Sentencia nº 00007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Enero de 2010

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Magistrada Ponente YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. N° 2004-1354

En fecha 31 de agosto de 2004, los abogados Leonor Mayorca V. y Alberto Rodríguez C., inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 7.593 y 6.266, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA CELTA C.A., anotada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nro. 31, Tomo 234-A, en fecha 9 de diciembre de 1980, integrante conjuntamente con la empresa CONSTRUCTORA ACONCAGUA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 27 de abril de 1959, bajo el Nro. 52, Tomo 14-A, del CONSORCIO ACONCAGUA-CELTA C.A. asentado en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 30 de agosto de 1994, bajo el Nro. 79, Tomo 3C Pro.;  interpusieron ante esta Sala, recurso de nulidad contra la Resolución Nro.  671 de fecha 17 de febrero de 2004, dictada por el entonces MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente), notificada el 12 de marzo de 2004, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra el acto administrativo contenido en el Oficio  Nro. 256 de fecha 11 de septiembre de 1998, emanado de la Contraloría Interna del referido Ministerio que exigió el reintegro de la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 221.375.041,57), ahora expresados en DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 221.375,04).

El 7 de septiembre de 2004, se dio cuenta en Sala y de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se acordó oficiar al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables solicitando la remisión del expediente administrativo correspondiente. Posteriormente, el 28 del mismo mes y año, el Alguacil dejó constancia de haber entregado el oficio a través del cual se efectuó el mencionado requerimiento.

Mediante Oficio Nro. 0000359 de fecha 26 de octubre de 2004, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables remitió el expediente administrativo que le fuera solicitado.

Por auto de fecha 30 de noviembre de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad planteado, ordenó la citación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, así como de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la República. Igualmente acordó librar cartel de citación a nombre de los terceros interesados.

A través de diligencias suscritas en fechas 16 y 17 de marzo de 2005, el Alguacil dejó constancia de haber practicado las citaciones ordenadas.

El 27 de abril de 2005, uno de los apoderados judiciales de la recurrente retiró el cartel de emplazamiento librado a nombre de los terceros interesados. Posteriormente, el 20 de julio de 2005 solicitó copia certificada del poder que acredita su representación, lo cual fue acordado ese mismo día.  Luego, en fecha 20 de septiembre de  2005, compareció el abogado Alexander Enrique Velásquez Carreño, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 54.498 y consignó poder que le fuera conferido por la Procuraduría General de la República.

Por diligencia de fecha 20 de septiembre de 2005, la apoderada judicial de la recurrente consignó la publicación del cartel de citación librado a nombre de los terceros interesados y expuso: “(...) solicito se oficie a la Sala Político Administrativa con el objeto de que remita a esta Sala de Sustanciación el  expediente Nro. 2000-0099. En dicho proceso mi representada interpuso recurso contencioso de nulidad contra la Resolución No. 057 del 30-6-99, emanada del Ministro del Ambiente (...) los elementos probatorios, en su mayor parte (...) se encuentran en el expediente citado (...)”.

En fechas 25 y 26 de octubre de 2005, la actora y la representada judicial de la Procuraduría General de la República, consignaron escritos de promoción de pruebas, respectivamente.

Mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2005, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por la recurrente, con excepción de los informes a ser requeridos del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. En la misma fecha negó la admisión de las pruebas promovidas por la Procuraduría General de la República.

El 17 de noviembre de 2005, la parte actora apeló del auto dictado por el Juzgado de Sustanciación, en lo que se refiere a la negativa de admitir la prueba de informes e igualmente expuso: “(...) En fecha 26 de octubre de 2004 la Ministra remitió incompleto el expediente administrativo. (...) Como quiera que la ausencia de los antecedentes (...) generan indefensión por cuanto de las actas que lo conforman se desprende la posición que adoptó la Inspección en orden a la ejecución del contrato, solicito se oficie al Ministerio del Ambiente (...) a objeto de que se remitan a esta Sala todos los antecedentes administrativos (...)”.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2005, se oyó en ambos efectos la apelación planteada por la recurrente.

En fecha 6 de diciembre de 2005, se dejó constancia de que se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero como ponente para decidir el referido recurso de apelación.

A través de diligencia de fecha 7 de diciembre de 2005, el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación de la Procuraduría General de la República, respecto a las decisiones dictadas por el Juzgado de Sustanciación en relación a las pruebas promovidas por las partes.

En fecha 7 de febrero de 2006, la recurrente suscribió diligencia en la que ratificó su pedimento referido a que se oficie al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a fin de que“(...) remita a esta Sala todos los antecedentes administrativos, incluidas las actas relativas al procedimiento administrativo de segundo grado (...)”.

Mediante sentencia Nro. 02857 de fecha 13 de diciembre de 2006, esta Sala declaró sin lugar la apelación ejercida por la recurrente. Por auto de fecha 23 de enero de 2007, el Juzgado de Sustanciación acordó la notificación de esta última y de la Procuraduría General de la República, respecto al mencionado fallo.

El 13 de marzo de 2007, el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación de la Procuraduría General de la República. Posteriormente, uno de los apoderados judiciales de la recurrente, se dio por notificado del referido pronunciamiento.

En fecha 23 de mayo de 2007, la recurrente ratificó su petición referida a que se oficie al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a fin de que remitan “(...) todos los antecedentes administrativos (...)”, relacionados con el caso, lo cual fue acordado por el Juzgado de Sustanciación mediante auto dictado el 29 del mismo mes y año.

A través de Oficio Nro. 000212 de fecha 16 de julio de 2007, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, remitió “(...) copia certificada del expediente administrativo debidamente certificado (...)”.

Por auto de fecha 19 de julio de 2007, se dio por concluida la sustanciación y se acordó remitir las actuaciones a esta Sala Político-Administrativa.

En fecha 25 de julio de 2007, se dio cuenta en Sala, se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y se fijó el tercer día de despacho para comenzar la relación.

Por auto de fecha 1° de agosto de 2007, se fijó el acto de informes para el décimo (10) día de Despacho siguiente a esa fecha exclusive, a las 11.00 a.m.

El 10 de abril de 2008, tuvo lugar el acto de informes. Se dejó constancia de la comparecencia de la recurrente, de la Procuraduría General de la República, así como del Ministerio Público, quienes consignaron sus escritos de conclusiones.

En fecha 28 de mayo de 2008, se dijo “Vistos”.

I                                 DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“(...) CONSIDERANDO Que la orden del Tribunal Supremo de Justicia, es la de conocer y decidir el recurso jerárquico interpuesto (...) contra el acto administrativo contenido en el oficio N° 256 de fecha 11-09-1998 emanado de la Contraloría Interna de este Ministerio (...) a tal efecto procedemos a destacar los fundamentos del recurso jerárquico  (...) y en este mismo acto procedemos a analizar y contestar: 1.- Como alegato inicial, la recurrente con el objeto de desvirtuar la competencia de la Contraloría Interna del Ministerio del Ambiente para realizar una auditoria técnica sobre una obra que construye el Ministerio (...)argumenta en todo momento que sólo correspondía a la Contraloría General de la República (...) En relación a esta defensa y a pesar de lo argumentado por la recurrente insistimos en señalar que sí se precisaron y analizaron las normas que sirven de fundamento y atribuyen el ámbito de competencia del órgano de control interno para el ejercicio del control previo, concomitante o posterior, tal como se evidencia del Capítulo I del Oficio 283 de fecha 23-09-1998, suscrito por la Ing. Claribel Divo Mamvie, procediendo en el carácter de Contralor Interno de este Ministerio. Referente a la referida competencia de la Contraloría Interna del Ministerio (...) la Sala Político-Administrativa (...) concluye en confirmar la capacidad y legitimidad del órgano contralor interno para realizar auditorias técnicas; como...

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