Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de Marzo 25, 2004

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SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

               En el juicio que por derecho a jubilación intentó el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES CABALLERICEROS, APRENDICES, CAPATACES, SERENOS DE CUADRA, SIMILARES Y CONEXOS DE VENEZUELA, representado judicialmente por el abogado Orlando Celta Aponte, contra el INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (I.N.H.), representado judicialmente por los abogados María Hernández; Zulima Quintero, Haydee Salazar, Janeth Gil Mariño, María Morales, Jair Sánchez, María Rodríguez, Zulia Socorro, Germán López, Argenis Castillo, Ramón Huerta, Moraima Altuve, Ysabel Febres, Mercedes Manrique, Yelidex Rodríguez y Ángel Rodríguez; el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de diciembre de 2003, conociendo en apelación, profirió decisión en audiencia pública, declarando: 1) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, 2) Confirmada la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2003, dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.  

               La señalada decisión fue reproducida y publicada en fecha 19 de diciembre de 2003.

               Contra la misma, en fecha 7 de enero de 2004, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte demandada, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

               Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala en fecha 29 de enero de 2004, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

               Por auto de Sala fechado 10 de marzo de 2004, se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día 18 de marzo de 2004 a las diez de la mañana (10:00 a.m.), todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

               Celebrada la audiencia y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

- I -

               De conformidad con el artículo 168, ordinales 2° y 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia por parte de la recurrida, la infracción de los artículos 159 eiusdem y 160, 79, 5, 10, 11 y 65 ibidem, estos últimos por falta de aplicación. 

               Señala el formalizante:

“Consta en el expediente, que la apelación que hizo el representante del Instituto Nacional de Hipódromos, Dr. Ramón Huerta G., versa sobre la fuerza mayor por razones de enfermedad, de la cual fue víctima, muy a su pesar, el día 28 de noviembre del año 2003, en horas de la mañana, concretamente, a las siete y treinta (7:30 a.m.) minutos de la mañana. No hay que perder de vista que con este nuevo proceso, no basta con la sola presencia de las partes en la audiencia preliminar, es también indispensable, que en esa oportunidad, se presenten las pruebas que tengan las mismas, para su posterior defensa, tal y como consta en el Cartel de Notificación de fecha 08-10-03, emanado del Tribunal Décimo Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

Para demostrar la fuerza mayor por enfermedad, consignó oportuna y conjuntamente con la apelación, constancia médica y solicitó la evacuación de la testimonial, establecida en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, para evacuar el testigo promovido, era imprescindible que el Tribunal lo admitiera, acordara y fijara su evacuación, es decir, aplicara los artículos 11 y 65, de la referida Ley Orgánica. El Juez, obvia esta solicitud motivándola así: ”...Quien sentencia no consideró necesario realizar tal citación, ya que la declaración que en todo caso hubiere podido realizar el profesional de la medicina antes mencionado, más allá de confirmar el percance sufrido por la representación judicial de la demandada, en ningún caso enervaría la falta de previsión en que éste incurrió. Así se decide.”

El Juez de Alzada, en su decisión, también expresa lo que se entiende por fuerza mayor, y copió: “Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse...”. En esta definición estamos en completa coincidencia, ya que el representante del Instituto no pudo prever que: iba a sufrir quebrantos de salud, ya que nada indicaba esta circunstancia, no está incapacitado para trabajar, y no se sentía mal la noche anterior, ni en la madrugada, por lo que no pudo prever nada, fue una circunstancia impredecible; tanto es así que asistió a su rutina diaria de ejercicios, muy temprano en la mañana de ese día, y es cuando está realizando los mismos, escasas horas antes de que tuviera lugar la audiencia preliminar, que siente los quebrantos de salud. El médico tratante le prescribe reposo inmediato, pero por saber el mencionado apoderado, que las pruebas están en su poder, desatiende la prescripción de su médico, y va a cumplir con su obligación. (...)

(...) El Juez de Alzada considera que era previsible que él se sentiría mal a las 7:30 a.m. del día en cuestión, y que era probable que otro apoderado se presentara, pero no dice ni el cómo ni el por qué, de esa convicción, como consecuencia de ello, no aplicó las reglas de la sana crítica en su decisión, no motivó los hechos y el derecho que fundamentan su decisión, por el contrario, saca elementos que no han sido ni alegados ni probados en los autos; y al actuar de esa forma, ha desaplicado también el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando se le ordena al Juez tener por el norte de sus actos la verdad, estando obligado a inquirirla por todos los medios a su alcance.” 

              ...

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