Sentencia nº 46 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 10 de Octubre de 2012

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Sala Plena

Magistrado Ponente: MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

Expediente Nº AA10-L-2010-000235

I

En fecha veintinueve (29) de octubre de 2010, se recibió en la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, oficio Nº 1027, de fecha cinco (05) de octubre de 2010, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, adjunto al cual se remitió el expediente contentivo de la SOLICITUD DE MEDIDAS JUDICIALES PRECAUTELATIVAS, interpuesta por el Capitán Dennis Dueñez Márquez, en su carácter de Fiscal Militar Trigésimo, con sede en San Cristóbal, estado Táchira. Dicha remisión se efectuó a los fines de conocer del conflicto negativo de competencia planteado entre el Tribunal Militar Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en San Cristóbal, estado Táchira y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

El siete (07) de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional designó a las ciudadanas y los ciudadanos: Jhannett María Madriz Sotillo, Ninoska Beatriz Queipo Briceño, Malaquías Gil Rodríguez, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Trina Omaira Zurita y Oscar Jesús León Uzcátegui como nuevas Magistradas y nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes se juramentaron e incorporaron el día 9 de ese mismo mes y año.

En fecha siete (07) de abril de 2011, se designó ponente al Magistrado MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ, con el fin de resolver lo que fuere conducente.

Siendo la oportunidad para decidir y analizadas las actas procesales, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

II

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha veinte (20) de julio de 2010, el Capitán Dennis Dueñez Márquez, en su condición de Fiscal Militar Trigésimo, con sede en San Cristóbal, estado Táchira, solicitó ante el Tribunal Militar Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en San Cristóbal, estado Táchira, que se decretara “… Medida Judicial Precautelativa de carácter Urgente e Innominadas (…) de Desalojo (…) donde se encuentran siete (07) familias ejecutando acciones que afectan y a futuro representan potenciales amenazas contra la integridad territorial y por ende contra la seguridad de la nación…” (sic.), en la Zona de Seguridad del Fuerte Murachí, ubicada en el sector Vega de Aza, municipio Torbes, estado Táchira.

Señaló el aludido Fiscal Militar que las siete (07) familias que se encuentran en la “Zona de Seguridad del Fuerte de Murachí”, construyeron viviendas tipo “… ranchos de zinc, (…) madera talada, (…) y de bloque…”, en las inmediaciones de las áreas verdes y boscosas, lo cual afecta la zona de seguridad y las instalaciones del Fuerte Murachí.

Manifestó que se causa contaminación en el área antes señalada, debido a que en la quebrada La Chaucha, surge una naciente que surte de agua potable y donde las mencionadas familias vierten desechos causando contaminación.

Indicó que además en dicha zona de seguridad, existe un punto crítico que requiere especial atención como es el área de polvorín, donde se encuentra el área de depósito de armas y explosivos, en donde a menos de un (01) kilómetro se encuentra construida una vivienda irregular, con las características referidas anteriormente, lo que puede causar “… un peligro sistemático a [esas] instalación, pues pudiera haber una violación del perímetro de seguridad con intenciones de sustraer armamento, municiones, explosivos, etc…” (Corchete de la Sala).

Asimismo, señaló que dicha medida cautelar innominada cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, a saber: a) Fumus Boni Iuris, ya que “… el artículo (sic) 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, establece la potestad del órgano jurisdiccional (sic) para adoptar en cualquier estado o grado del proceso las medidas precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas o evitar las consecuencia degradantes del hecho que se investiga…”, en concatenación con lo establecido en el artículo 1 del mencionado Código y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; b) Periculum in Mora, toda vez que “…la organización, instigación y sostenimiento de actividades dentro de la zona de seguridad dirigidas o encaminadas a la perturbación de los servicios públicos, industriales y empresas básicas, el cual es necesario eliminar o interrumpir (…) siendo imperiosa la necesidad de prevenirlo, paralizarlo, ya que de lo contrario resultaría (…) ilusorio (...) establecer el orden infringido, (…) en el caso que nos ocupa, (…) la construcción de viviendas (tipo rancho) en [esa] zona de seguridad, constituye un factor que influye en la seguridad y defensa del Estado Venezolano por lo que una actitud permisiva ante esta conducta (…) constituiría una omisión en el cumplimiento del deber establecido a la Fuerza Armada Nacional en los artículos 328 y 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (Corchetes de la Sala).

El solicitante fundamentó su acción en los numerales 1°, 5° y 6° del artículo 285 y los artículos 322, 326, 328 y 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el numeral 4 del artículo 48, y los artículos 7, 20, 47, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; los artículos 10, 12, 13 y 550 del Código Orgánico Procesal Penal; los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar; y, el numeral 16 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Finalmente, concreta su solicitud, peticionando lo siguiente:

1. Que se ordene el desalojo de las personas que se encuentran invadiendo los terrenos del Fuerte Murachí.

2. Que se dicte cualquier otra medida que a juicio del tribunal contribuya a la protección del derecho a un ambiente seguro, los parques nacionales, las zonas de seguridad de industrias básicas, estratégicas y servicios esenciales.

3. Que a los fines de la ejecución de la medida innominada de desalojo, se realicen las notificaciones necesarias a los organismos correspondientes, tales como, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; Defensa Pública Militar y Defensoría del Pueblo.

Mediante decisión de fecha veinte (20) de julio de 2010, el Tribunal Militar Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en San Cristóbal, estado Táchira, declaró CON LUGAR la solicitud presentada por la Representación del Ministerio Público Militar y, en consecuencia “…orden[ó] el Desalojo de las personas y bienes que ocupan ilegalmente la Zona de Seguridad del 'Fuerte Murachí', ubicada en el sector Vega de Aza, Municipio Torbes del Estado Táchira…” (sic) (Corchetes de la Sala).

En fecha veintiuno (21) de julio de 2010, mediante oficio Nº 01104-2010, dirigido al Jefe del Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional de San Cristóbal, estado Táchira, el Tribunal Militar Undécimo de Control con Sede en San Cristóbal, luego de la decisión de desalojo acordada, comisionó a efectivos militares adscritos al Comando Regional Nº 1, a fin de que procedieran a ejecutar la referida medida.

En fecha doce (12) de agosto de 2010, la abogada Genny Yulmar Molina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 104.361, en su carácter de Defensora Pública Segunda en Materia Agraria del estado Táchira, designada para ejercer la representación judicial de los ciudadanos Froilan Camperos, Sonia Isabel Vargas y Juan de Jesús Gutiérrez Contreras, titulares de las cédulas de identidad números 9.231.035, 12.973.697 y 5.023.952, respectivamente, presentó escrito ante el Tribunal Militar Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en San Cristóbal, estado Táchira, señalando que:

“…nos encontramos con la especialidad de la jurisdicción Agraria, (…) considerando que es una rama del derecho especialísima, que cuenta con instituciones, principios, procedimientos y legislación propia (…) ampliamente desarrollados por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.771 de fecha 18 de Mayo de 2007, y reforma parcial publicada en Gaceta Extraordinaria 5.991, de fecha 29 de Julio 2010, constituyendo un logro para los trabajadores de la tierra, quienes hacen del trabajo del campo su ocupación principal, cuya interpretación y ejecución del contenido normativo está sometido a los principios constitucionales de seguridad y soberanía nacional, y de seguridad agroalimentaria de la nación, privando sobre cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia (…), conforme al artículo 165 ejusdem (…) de lo cual deriva la especialización y magistratura agraria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 162, 195, 197, 208, 209 y 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente para la fecha en que [el] Tribunal Militar Undécimo de Control, decreta medida precautelativa innominada consistente en '… el Desalojo de las personas y bienes que ocupan ilegalmente la Zona del Fuerte Murachí…'.

Por ello es preciso diferenciar cuando estamos ante la presencia de una situación que pueda ser cobijada por la jurisdicción agraria y cuando no, tal como ocurre en la causa que nos ocupa, pues si bien es cierto se trata de un área que fue decretada como zona de seguridad del Fuerte Murachí, no menos cierto es, que los sujetos pasivos sobre los cuales recae la medida precautelativa innominada de desalojo, gozan de protección especial, la cual...

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