA BUSCA Y CAPTURA DEL PENADO POR RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2009

    Ubicación interpol: LA CITADA ORDEN NACIONAL DE DETENCIÓN PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE SEIS AÑOS Y UN DÍA, SE EXTENDIÓ A UNA ORDEN INTERNACIONAL DE DETENCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009, AL DESCONOCERSE EL PARADERO DEL PENADO

    Hechos que dan lugar a un pedido de extradición: DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (sic) CUALIFICADO, COMETIDO POR EL PENADO, AL TRANSPORTAR DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA HASTA EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA TRES KILOGRAMOS DE COCAÍNA QUE DEJÓ PARA SER RECOGIDA EN LOS ASEOS DE LA CAFETERÍA DE UN HOTEL.

    Disposiciones Legales Aplicables LOS ARTÍCULOS 824 Y SIGUIENTES DE LA VIGENTE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN LO QUE NO CONTRADICE AL TRATADO DE EXTRADICIÓN BILATERAL CON VENEZUELA Y EL TRATADO BILATERAL DE EXTRADICIÓN DEL REINO DE ESPAÑA DE (sic) CON VENEZUELA FIRMADO EN CARACAS EL 04/01/1989 RATIFICADO POR ESPAÑA Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EL 08/12/1980 (sic) PARA CUMPLIR EL RESTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CATORCE AÑOS Y UN DÍA DE LOS ARTÍCULOS 429,1o Y 10,13° DEL CÓDIGO PENAL DE 1.973

    Órgano jurisdiccional que inicia el pedido de extradición SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

    Dirección AVENIDA TRES DE MAYO N° 3. PALACIO DE JUSTICIA. SEGUNDA PLANTA. SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA)

    LA SOLICITUD TIENE LUGAR EL 11 DE FEBRERO DE 2016.

    PARA SU REMISIÓN AL MINISTERIO DE JUSTICIA ESPAÑOL

    ÓRGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

    COMPROMISO QUE ASUME EL PAÍS REQUIRENTE

    Como país Requirente nos comprometemos a:

    1. No ser el extraditado detenido en prisión ni juzgado por delito diferente del que haya motivado la extradición y cometido antes de ésta, salvo si, lo consintiere libremente, o si el extraditado permaneciere en nuestro País dos meses después de la evolución (sic) por el delito que motivó la extradición o del cumplimiento de la pena impuesta .

    2. No concurrir sin o motivo político, militar o religioso para agravar la penalidad.

    3. Computar a favor del extraditado el tiempo transcurrido desde su prisión, durante la decisión de la extradición.

    4. No ser extraditado entregado a un tercer País que lo reclame.

    5. No aplicar la pena de muerte

                           

                            En Santa Cruz de Tenerife a 11 de FEBRERO de 2016

    .

    Entre los folios 100 al 175 del expediente, se encuentra Sentencia núm. 456/07, de fecha 13 de julio de 2007, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, suscrita por los Magistrados, Doctores Joaquín Astor Landete (Ponente), Francisco Javier Mulero y Aurelio Santana Rodríguez, mediante la cual se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de varios ciudadanos, entre los cuales condena al ciudadano David Rivero Pulido, por el caso que es objeto de este proceso de extradición. Dicha sentencia expresa lo que a continuación se cita:

    En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a día 13 de julio de dos mil siete.

    Vista, en nombre de S.M. el Rey y en juicio oral y público ante esta Audiencia Provincial, el rollo 34/03, correspondiente al Sumario 4/2003, procedente del Juzgado de Instrucción n° 2 de Icod de los Vinos, por el delito contra la salud pública y prevaricación,

    (…)

    contra D. Rivero Pulido representado por la Procuradora Sra. Da Renata MartínVedder (sic), y defendido por el Letrado D. Sergio L. Rodríguez Martínez,

    (…)

    en cuya causa es parte acusadora el Ministerio Fiscal.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    PRIMERO.- Las diligencias penales de referencia fueron remitidas a esta Audiencia Provincial el día 12 de noviembre de 2.003, acordándose la confirmación del auto de conclusión y apertura del juicio oral por auto de 27 de marzo de 2.006, tras los distintos traslados conferidos a las partes. Presentadas las conclusiones provisionales, por Auto de fecha 17 de Abril de 2.007 se señaló para la iniciación de la celebración del Juicio Oral el día 18 de junio, en sesiones de mañana y tarde, durante toda la semana y hasta su conclusión, habilitándose la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia, para no entorpecer el normal funcionamiento de la jurisdicción.

    SEGUNDO.- Al inicio de las sesiones del juicio oral y tras audiencia de partes, se declaró en rebeldía al ausente (…), al no romperse la continencia de la causa y se ordenó librar testimonio para enjuiciamiento separado. Las defensas solicitaron la previa declaración de nulidad de las intervenciones telefónicas, por vulneración de derechos fundamentales, con oposición del Ministerio Fiscal, e igualmente para que se declarase la nulidad de lo actuado por incompetencia territorial del Juzgado que instruyo la causa. El Tribunal desestimó dicha petición al no venir contenida en los escritos de calificación, en algunos de los cuales se impugnaba como medio probatorio; por extemporánea, al no formalizarse en el trámite de los artículos de previo pronunciamiento; por no estar prevista dicha causa de suspensión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; por no venir sancionada la incompetencia territorial con nulidad en la Ley Orgánica del poder (sic) Judicial, no alegada durante la tramitación de la causa y por ser materia de valoración de la prueba, cuanto se refiere a las escuchas telefónicas, pudiendo realizarse en sentencia el examen de legalidad constitucional y ordinaria. Se hizo constar la protesta formal en acta de las defensas.

    (…)

    TERCERO.- En el acto del juicio oral se practicaron las pruebas propuestas por las partes en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales y que fueron declaradas pertinentes en la correspondiente resolución. (…).

    CUARTO.- El Ministerio Fiscal calificó los hechos procesales al elevar sus conclusiones a definitivas como constitutivos de los siguientes delitos:

    (…)

                d) Un delito agravado CONTRA LA SALUD PÚBLICA, de los artículos 368 y 369. 6a del Código Penal, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

                (…)

    Son autores del delito agravado contra la salud pública de los artículos 368 y 369.6a del Código Penal (delito d), los procesados (…), DAVID RIVERO PULIDO y (…).

                (…)

    Concurre en el procesado NICOLÁS HERNÁNDEZ ESTÉVEZ la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22.8a del Código Penal.

    Concurre en el procesado EUGENIO COBLE GALLARDO la atenuante analógica del artículo 22.6a, en relación a la circunstancia 4a, con aplicación de lo previsto en el artículo 66.1a del Código Penal.

    No concurren en el resto de procesados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. (Resaltado de la Sala)

    (…)

    Procede imponer a los procesados (…), DAVID RIVERO PULIDO y (…), las penas de ONCE AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE 300.000 EUROS, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; con costas procesales en proporción.

    (…)

    Conforme a lo previsto en el artículo 374 del Código Penal, el Fiscal interesa el COMISO de la droga intervenida en la causa, debiéndose proceder a su total destrucción una vez recaiga sentencia firme.

    (…)

    Procede asegurar las responsabilidades pecuniarias de los procesados en las correspondientes piezas separadas.

    (…)

    HECHOS PROBADOS

    Probado y así se declara que:

    (…)

    Y cuando el día 6 de abril de 2.003 el también procesado JUAN MANUEL SORIANO VELA nacido el día 3 de noviembre de 1.958, provisto de documento nacional de identidad número 42.060.732, sin antecedentes penales, Procurador de los Tribunales en La Laguna, tuvo conocimiento por medio del procesado GUSTAVO JOSÉ BLANCO MÉNDEZ, nacido el día 12 de septiembre de 1.962, provisto de documento nacional de identidad número 78.728.614, y sin antecedentes penales, que el procesado DAVID RIVERO PULIDO, nacido el día 21 de julio de 1.974, provisto de documento nacional de identidad número 78.613.040, y sin antecedentes penales, tenía en su poder preparada para la venta una relevante cantidad de la sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud, cocaína, que pretendía introducir en el mercado de consumidores y que había recibido recientemente de Las Palmas de Gran Canaria, decidió transmitir esa información al procesado ENRIQUE DE TORO CASTOSA con el que mantenía amistad, ideando éste la posibilidad de hacerse con esa partida de cocaína en su propio beneficio, para lo cual se sirvió del procesado SORIANO VELA, que pensaba colaboraba con los agentes de la autoridad, que utilizaría las amistades que había trabado entre personas próximas al tráfico de cocaína en la Isla de Tenerife, mientras el procesado DE TORO CASTOSA haría uso de su condición de responsable policial en La Laguna para llevar a cabo un montaje ficticio que le permitiera disponer de la cocaína.

    Para llevar a cabo su plan el procesado SORIANO VELA se trasladó el día 10 de abril a la localidad de Santa Úrsula, acompañado del procesado Gustavo BLANCO MÉNDEZ, al que le hizo saber su acción, que utilizó para ello el taxi con el que trabajaba, y sin que conste acreditado que ello le fuera a reportar un beneficio ilegal,y (sic) allí contactaron con el procesado David RIVERO PULIDO, al que hicieron creer que están siendo vigilados cuando le señalan la presencia en un coche policial camuflado con el que los había seguido el procesado Enrique DE TORO CASTOSA que se había trasladado hacia el lugar en compañía del también procesado ELADIO GONZÁLEZ LEDESMA nacido el 19 de febrero de 1.954, provisto de documento nacional de identidad número 42.929.034, y sin antecedentes penales y que en el momento de comisión de los hechos era funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, con categoría de Policía y número de identificación profesional 49.852, con destino en la Comisaría Local de La Laguna, subordinado directo del Inspector Jefe y que no consta que estuviera al tanto del plan ideado por su superior, sabiendo que se trataba de una acción en el contexto del tráfico de drogas, tal y como aquel le dijo, quedando los tres primeros procesados en realizar el intercambio más tarde en la cafetera del Hotel Nivaria de La Laguna.

    Horas más tarde llegaron al mencionado hotel lagunero portando los tres kilogramos de cocaína el procesado DAVID RIVERO PULIDO al que acompañaba Gustavo BLANCO MÉNDEZ, en el taxi de este segundo, y por otra parte y en otro taxi el procesado JUAN MANUEL SORIANO VELA Una vez en el hotel, se introdujeron en la cafería los procesados RIVERO PULIDO, que llevaba en una bolsa los tres paquetes de cocaína, y SORIANO VELA el cual, en permanente contacto telefónico con el procesado DE TORO CASTOSA desde la salida hacia Santa Úrsula, convenció al procesado RIVERO PULIDO para que ocultara transitoriamente la bolsa con tres tabletas de la sustancia estupefaciente cocaína, con un peso de mil gramos cada una, en los servicios de la cafetería del hotel, hecho que comunicó puntualmente mediante llamada telefónica al procesado DE TORO CASTOSA que esperaba en el exterior del hotel, momento en el cual aparece en el lugar una patrulla policial que, siguiendo las órdenes concretas que el procesado DE TORO CASTOSA les acababa de dar en la Plaza del Adelantado, procedieron a la identificación de los procesados SORIANO VELA y RIVERO PULIDO y a la identificación y registro del taxi del procesado BLANCO MÉNDEZ[.] Y cuando el procesado DE TORO CASTOSA se hubo asegurado, mediante una llamada telefónica recibida del procesado SORIANO VELA, de que la droga había sido depositada en los servicios del hotel antes de la identificación policial, entró rápidamente en los servicios del Hotel Nivaria, cogió la mochila con los tres kilogramos de cocaína y salió del mismo modo por la puerta trasera, momento en el cual se vio sorprendido por la presencia de una agente policial de servicio. A fin de poder culminar el plan trazado quedándose con la droga que acababa de coger en el cuarto de baño realizó una llamada a sus subordinados, ordenándoles que dejaran marcharse a los tres procesados que estaban identificando, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que eran los individuos que trataban de vender la droga que ya tenía en su poder y que su deber era proceder a su detención, y se marchó del lugar en el coche del procesado GONZÁLEZ LEDESMA que le estaba esperando en las inmediaciones al aparcamiento del mercado y sin intervención en estos hechos, llevándose ambos los tres kilogramos de cocaína a la Comisaría Local de La Laguna.

    Pero como el procesado DE TORO CASTOSA se percató de que a la salida por la parte trasera del Hotel Nivaria había sido visto por un agente de policía motorizado que patrullaba por el lugar, procede a cambiar de planes sobre la marcha, y una vez en las dependencias de la Comisaría Local de La Laguna llamó por teléfono al procesado ELADIO GONZÁLEZ LEDESMA, al que le dijo que iba a simular que se había recibido una llamada anónima en la que se comunicaba el hallazgo de una bolsa sospechosa en un descampado, para transmitir después esa falsa denuncia a un coche patrulla vehículo "Z" que trataría de localizarla en el lugar donde estos dos procesados previamente la abandonarían.

    Conforme a los nuevos planes, horas más tarde los procesados DE TORO CASTOSA y GONZÁLEZ LEDESMA llevaron una bolsa que contenía los tres paquetes de cocaína hasta el descampado sito en a (sic) la entrada de un túnel sito en la Vía de Ronda en dirección a La Verdellada-Santa Cruz, , (sic) donde a las 22'30  horas del mismo día fue encontrada por los funcionarios policiales componentes de la dotación Zeta-220 adscritos al M.I.P.-2 de la Comisaría Local de La Laguna, resultando una vez analizada que se trataba de la sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud cocaína, con un peso total de 2.902,7 gramos y una pureza del 79,92 % expresada en cocaína base, con la cual se podría haber obtenido un ilícito beneficio económico de 90.000 euros.

    Posteriormente el procesado DE TORO CASTOSA guardó la cocaína en las dependencias policiales encargando su remisión a las dependencias de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, conforme a los protocolos habituales en casos de intervención policial de sustancias estupefacientes.

    Por su parte, y para eludir los riesgos que pudieran provenir de las represalias que pudieran tomar los propietarios de la cocaína, el procesado SORIANO VELA comunicó a los procesados BLANCO MÉNDEZ y RIVERO PULIDO que la droga había sido intervenida por la policía judicial.

    (…)

    QUINTO.-

               

    (…)

    El procesado DAVID RIVERO PULIDO, ha estado en prisión provisional por esta causa desde el día 8 de mayo de 2.003 hasta 11 de diciembre de 2.003.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    (…)

    La responsabilidad penal de los hechos, en concepto de autor, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, y por dicho delito, se predica igualmente de D. David Rivero Pulido. D. David era el titular de la cocaína incautada, por sí o previsiblemente como testaferro de tercero. La tenencia de la droga, como vendedor, ha sido afirmada por el coimputado (…), e indirectamente por el también procesado (…), en la medida en que confirmó la declaración de (…), aunque sin afirmar el nombre de la persona que le acompañaba, acogiéndose a su derecho a no declarar a las preguntas de la acusación. (…) declaró, tal y como resulta de las escuchas, que David quería poner en el mercado una partida importante de droga, lo que habría conocido por medio de (…), por lo que se trataba de averiguar donde (sic) se encontraba escondida la droga para que fuera incautada por la intervención policial. El ʻiter criminisʼ se había iniciado con la voluntad de tráfico de David, la que debería ser frustrada por la acción policial (a éste (sic) respecto véase la Sentencia 1.114/2002 de 12 de

    Junio, la 1.110/2.004, de 5 de Octubre y la 1.992/1.993, de 15 de septiembre).

    David fue identificado por los agentes que declararon en juicio, componentes del coche policial, como la persona que estaba con (…) en el Hotel Nivaria y que siguiendo instrucciones del inspector (…) sacaron a identificar hasta dicho vehículo, lo que además consta documentado en autos. Al mismo tiempo, la participación de David en los hechos, como el vendedor de la droga resulta además en las escuchas realizadas, donde se contienen los hechos sobre los que testigos y procesados declararon en juicio. Pero además de la intervención del teléfono número (…), propiedad de (…), aparecen continuas referencias de éste y de (…) al vendedor de la droga, al que identifican como David, ubicándolo en la acción objeto de los anteriores medios probatorios, incluida la diligencia de identificación policial ya aludida. Conversaciones trascritas y cotejadas a los folios 2422 al 2436, inclusive, y oídas en el acto del juicio oral.

    NOVENO.- El Ministerio Fiscal acusó al procesado (…), Inspector Jefe en la Comisaría de la Laguna, como autor responsable de un delito, de prevaricación en sus conclusiones, del artículo 408 del Código Penal. El referido precepto sanciona el delito de omisión del deber de perseguir delitos. Nada más se debe decir sobre la condición profesional del procesado, debidamente documentada en las actuaciones y reconocida por el mismo en juicio. Debemos reproducir aquí cuanto se relató y los medios probatorios de ello, en relación al delito de tráfico de drogas, en el tipo agravado de notoria importancia y de la participación como autor del procesado. No se trata ahora de afirmar que (…) debía haberse detenido a si (sic) mismo, sino que con su acción no detuvo e impidió la detención por parte de otros agentes de David Rivero Pulido, bajo la imputación del referido delito. El anterior procesado fue detenido a los solos efectos de su identificación, por órdenes del inspector y puesto inmediatamente en libertad por nueva orden del mismo, conocedor de que éste llevaba y escondió un paquete con tres kilos de cocaína, aproximadamente, con la finalidad de su tráfico. La ulterior detención del citado procesado solo pudo ser posible gracias al descubrimiento del delito que se imputa al inspector. Se trató de una dejación patente, manifiesta y total de las funciones que le correspondían, conforme a lo previsto en [l]a Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Véase al respecto los razonamientos de la sentencia del tribunal (sic) supremo (sic) 846/1998, de 17 de junio.

    (…)

    Con relación a la multa asignada al delito, se debe tener en cuenta el valor de la sustancia en el mercado ilícito, según resulta de los listados de la Oficina Central de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en la fecha de los hechos, lo que no ha sido objeto de cuestionamiento por las partes. A este respecto y tal y como resulta de la diligencia policial, el valor es el que resulta de los hechos probados. Los criterios para la cuantificación de la multa son los mismos seguidos en la determinación de la pena privativa de libertad, en atención al delito cometido, tipo básico o agravado, y el valor en el mercado de la droga aprehendida en cada caso, imponiéndola al doble, y a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, con reducción de un grado en los supuestos en que concurren.

    El artículo 53 del Código penal (sic), regula la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. Según resulta de lo dispuesto en el apartado 3, en su redacción originaria del Código, vigente a la fecha de los hechos, por ser más favorable al reo, no se impondrá a los condenados por penas privativas de libertad superior a los cuatro años. En todo caso, la suma penológica no debe exceder dicha cuantía, debiéndose adicionar a la pena de prisión, la subsidiaria de privación de libertad resultante del impago de la multa. Así lo interpretó el Tribunal Supremo en sentencias 772/97, de 30 de mayo y 629/96, de 26 de septiembre.

    DECIMOTERCERO.- Según lo recogido en el artículo 127 y 374.1.1a del Código Penal, se debe decretar el comiso y destrucción de la droga aprehendida, objeto de la pretensión deducida por el Ministerio Fiscal y sobre lo que no existió oposición en el juicio oral.

    Los teléfonos intervenidos a los condenados, y que se relacionan en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, deben ser considerados, por su propia naturaleza, y a la vista de la prueba practicada, como los Instrumentos para la comisión del hecho delictivo, el que no se hubiera podido materializar sin la concurrencia de los mismos, por lo que de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del citado precepto, en su redacción de la L.O. 15/2003, debe adjudicarse al Estado, para su adjudicación al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, constituido por Ley 17/2003, de 29 de mayo.

    (…)

    Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

    FALLAMOS:

    (…)

    Que debemos condenar y condenamos a D. David Rivero Pulido, en quien no concurre circunstancia modificativa de su responsabilidad criminal, como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública, cualificado por notoria importancia, ya definido, a la pena de nueve años y un día de prisión, inhabilitación especial al derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 270.000 euros.

    (…)

    Y les condenamos a todos ellos al pago de la mitad de las costas procesales.

    Asimismo se decreta el comiso y destrucción de la sustancia intervenida, el decomiso definitivo de los teléfonos y móviles relacionados en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, a los que se les dará el destino legal, poniéndose a disposición de los respectivos titulares los demás bienes comisados y sin perjuicio de su vinculación a las responsabilidades pecuniarias.

    Abónese el tiempo de prisión provisional.

    Así por nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, contra la que cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN, en el plazo de cinco días, contados al siguiente al de su notificación, anunciándolo en esta Audiencia para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

    .

    Entre los folios 176 al 178 de expediente, cursa Auto, de fecha 15 de diciembre de 2015, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, dirigido a la Autoridad Judicial competente de Venezuela. Dicho auto expresa lo que a continuación se cita:

    (…)

    ANTECEDENTES DE HECHOS

    ÚNICO.- Que el día nueve de diciembre de dos mil diez, este Tribunal de oficio dictó resolución judicial en la ejecutoria na  16/2.009, aperturándola al encontrarse en archivo provisional con la finalidad de instar la revisión de la sentencia condenatoria de fecha trece de julio de dos mil nueve (sic) entre otros de los penados David Rivero Pulido y los hermanos (…), en el procedimiento antes mencionado, dada la modificación que, como consecuencia de la aprobación de la LO 5/2010, se ha llevado a cabo en el (sic)  en (sic) los artículos 368 y 369. 1.3 del C. Penal, pretensión de la que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para emitir el preceptivo informe, que fue emitido el 14/12/2010 en el sentido de acceder a la revisión solicitada debiendo reducirse la pena privativa de libertad de nueve años y un día de prisión de (sic) prisión (sic) inicial seis años y un día de prisión, así como que se proceda a la práctica de una liquidación de condena complementaría y todo ello por las razones que constan en sus extensos escritos que queda (sic) unido (sic) a las actuaciones, con lo que sin dilación se ordenó traer los autos a la vista para sin más trámites dictar la oportuna resolución.

    (…)

    RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

    PRIMERO.- La disposición transitoria primera de la LO 5/2010 de 22 de junio dispone que los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión y añade que no obstante lo anterior se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor concluyendo que para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código actual y de la reforma contenida en esta Ley.

    SEGUNDO.- En este caso, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en la citada norma así como el contenido de la disposición transitoria segunda del mismo texto legal, procede la revisión de la sentencia firme que da origen a esta ejecutoria, por resultar más favorable al reo la redacción de los articulaos 368 y 369.1.3. del vigente código penal como consecuencia de la reforma operada por la LO 5/2010 y, en consecuencia, queda modificada la sentencia de (sic) condenatoria de (sic) trece de julio de dos mil siete, dictada en el procedimiento Ejecutoria penal,  na 16/2.009 respecto a los penados David Rivero Pulido y los hermanos (…) en los siguientes términos; Reducir (sic) la pena privativa de libertad inicialmente impuesta de nueve años y un día de prisión impuesta inicialmente a la de seis años y un día de prisión con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio por igual tiempo, dejando inalterable el resto de los pronunciamientos, si bien apercibiendo a las partes que la eficacia de la presente resolución tendrá lugar a partir del 23/12/2010 fecha de la entrada en vigor de la reforma[.]

               

    (…)

    PARTE DISPOSITIVA

    LA SALA RESUELVE: QUE DEBEMOS REVISAR Y REVISAMOS la sentencia condenatoria dictada el día trece de julio de dos mil siete en el procedimiento Ejecutoria penal na 16/2.009 respecto a los penados David Rivero Pulido y los hermanos (…) en los siguientes términos: Modificar la pena privativa de libertad de nueve años y un día de prisión y la accesoria de inhabilitación del derecho del sufragio pasivo por igual tiempo a seis años y un día de prisión reduciendo a su vez la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo por igual tiempo, dejando inalterable el resto de los pronunciamientos, debiendo posponerse la eficacia de la citada resolución a la entrada en vigor de la reforma y todo ello por las razones que constan en la fundamentación jurídica de la presente resolución

    .

                Entre los folios 179 y 178 de expediente, cursa Certificado, de fecha 11 de febrero de 2016, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España, mediante el cual se deja constancia de que en dicha Sección se tramita la Ejecutoria Penal 16/2009. La mencionada certificación expresa lo que a continuación se cita:

                “(…)

    CERTIFICADO

    (…)

    CERTIFICO: Que en esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial se tramita la Ejecutoria Penal 16/2009 en la que son de aplicación las disposiciones legales siguientes:

  3. artículo 368 del Código Penal vigente en la actualidad

    Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

    No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370.

  4. Artículo 368 [Redacción vigente en la fecha de comisión de los hechos]

    Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

    Artículo 369 [Redacción vigente en el momento de comisión de los hechos]

    Se impondrán las penas privativas de libertad superiores en grado a las respectivamente señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando:

    . 3° Fuere de notoria importancia la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior”.

    Entre los folios 181 y 186 del expediente, cursa Orden de Detención Europea, de fecha 28 de septiembre de 2009, emanado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, España. Dicha orden expresa lo que a continuación se cita:

       

        “(…)

    ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA[.] La presente orden deberá redactarse o traducirse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, si se conoce dicho Estado, o en cualquier otra lengua aceptada por éste.

    La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial  competente. Solicito la detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuación, a afectos de enjuiciamiento penal o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad.

    1. Información relativa a la identidad de la persona buscada:

      Apellido(s): RIVERO PULIDO

      Nombre(s): DAVID CON NIF 78613040Y

      Apellido(s) de soltera (en su caso):

      Alias (en su caso):

      Sexo: VARÓN

      Nacionalidad: ESPAÑOLA

      Fecha de nacimiento: EL VEINTIUNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

      Lugar de nacimiento: CARACAS (VENEZUELA)

      Residencia y/o domicilio conocido: SE DESCONOCE SU ACTUAL DOMICILIO PORQUE ESTUVO EN PRISIÓN PREVENTIVA Y SALIÓ EN LIBERTAD PREVIO PAGO DE UNA FIANZA DE LIBERTAD PARA ELUDIR PRISIÓN

      En caso de conocerse: idioma(s) que entiende la persona buscada: EXCLUSIVAMENTE CASTELLANO

      Rasgos físicos particulares/descripción de la persona buscada: SE DESCONOCEN SI -: BIEN SE TRATA DE UNA PERSONA DE CONFLEXIÓN (sic) NORMAL INDEPENDIENTEMENTE DE PODER HABER CAMBIADO DESDE LA FECHA DE LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO

      Fotografía e impresiones dactilares de la persona buscada, si están disponibles y pueden transmitirse, o señas de la persona a la que dirigirse a fin de obtenerlas o de obtener una caracterización del ADN (si no se ha incluido tal información y se dispone de ella para su transmisión)

    2. Decisión sobre la que se basa la orden de detención RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE ESTRECHAMENTE ENLAZADA CON EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE Y LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL SIETE

      1. Orden de detención o resolución judicial ejecutiva de igual fuerza: RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE TRIBUNAL CON FECHA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE AL INTENTAR REQUERIR DE (sic) INGRESO EN PRISIÓN AL PENADO EN LOS DOMICILIOS OBTENIDOS DE FORMA TELEMÁTICA DEL MISMO CON RESULTADO NEGATIVO

      Tipo: UNA PROVIDENCIA ORDENADO (sic) EXTENDER LA ORDEN DE PRISIÓN NACIONAL A ORDEN DE PRISIÓN INTERNACIONAL

      2. Sentencia ejecutiva: CONDENATORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL DE TRECE DE JULIO DE [DOS] MIL SIETE CONFIRMADA POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO AL SER DESESTIMADO EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL PENADO

      Referencia: SENTENCIA DE LA SALA DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL SIETE

    3. Indicaciones sobre la duración de la pena: NUEVE AÑOS DE PRISIÓN POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DEL ARTÍCULO 368 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL DEL TIPO AGRAVADO AL SER [DE] NOTORIA IMPORTANCIA

      1. Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativas de libertad que puede dictarse por la infracción o las infracciones: LA SEÑALADA EN LA RESOLUCIÓN DE INSTANCIA

      2. Duración de la pena o medida de seguridad privativas de libertad impuesta NUEVE AÑOS DE PRISIÓN

      Pena que resta por cumplir LA MAYOR PARTE DE LA PENA EN CONCRETÓ TRES MIL SESENTA Y SIETE DÍAS AL HABER ESTADO EN PRISIÓN PREVENTIVA POR ESTA CAUSA DOSCIENTOS DIECIOCHO DÍAS

    4. Resolución dictada en rebeldía:

      - La persona de que se trata fue citada personalmente o informada por otros medios de la fecha y lugar de la vista en que se dictó la resolución en rebeldía

      - La persona de que se trata no fue citada personalmente ni informada por otros medios de la fecha y lugar de la vista en que se dictó la resolución en rebeldía, pero dispone de las siguientes garantías jurídicas tras la entrega a las autoridades judiciales (si tales garantías pueden presentarse anticipadamente):

      Precisar las garantías jurídicas:

    5. Infracción(es):

      La presente orden se refiere a un total de: UNA. (sic) infracción/infracciones.

      Descripción de las circunstancias en que se cometió/cometieron la infracción o infracciones, incluido el momento (fecha y hora), lugar y grado de participación en la(s) misma(s) de la persona buscada: EL PENADO TRANSPORTÓ DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA HASTA EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA TRES KILOGRAMOS DE COCAÍNA QUE DEJÓ PARA SER RECOGIDA EN LOS ASEOS DE LA CAFETERÍA DE UN HOTEL

      Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable: SE TRATA DE UN DELITO AGRAVADO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DEL ARTÍCULO 368 Y 369.6 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL

      1. Márquense las casillas correspondientes si se trata de una o varias de las infracciones siguientes castigadas en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, según están definidas en el Derecho del Estado miembro emisor:

      (…)

      X homicidio (sic) voluntario, agresión con lesiones graves,

      (…)

      II- Descripción detallada de la infracción o infracciones distinta (s) de las enumeradas en el punto I

    6. Otras circunstancias relacionadas con el caso (información facultativa)

      (N.B.: Pueden incluirse observaciones sobre extraterritorialidad, suspensión de plazos de prescripción de limitación temporal y otras consecuencias de la infracción)

    7. La presente Orden se refiere a la intervención y entrega de objetos que puedan servir de prueba.

      La presente Orden se refiere igualmente a la intervención y entrega de objetos en poder de persona buscada de resultas de la infracción:

      Descripción y localización de los objetos (en caso de conocerse):

    8. La infracción o infracciones por la(s) que se ha emitido la presente orden es/son punible(s)/ha(n) dado lugar a una pena o medida de seguridad  privativas de libertad de carácter perpetuo:

      - El ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor dispone revisar la pena impuesta,  previa petición o cuando hayan transcurrido al menos 20 años, a efectos de no ejecución de pena o medida.

      - El ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor dispone aplicar las medidas de clemencia a que tiene derecho la persona en cuestión, con arreglo al Derecho o práctica del Estado miembro emisor, a efectos de no ejecución de la pena o medida.

    9. Autoridad judicial emisora de la presente Orden:

      Denominación oficial:

      Nombre de su representante Se incluirá, en las diferentes versiones lingüísticas, una referencia al «titular» de la autoridad judicial.

      DON JOAQUÍN ASTOR LANDETE

      Función (cargo/grado) PRESIDENTE DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

      Referencia del expediente: EJECUTORIA NUMERO 16/2009 QUE TRAE CAUSA DEL ROLLO DE SALA SUMARIO 34/2.003 QUE A SU VEZ TRAE CAUSA DEL SUMARIO NÚMERO 4/2003 INSTRUIDO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE ICOQ DE LOS VINOS

      Dirección AVENIDA TRES DE MAYO SIN NÚMERO PLANTA SEGUNDA

                  (…)

                 

                  Firma de la autoridad judicial emisora, de su representante o de ambos:. (sic)

      Nombre: DON JOAQUIN (sic) ASTOR LANDETE Y DON DOMINGO CELADA AYLLÓN

      Función (cargo/grado) PRESIDENTE Y SECRETARIO JUDICIAL DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

      Fecha: 28/09/2009 (…)”.

      Del mismo modo, de la documentación remitida por el país requirente se desprende que el delito por el cual se solicita la extradición del ciudadano David Rivero Pulido, fue cometido en el territorio del Reino de España, y se encuentra vigente en su legislación; dicho delito contra la salud pública se encuentra tipificado en los artículos 368 y 369, numeral 6, del Código Penal español.

      De acuerdo con la certificación hecha por el país requirente respecto a las disposiciones legales aplicables al caso, las autoridades judiciales del Reino de España solicitaron la extradición del referido ciudadano, subsumiendo los hechos por los cuales le requieren en un delito contra la salud pública, previsto y sancionado en los artículos 368 y 369. 6° del Código Penal español. Dichas disposiciones, contenidas en la Certificación, de fecha 11 de febrero de 2016, emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Santa Cruz de Tenerife (folios 179 y 180 de la pieza única del expediente), son del contenido siguiente:

                  “(…) artículo 368 del Código penal vigente en la actualidad

      Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

      No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad y concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370. 

      (…)

      Artículo 369 [Redacción vigente en el momento de comisión de hechos]

      Se impondrán las penas privativas de libertad superiores en grado a las respectivas señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando:

      (…)

      1. ° Fuere de notoria importancia la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior”.  

       

      El tipo penal descrito en la documentación judicial consignada por el país requirente es similar al previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en Gaceta Oficial núm. 4.636 Extraordinario, de fecha 30 de septiembre de 1993, vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos por los cuales se requiere la extradición del ciudadano David Rivero Pulido por  el Reino de España, el cual, a la presente fecha, se encuentra previsto entre los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial núm. 39546, de fecha 5 de noviembre de 2010. Tales dispositivos son del tenor siguiente:

         Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (1993)

      ARTÍCULO 34.-      El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, produzca, transporte, almacene, realice actividades de corretaje, dirija o financie las operaciones antes mencionadas y de tráfico de las sustancias o de sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales, desviados para la producción de estupefacientes y psicotrópicos a que se refiere esta Ley, será sancionado con prisión de diez (10) a veinte (20) años

      .

                                     Ley Orgánica de Drogas (vigente)

       

      Artículo 149. El o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiera esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años.

      (…)

      Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho y drogas sintéticas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.

      Artículo 150. El o la que ilícitamente fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, mezcle o produzca las sustancias o químicos a que se refiere esta Ley, será penado o penada con prisión de quince a veinte años.

      El o la que dirija o financie estas operaciones, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años

      .

                 

      Del mismo modo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas contempla el tipo penal de Tráfico, en la parte que prevé las conductas por las cuales los Estados Parte podrán colaborar en materia de Extradición; en efecto, el mencionado Instrumento, en su artículo 6, numeral 1, remite expresamente al artículo 3, titulado “Delitos y Sanciones”, numeral 1, literal A, literal i), de cuyo contenido se evidencia que los Estados signatarios se obligan a tipificar en sus respectivas legislaciones penales las conductas allí especificadas, entre ellas, el transporte de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

      Con fundamento en las citadas previsiones, es posible concluir que la referida conducta encuadra en un tipo penal previsto en la legislación tanto del país requirente (Reino de España) como del país requerido (República Bolivariana de Venezuela) por lo que se verifica el principio de la doble incriminación.

      En cuanto al principio de mínima gravedad del hecho, la Sala de Casación Penal observa que la sentencia condenatoria dictada contra el ciudadano David Rivero Pulido, se refiere a un delito cuya pena es superior al mínimo requerido por el artículo 2, numeral 2, del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.

      Por lo que se refiere al principio de no entrega por delitos políticos propios, relativos o conexos con éstos, el artículo 6 del Código Penal venezolano establece que no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con hechos de esta naturaleza; por lo tanto, se observa de la documentación presentada por las autoridades Judiciales del Reino de España, que el ciudadano David Rivero Pulido es requerido en extradición para la ejecución de una sentencia condenatoria por la comisión del delito de Tráfico de Drogas, por lo que no existe elemento alguno que haga suponer que la conducta que se imputa al requerido pueda ser apreciada como constitutiva de delito político propio, relativo o conexo con éstos, ya que la conducta realizada por el mencionado ciudadano se adecua al tipo, cuyo objeto de protección lo constituye la salud pública, cumpliéndose así el requisito formal de exclusión de delitos políticos en la solicitud de extradición pasiva.

      En cuanto a la pena a la cual fue condenado el ciudadano David Rivero Pulido, la Sala de Casación Penal observa que la sanción aplicable por el delito que sustenta la presente solicitud de extradición no es una pena de las que el Derecho Penal contemporáneo considera inhumana, atroz o infamante como lo son, por ejemplo, la pena de muerte, la prisión perpetua o el presidio, ya que se encuentra sancionado con pena de prisión, por lo que no colide con lo consagrado en los artículos 43, 44, numeral 3, y 46, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el primer párrafo del artículo 94 del Código Penal venezolano, cuando señalan:

                    Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

      Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.

      Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

      (…)

      3.  La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.

      Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia:

      1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura, trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación

      .

                                             Código Penal venezolano

      “Artículo 94. En ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley".

      En efecto, en el presente caso se cumple con los requisitos de procedencia de la extradición, pues la pena impuesta al ciudadano David Rivero Pulido no es de muerte ni privativa de libertad a perpetuidad, de presidio, mayor de treinta años, o, en definitiva, inhumana, ya que el referido ciudadano fue condenado, inicialmente, a la pena de prisión de nueve años y un día, inhabilitación para el sufragio pasivo por el mismo período, y a una multa de 270.000 euros; posteriormente, dicha pena fue revisada (según Auto, de fecha 15 de diciembre de 2010) por entrar en vigencia una ley que resultó más favorable al reo, y finalmente quedó en seis años y un día de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el mismo tiempo, y la misma multa; razón por la que se considera que los principios relativos a la pena se encuentran satisfechos.

      De igual forma, cabe agregar que no se desprende de las actuaciones consignadas ningún elemento que haga presumir la prescripción en el presente caso. Específicamente, respecto a la prescripción de la pena, se observa que de acuerdo con los artículos 133 y 134 del Código Penal español, dicha institución está regulada de la manera siguiente:

      Artículo 133

      Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

      A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.

      A los 25 años, las de prisión de quince o más años sin que excedan de 20.

      A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.

      A los 15, las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de 5 años y que no excedan de 10.

      A los 10, las restantes penas graves.

      A los 5, las penas menos graves.

      Al año, las penas leves.

      Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.

      Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona.

      Artículo 134

      El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

      En cuanto a la legislación venezolana, el artículo 112, numeral 1, del Código Penal venezolano, estipula que las penas prescriben:

      Artículo 112. Las penas prescriben así:

      1. Las de prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo.

      (…)

      El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta comenzado a cumplirse; pero en el caso de nueva prescripción, se computará en ella al penado el tiempo de la condena sufrida.

      Se interrumpirá esta prescripción, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en el caso de que el imputado se presente o sea habido y cuando cometiere un nuevo hecho punible de la misma índole antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda a comenzar a correr de nuevo

      .

      De acuerdo con lo expresado anteriormente, resulta oportuno indicar que David Rivero Pulido fue juzgado y sentenciado por las autoridades judiciales del Reino de España, el 13 de julio de 2007, específicamente por la Audiencia Provincial en Santa Cruz de Tenerife, a la pena de nueve años y 1 día de prisión, más la inhabilitación para el sufragio pasivo por el mismo período.

      Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo del Reino de España, en fecha 4 de noviembre de 2008; posteriormente, con auto, de fecha 15 de diciembre de 2010, la misma Audiencia Provincial en Santa Cruz de Tenerife, revisa la sentencia condenatoria impuesta al ciudadano David Rivero Pulido con ocasión de la entrada en vigencia de una ley penal que resultó en concreto más favorable al reo; a partir de dicha revisión, la pena finalmente quedó establecida en seis años y un día de prisión, más la inhabilitación para el sufragio pasivo por el mismo período de tiempo, más la ratificación de la multa de 270.000 euros.  

      Por consiguiente, observa la Sala de Casación Penal que en el presente caso no ha operado la prescripción de la pena impuesta al ciudadano David Rivero Pulido, por cuanto según lo dispuesto en el artículo 133 del Código Penal español la pena prescribiría a los “A los 15, las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10”, tal disposición se corresponde con el contenido de la norma del artículo 112, numeral 1, del Código Penal venezolano, que exige a fin de calcular la prescripción de la pena, el transcurso de un tiempo igual al de la pena impuesta más la mitad del mismo.

      Dicho cómputo coincide con el destacado en la solicitud de extradición, de fecha 11 de febrero de 2016, en la cual se destaca (folio 97) que el plazo de prescripción es de quince años desde que se dictó la sentencia por la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español, en fecha 4 de noviembre de 2008.

      En el presente caso el ciudadano David Rivero Pulido, fue condenado, después de la revisión que se ha realizado, a la pena de seis años de prisión y a la inhabilitación al sufragio pasivo por el mismo período, por lo que a la presente fecha no ha transcurrido el tiempo requerido para que ocurra la prescripción de la pena, por lo que resultaría, según esta exigencia, procedente su extradición, siempre que se satisfagan los demás requisitos.

      Ahora bien, respecto a la identificación del ciudadano requerido en extradición, se observa que, el 15 de febrero de 2016, mediante oficio núm. 713, suscrito por el ciudadano Luciano Ortega, Director (E) de Verificación y Registro de Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, remitió a la Sala de Casación Penal los datos filiatorios del ciudadano David Rivero Pulido, observándose de los mismos lo siguiente:

      Al respecto de su solicitud, se especifican en relación anexa el DATO FILIATORIO del ciudadano(a), respectivamente, SEGÚN LO CONTENTIVO EN LA TARJETA ALFABÉTICA, en virtud de contribuir con la investigación que adelante a su cargo.

      DAVID RIVERO PULIDO. //

      CEDULA (sic) DE IDENTIDAD N°: 11.921.658.//

      NOMBRE DE LOS PADRES: (…)

      LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARACAS, PARROQUIA SAN BERNARDINO, DAPARTAMENTO LIBERTADOR, DISTRITO FEDERAL EL 21/07/1974.//

      ESTADO CIVIL: SOLTERO.//

      DOCUMENTOS PRESENTADOS: PARTIDA DE NACIMIENTO N° 3495 AÑO 1974[,] EXPEDIDA POR EL REGISTRO PRINCIPAL DE CARACAS EL 12/04/1985

      .

      Como se puede apreciar de la transcripción de los datos filiatorios, el ciudadano David Rivero Pulido es de nacionalidad venezolana, nacido el 21 de julio de 1974, en la Parroquia San Bernardino, de la ciudad de Caracas.

      Al respecto, debe advertirse que en la legislación venezolana, y en específico en el marco normativo que rige el procedimiento de extradición, se encuentra establecido el principio de la no entrega de los nacionales, pues así lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, el segundo párrafo del artículo 69, según el cual: “Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.

      Respecto a la nacionalidad, el artículo 32 de la Carta Magna prescribe que:

      Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

      1. Toda persona nacida en el territorio de la República.

      (...)

      .

      Igualmente, el primer párrafo del artículo 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, pauta lo siguiente:

      La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le Imputa mereciere pena por la ley venezolana

      .

      De acuerdo con las disposiciones anteriormente transcritas, la Sala de Casación Penal deja claramente establecido que en la legislación venezolana rige irrestrictamente el principio de la no entrega de nacionales.

      Visto que la petición de extradición formulada por el Reino de España recae sobre un ciudadano que es venezolano por nacimiento, tal como se demostró anteriormente, la Sala de Casación Penal, con arreglo en lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 6 del Código Penal, que prohíben la entrega en extradición de los venezolanos o venezolanas, considera que no es procedente dicha solicitud. Así se decide.

      Con base en los lineamientos establecidos en nuestra legislación y en el artículo 8, numeral 1, del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, así como en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, los cuales establecen el modo de proceder para el juzgamiento de un nacional que ha sido requerido en extradición, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, máxima instancia del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, asume para con el Reino de España el firme compromiso de hacer cumplir el resto de la pena impuesta al ciudadano David Rivero Pulido, por los hechos sobre los cuales dictó sentencia condenatoria la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el 13 de julio de 2007, por la comisión del delito “... contra la salud pública (…) en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud...”, “… que asciende a nueve años y un día de prisión”; la cual fue ratificada por el Tribunal Supremo Español, en fecha 4 de noviembre de 2008;  revisada, según auto, de fecha 15 de diciembre de 2010, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en virtud de una reforma a la ley que resultó más favorable al reo quedando en “seis años y un día de prisión”  (folios 176 al 178 de la pieza única del expediente), menos el tiempo que permaneció el penado en prisión preventiva, equivalente a doscientos dieciocho (218) días, tal como consta en la Solicitud de Extradición del ciudadano objeto del presente proceso de extradición (folios 96 al 98 de la pieza única del expediente).

      En síntesis, al analizar la documentación enviada por el Gobierno del Reino de España, se evidencia que en el presente caso se cumplen algunos de los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país. Así, pues, la Sala de Casación Penal es del criterio que se cumple con los siguientes:

    10. Principio de la doble incriminación: De acuerdo con el cual el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, el delito de Tráfico de Drogas se halla tipificado en las legislaciones de ambos países.

    11. Principio de la mínima gravedad del hecho: En sintonía con dicha prescripción, sólo procede la extradición por delitos y no por faltas, y en el caso que nos ocupa la extradición fue solicitada por la comisión de un delito con pena de privación de libertad con una duración superior a los dos años, tal como lo exige el artículo 2, numeral 1, del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.

      Lo anterior debe complementarse con el supuesto previsto en el artículo 2, numeral 2, de tal Tratado, el cual refiere el supuesto en el que la persona requerida ya ha sido condenada, en cuyo caso, la pena o medida de seguridad que le reste por cumplir en el Estado requirente, no debe ser inferior a seis meses.

      Según se desprende de la documentación consignada por las autoridades del gobierno del Reino de España, la diferencia de pena que le resta por cumplir al ciudadano David Rivero Pulido, fijada a partir de la sentencia condenatoria del 13 de julio d e2007, la ratificación por el Tribunal Supremo español, en fecha 4 de noviembre de 2008, la revisión por la entrada en vigencia de una ley penal más favorable, de fecha 15 de diciembre de 2010, y el descuento del tiempo que duró en prisión preventiva, es superior al mínimo de seis en caso de condenatoria exigido por el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela.

    12. Principio de la especialidad: Con fundamento en el mismo, el sujeto requerido en extradición no puede ser juzgado o sometido a cumplir condena por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, y en el presente caso la extradición del ciudadano David Rivero Pulido, caso de haberse podido conceder, única y exclusivamente lo habría sido para ser juzgado o ejecutada la condenatoria por el delito que motivó la solicitud, esto es, por un delito contra la salud pública, tipificado en los artículos 368 y 369 del Código Penal español.

      Debe precisarse, empero, que el principio de especialidad es uno de los que adquiere cardinal importancia cuando la solicitud de extradición es declarada procedente; por tanto, es un principio, cuyo respeto depende de la buena fe imperante entre las partes involucradas en el proceso de extradición, así como de la cláusula que refiere que los pactos deben ser cumplidos tal como han sido acordados.

    13. Principio de no entrega por delitos políticos: Conforme con dicha exigencia se prohíbe la entrega de personas perseguidas por delitos políticos, y en el presente caso ha quedado claramente establecido que el delito que motiva la solicitud no es un delito político propio, relativo o conexo.

    14. Principios relativos a la acción penal: Con arreglo a la mencionada pauta, no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme con la ley del Estado requirente o del Estado requerido, y en el presente caso se constata que el delito por el cual se requiere la extradición del ciudadano David Rivero Pulido no opera la prescripción de la pena.

    15. Principios relativos a la pena: Según los cuales no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte o una pena perpetua (o cualquier otra pena infamante); tal como se determinó en el presente caso, el ciudadano David Rivero Pulido es requerido por un delito cuya pena a la que fue condenado no excede de treinta años de privación de libertad, específicamente la sentencia que le fue impuesta inicialmente fue de nueve (9) años y un (1) día de prisión y con la accesoria de inhabilitación del derecho al sufragio por igual tiempo, las cuales (principal y accesoria) luego de ser revisada por entrar en vigencia con posterioridad a la comisión del delito una reforma penal que en concreto resultó más favorable por rebajar la pena de dicho delito, finalmente quedó fijada en seis (6) años y un (1) día de prisión, más la inhabilitación para el sufragio pasivo por el mismo tiempo.

      Con base en lo anterior, se confirma que la pena que le fue impuesta al ciudadano David Rivero Pulido no es de aquéllas que impide la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni el Derecho Penal moderno sostenido sobre la permanente e irreversible humanización del castigo.

      El conjunto de principios anteriormente enunciados se refieren al delito, a la pena o a la acción penal; sin embargo, el cúmulo de principios que fundan la institución de la extradición, para que la misma constituya una verdadera institución jurídica rodeada de garantías para las partes involucradas, debe completarse, según el Derecho venezolano, con el principio relativo a la persona denominado no entrega de nacionales.

      Principio de no entrega de nacionales: Según este principio, el Estado requerido, cuando su legislación así lo estipule, no entregará a sus nacionales y, en el presente caso, se solicita a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de un ciudadano venezolano, tal como se desprende de la documentación que prueba la identidad, nacionalidad y datos filiatorios del ciudadano David Rivero Pulido.

      En consecuencia, se considera que lo ajustado a Derecho es DECLARAR IMPROCEDENTE la extradición pasiva del ciudadano David Rivero Pulido, de nacionalidad venezolana, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad núm. 11.921.658, actualmente recluido en el Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación El Rosal, Caracas, requerido por las autoridades judiciales del Gobierno del Reino de España, según Notificación Roja Internacional A-515/1-2016, de fecha 28 de enero de 2016, en virtud de la sentencia núm. 456/07, dictada por la Audiencia Provincial Sección Segunda Santa Cruz de Tenerife, del Reino de España, de fecha 13 de julio de 2007, suscrita por los Magistrados Joaquín Astor Landete (Ponente), Francisco Javier Mulero Flores y Aurelio Santana Rodríguez, ratificada por el Tribunal Supremo del Reino de España, en fecha 4 de noviembre de 2008, revisada en cuanto al cómputo de la pena, según Auto de la propia Audiencia Provincial, Sección Segunda, Santa Cruz de Tenerife, del Reino de España, de fecha 15 de diciembre de 2010, suscrito por los Magistrados Joaquín Astor Landete (Presidente), Francisca Soriano Vela y Jaime Requena Juliani, y por la que se incoó la Ejecutoria núm. 16/091, por un delito contra la salud pública, cualificado por la agravante de notoria importancia, tipificado en los artículos 368 y 369, numeral 6, del Código Penal español. Así se decide.

      En virtud del pronunciamiento anterior, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ASUMIRÁ para con el Reino de España el firme COMPROMISO de que el ciudadano David Rivero Pulido terminará de cumplir la pena que le fuera impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el 13 de julio de 2007; ratificada por el Tribunal Supremo del Reino de España, en fecha 4 de noviembre de 2008, y la cual fue revisada según auto de Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 15 de diciembre de 2010, por haber entrado en vigencia una ley penal más favorable.

      En virtud de lo cual, la Sala de Casación Penal ACUERDA que el mencionado ciudadano continuará cumpliendo la Medida de Reclusión que le fue impuesta por el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 4 de febrero de 2016.

      Asimismo, acuerda remitir la documentación enviada por el Reino de España a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de ser distribuida a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del referido circuito; dicho órgano jurisdiccional, una vez recibidas las actuaciones, deberá realizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, el cómputo de la pena que le resta por cumplir a dicho ciudadano, para lo cual deberá tomar en cuenta el tiempo que ha estado privado de libertad en nuestro país con ocasión de la solicitud de extradición, y  el tiempo que estuvo preventivamente privado de la libertad en el Reino de España. Del mismo modo, deberá indicar el lugar de reclusión donde permanecerá el ciudadano David Rivero Pulido, a fin de cumplir con la pena que le fuere impuesta en el Reino de España, por la comisión de un delito “…contra la salud pública…”. Así se declara.

      VI

      DECISIÓN

      Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:

PRIMERO

DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano DAVID RIVERO PULIDO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad núm. 11.921.658, actualmente recluido en el Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, El Rosal, Caracas, requerido por las autoridades judiciales del Reino de España, según aparece reseñado en la Notificación Roja Internacional A-515/1-2016, de fecha 28 de enero de 2016, emanada de la Oficina Central Nacional OCN-ESPAÑA, así como en la Orden de Captura dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en Santa Cruz de Tenerife, de fecha 28 de septiembre de 2009, por el delito previsto en los artículos 368 y 369, numeral 6, del Código Penal español.

SEGUNDO

La República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, ASUME para con el Reino de España el firme COMPROMISO de que el ciudadano DAVID RIVERO PULIDO terminará de cumplir la pena que le fuere impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el 13 de julio de 2007, ratificada por el Tribunal Supremo del Reino de España, en fecha 4 de noviembre de 2008, y la cual fue revisada según auto de Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 15 de diciembre de 2010, por haber entrado en vigencia una ley penal más favorable.

TERCERO

ACUERDA que dicho ciudadano continuará cumpliendo la Medida de Reclusión que le fue impuesta por el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 4 de febrero de 2016.

CUARTO

REMITE la documentación enviada por el Reino de España a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de ser distribuida a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución; dicho órgano jurisdiccional, una vez recibidas las actuaciones, deberá realizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, el cómputo de la pena que le resta por cumplir a dicho ciudadano, para lo cual deberá tomar en cuenta el tiempo que ha estado privado de libertad en nuestro país con ocasión de la solicitud de extradición, y  el tiempo que estuvo preventivamente privado de la libertad en el Reino de España. Del mismo modo, deberá indicar el lugar de reclusión donde permanecerá el ciudadano DAVID RIVERO PULIDO, a fin de cumplir con la pena que le fuere impuesta en el Reino de España, por la comisión de un delito “…contra la salud pública…”.

Infórmese de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ordena expedir copias certificadas de la misma y remitirlas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Infórmese de esta decisión a la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, a cuyo efecto se adjuntará copia certificada de la misma.

Publíquese, regístrese, archívese el expediente y ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   VEINTIDÓS (22)  días del mes de JULIO de 2016. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

     Ponente

La Magistrada,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

            La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

Expediente: AA30-P-2016-000052

FCG.