Sentencia nº ADI-003 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Agosto de 2006
| Fecha de Resolución | 3 de Agosto de 2006 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Levis Ignacio Zerpa |
| Procedimiento | Auto decidiendo la inhibición |
Caracas, 03 de agosto de 2006 196º y 147º
Exp. Nº 2002-0981 Vista la diligencia presentada en fecha 23 de marzo de 2006, por la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, mediante la cual manifiesta su voluntad de inhibirse de seguir conociendo de la presente causa, se observa:
I
Mediante escrito presentado ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 08 de febrero de 2002, los abogados V.R.H.M. y Leondina D.F., inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 35.622 y 35.497, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PANAMCO DE VENEZUELA S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 03 de junio de 1997, bajo el N° 59, Tomo 295-A, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo y de forma subsidiaria solicitud de suspensión de efectos, contra la Resolución Administrativa N° 065 del 05 de febrero de 2002, emanada de la DIRECCIÓN DE LA INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO, MINISTERIO DEL TRABAJO.
En fecha 08 de febrero de 2002, la prenombrada Corte admitió el recurso de nulidad interpuesto, declaró procedente la medida cautelar de amparo y en consecuencia, suspendió los efectos del acto administrativo recurrido. Asimismo, ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes.
El 15 de febrero de 2002, el apoderado judicial de la parte actora solicitó ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la ejecución de la sentencia N° 206 del 08 de febrero de 2002.
En fecha 27 de febrero de 2002, dicha Corte declaró con lugar la solicitud anteriormente referida y extendió los efectos de la medida cautelar de amparo a la Resolución N° 078 dictada por la Dirección de la Inspectoría Nacional y otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado.
Mediante escrito del 28 de mayo de 2002, los ciudadanos J.G.G., Salvador Mazza, Gustavo Guevara, O.P. y L.M., titulares de la cédulas de identidad N° 6.528.148, 6.413.800, 4.351.258, 6.861.957 y 6.906.031, respectivamente, asistidos por el abogado A.R.S., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 46.221, solicitaron la intervención como terceros interesados en el presente juicio, apelaron de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 08 de febrero de 2002, y plantearon formalmente la recusación del Magistrado Juan Carlos Apitz Barbera, por encontrarse incurso en las causales previstas en los ordinales 1° y 4° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 07 de junio de 2002, la representación judicial de la sociedad mercantil Panamco de Venezuela, S.A. presentó escrito de oposición a la intervención de terceros formulada.
El 17 de junio de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo acordó pasar el expediente al Magistrado ponente a los fines de dictar la decisión correspondiente.
Luego de ser declarada procedente la inhibición del Magistrado Juan Carlos Apitz Barbera el 03 de julio de 2002, y aceptada la convocatoria del abogado E.J.D.P., en su carácter de cuarto suplente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se constituyó la Sala Accidental en fecha 17 de julio de 2002.
Por decisión del 25 de julio de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo desestimó el recurso de apelación interpuesto y declaró procedente la intervención de tercería solicitada.
Por auto del 09 de octubre de 2002, la precitada Corte remitió a esta Sala Político Administrativa copia certificada de las actuaciones que conforman el cuaderno separado, a los fines de la consulta de ley.
El 07 de noviembre de 2002, se dio cuenta en la Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado L.I.Z., para decidir la consulta.
Mediante escrito presentado ante la Sala Político-Administrativa del 11 de noviembre de 2002, la representación judicial de la sociedad mercantil demandante, solicitó la confirmación de la sentencia N° 368 del 27 de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Por diligencia del 12 de noviembre de 2002, el abogado R.M.G., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 8.495, consignó instrumento poder otorgado por la parte recurrente.
El 06 de marzo de 2002, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Panamco de Venezuela S.A., presentó escrito mediante el cual solicitó a la Sala Político Administrativa dictar el pronunciamiento correspondiente y reiteró el pedimento relativo a la confirmación de la sentencia N° 368 del 27 de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Por auto de fecha 28 de abril de 2005, se dejó constancia de que en fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados E.G.R. y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado L.I.Z.; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y E.G.R.. Igualmente, se dejó constancia de que en fecha 2 de febrero de 2005, fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrados L.I.Z., Hadel Mostafá Paolini y E.G.R.. Asimismo, se ordenó la continuación del presente caso.
El 20 de septiembre de 2005, se reasignó la ponencia al Magistrado E.G.R., en virtud de la redistribución equitativa de causas.
En fecha 23 de marzo de 2006, la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero se inhibió de seguir conociendo de la presente controversia, de conformidad con los artículos 82 y 84, ordinal 18, del Código de Procedimiento Civil.
Luego, el 05 de abril de 2005, la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz se inhibió de seguir conociendo del caso por considerar que se configura la causal contenida en el artículo 82, ordinal 15 eiusdem.
Habiéndose inhibido la Presidenta de la Sala, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, y también la Vice-Presidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, corresponde a quien suscribe decidir la presente inhibición, con fundamento en el primer y segundo aparte del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, observa:
La Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero expresó lo siguiente:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, declaro que tengo impedimento para conocer de la presente causa, por cuanto en fecha 21 de noviembre de 2001, hice pública mi enemistad con el abogado R.M.G., según se evidencia del acta que corre inserta al expediente signado con el N° 13.936 (nomenclatura de esta Sala Político-Administrativa) y con ello quedó comprometida a partir de esa fecha mi imparcialidad como juez, en todos los asuntos que tengan relación con el citado abogado. De ahí que, visto que en el presente caso fue conferido por la parte accionante poder al prenombrado abogado, el cual cursa a los folios 208 al 219 del presente expediente, resulta evidente, en razón de lo antes expuesto, que la situación descrita configura la causal de inhibición prevista en los artículos 82 y 84, ordinal 18 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del primer aparte del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo.” (Destacado del acta).
Ahora bien, la inhibición es un deber y un acto procesal del juez, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existen circunstancias que, en forma suficiente, sean capaces de comprometer su imparcialidad para juzgar.
De esta manera, la inhibición debe ser hecha en la forma legal y estar fundada en alguna de las causales establecidas por la ley, en este caso en particular, las causales consagradas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
En relación con las regulaciones de esta institución procesal, los artículos 84 y 88 eiusdem disponen lo que a continuación se transcribe:
Artículo 84.- El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.
Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento.
Artículo 88.- El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación que pueden usar las partes.
En el caso bajo estudio, la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero alegó la causal contenida en el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
(... omissis)
18. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado.” (Destacado nuestro).
Así, se desprende de la declaración expresada por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, la cual constituye un reconocimiento voluntario de la aseveración de un hecho conocido por ella, que la relación de enemistad manifestada con uno de los abogados litigantes en el presente juicio, afecta su necesaria imparcialidad para conocer la causa de autos, en consecuencia, se observa la existencia de la causal invocada por la referida Magistrada.
En virtud de la motivación expuesta, este órgano jurisdiccional considera que la inhibición de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero debe ser declarada procedente. Así se decide.
II
DECISIÓN
Con base en los fundamentos jurídicos antes expresados, este órgano jurisdiccional actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición planteada en fecha 23 de marzo de 2006, por la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO en la presente causa.
En consecuencia, al haberse declarado con lugar la inhibición, se ordena la constitución de la respectiva Sala Accidental con los suplentes o conjueces a quienes corresponda llenar la falta, conforme a lo dispuesto en el aparte sexto del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
El Magistrado,
L.I.Z.
La Secretaria,
S.Y.G.
Exp. N° 2002-0981
En esta misma fecha, se publicó y registró el anterior Auto Declarando Inhibición, bajo el N° ADI-003.
La Secretaria Encargada
S.Y.G.
