Sentencia nº 01126 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Junio de 2001
| Fecha de Resolución | 20 de Junio de 2001 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Levis Ignacio Zerpa |
| Procedimiento | Demanda de nulidad |
MAGISTRADO PONENTE: L.I. ZERPA
EXP N° 1511
El abogado R.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 600, actuando con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil CORPORACIÓN ORO Y DIAMANTE S.A, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 7 de marzo de 1969, bajo el N° 19, tomo 17-A, mediante escrito presentado ante esta Sala el 10 de agosto de 1976, interpuso recurso de nulidad contra la Resolución N° 24 de fecha 9 de enero de 1976, emanada del Ministerio de Minas e Hidrocarburos ( hoy Ministerio de Energía y Minas), por la cual se acordó la caducidad de las diecinueve concesiones de exploración y subsiguiente explotación de oro y diamantes de aluvión, por incumplimiento de las ventajas especiales octava y novena, contempladas en los Títulos de las Concesiones. Asimismo, solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado.
El 10 de agosto de 1976 se dio cuenta en Sala y se solicitó el expediente administrativo correspondiente; por auto del 30 de septiembre del mismo año se designó ponente al Magistrado Miguel Angel Landaéz, a los fines de decidir el pronunciamiento previo solicitado.
Mediante oficio N° 253 de fecha 7 de febrero de 1977, se recibió el expediente administrativo.
Por auto del 14 de febrero de 1977 se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual por auto del 4 de julio de 1977 admitió el recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó las notificaciones de Ley.
El día 4 de agosto 1977, el abogado de la parte actora solicitó se librara el cartel correspondiente, lo cual efectivamente ocurrió el 4 de agosto del mismo año, siendo retirado, publicado y consignado dentro del lapso de Ley.
En fecha 26 de octubre de 1977, el abogado actor solicitó se remitiera el expediente a la Sala, para comenzar la relación.
En la audiencia del 8 de noviembre de 1977 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Miguel Angel Landaéz y se fijó la cuarta audiencia para comenzar la relación, la cual se inició el 15 de noviembre del mismo año. En esa misma oportunidad se fijó el acto de informes.
El 5 de diciembre de 1977 se llamó a informes y el recurrente consignó su escrito respectivo.
El día 26 de enero de 1978 terminó la relación y se dijo “VISTOS.”
Mediante auto de fecha 21 de julio de 2000, se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado L.I. Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Y.J.G., y la ratificación del Magistrado L.I. Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.
Para decidir, la Sala observa:
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.
En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(...omissis...)
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:
‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’
En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.
En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 26 de enero de 1978, fecha en la cual se dijo “VISTOS”, hasta el 21 de julio de 2000, fecha en la cual se reasignó la ponencia al Magistrado L.I. Zerpa, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, se ha consumado la perención. Así se declara.
En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil uno (2001). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
L.I. ZERPA
El Vicepresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Y.J.G. Magistrada
La Secretaria
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA EXP N°1.511
LIZ/ acc
Sent. Nº 01126
En veinte (20) de junio del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01126.
