Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Octubre de 2011

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MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. 2009-0894

El 21 de octubre de 2009 la abogada Eirys Mata Marcano, INPREABOGADO Nº 76.888, en representación de las sociedades mercantiles BLINDADOS PANAMERICANOS, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda  en fecha 11 de agosto de 1976, bajo el Nº 26, Tomo 25-C y DOCUMENTOS MERCANTILES S.A. (DOMESA), inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 5 de noviembre de 1975, bajo el Nº 2, Tomo 58-A, modificado su documento constitutivo estatutario según acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 1º de septiembre de 1997, inscrita ante la misma oficina de Registro Mercantil el 22 de enero de 1998, bajo el Nº 51, Tomo 11-A Pro., interpuso Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra el acto administrativo denegatorio tácito del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, en virtud de haber transcurrido el lapso para decidir el recurso jerárquico intentado el 5 de junio de 2009, contra la Providencia Administrativa dictada el 2 de junio de 2009 por la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga, de las parroquias: Catedral, San Blas, Rafael Urdaneta y los Municipios Naguanagua y San Diego del Estado Carabobo que declaró improcedentes las excepciones formuladas contra el pliego de peticiones presentado por el Sindicato Unión de Trabajadores de Empresas de Protección y Transporte de Documentos y Valores del Estado Carabobo (SINTRAPRODOVALCA).

Por sendos autos del 27 de octubre de 2009, se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, solicitando la remisión del expediente administrativo.

El 11 de marzo de 2010, la abogada Yanet Aguiar, INPREABOGADO Nº 76.526, apoderada judicial de la parte recurrente, solicitó que se remita el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión del recurso, dado que a la fecha no constaba la remisión de los antecedentes administrativos y en aras de la celeridad procesal, lo cual se acordó por auto del 18 de marzo de 2010.

El Juzgado de Sustanciación de esta Sala, por auto del 14 de abril de 2010, admitió cuanto ha lugar en derecho la acción de nulidad incoada, ordenando citar a las ciudadanas Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a quien solicitó el expediente administrativo relacionado con este juicio, ordenando de igual forma librar el cartel a que se refiere el aparte once del artículo 21 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

El 6 de julio de 2010, la representación judicial de la parte recurrente consignó el cartel de emplazamiento publicado en el diario El Universal del día 3 del mismo mes y año, mientras que el Juzgado de Sustanciación, por auto del 8 de julio de 2010, ordenó remitir el expediente a la Sala a los fines de fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.

Por auto del 15 de julio de 2010 se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO y se fijó la audiencia de juicio para el día jueves 23 de septiembre de 2010 a la una de la tarde, siendo ratificada por auto del 12 de agosto de 2010 para la misma fecha a las once y cuarenta minutos de la mañana, oportunidad en la que se realizó con la participación de las abogadas Flavia Zarins Wilding, INPREABOGADO Nº 76.056, en representación de la parte recurrente y María Luz Revollo, INPREABOGADO 49.813, en representación de la Procuraduría General de la República, quienes consignaron, respectivamente, escritos de promoción de pruebas y conclusiones.

El 23 de septiembre de 2010 la Fiscal Provisorio de la Fiscalía Primera del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante sus Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, Eira María Torres Castro, INPREABOGADO Nº 39.288, presentó el informe del Ministerio Público. En esa misma fecha se recibió el oficio Nº 102, suscrito por el Viceministro del Trabajo Elio Colmenares Goyo, anexo al cual remitió el expediente administrativo correspondiente.

El Juzgado de Sustanciación, por sendos autos del 26 de octubre de 2010 admitió cuanto ha lugar en derecho las pruebas promovidas por la Procuraduría General de la República así como por la parte recurrente, ordenando la notificación de ambas.

Por auto del 12 de abril de 2011 se ordenó la continuación de la causa, vista la designación realizada por la Asamblea Nacional en fecha 7 de diciembre de 2010 a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal de la República en fecha 9 de diciembre del mismo año, por lo que la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; los Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas y la Magistrada Trina Omaira Zurita.

Por auto de esa misma fecha se fijó un lapso de cinco (5) días de despacho para la presentación de informes.

El 14 de abril de 2011, la parte recurrente diligenció solicitando enviar nuevo oficio “a la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Sector Privado” para la remisión del expediente administrativo.

En fecha 27 de abril de 2011 la parte recurrente consignó escrito de informes, al igual que lo hizo el 28 del mismo mes y año el abogado Dairon Andrés Del Valle, INPREABOGADO Nº 127.910, en representación de la Procuraduría General de la República.

El 3 de mayo de 2011 la presente causa entró en estado de sentencia.

I

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La parte actora ejerció recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto denegatorio tácito de la Ministra del Trabajo y Seguridad Social en cuanto al recurso jerárquico contra la decisión de la Inspectoría del Trabajo que declaró improcedentes las excepciones planteadas contra un pliego conflictivo, en los siguientes términos:

Como primer punto, afirmó la competencia de esta Sala para conocer de su acción, sobre la base de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 266 de la Constitución de la República y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen la competencia de esta Sala para declarar la nulidad de los actos administrativos dictados por los ministros.

Seguidamente, luego de afirmar la admisibilidad del recurso, refirió que en fecha 15 de mayo de 2009 SINTRAPRODOVALCA presentó ante la Inspectoría del Trabajo Pliego de Peticiones con carácter conflictivo, oponiendo sus representadas escrito de defensas contra la negociación del Pliego de Peticiones, que fueron declaradas improcedentes el 2 de junio de 2009 por la Inspectoría del Trabajo, razón por la cual, el día 5 de ese mismo mes y año, interpusieron recurso jerárquico ante el Ministro del Trabajo.

Señaló que, el 14 de agosto de 2009 vencieron los noventa (90) días hábiles para que el Ministro decidiera el recurso jerárquico interpuesto, por lo que ejerció el presente recurso de nulidad ante el acto administrativo denegatorio tácito  que confirmó la Providencia Administrativa impugnada.

Destacó que sus representadas acudieron a las discusiones fijadas por el órgano administrativo a los fines de cumplir con la orden impartida, sin embargo, hicieron valer en cada oportunidad el recurso jerárquico interpuesto.

Acotó que, el 24 de agosto de 2009, la Inspectoría del Trabajo, en el marco de la negociación del Pliego de Peticiones, declinó la competencia en la Inspectoría Nacional del Trabajo por considerar que la controversia versaba sobre supuestos incumplimientos de una convención colectiva que fue homologada por la Inspectoría Nacional.

Denunció la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, dado que “el fundamento central de la Inspectoría del Trabajo para declarar improcedentes las excepciones formuladas por nuestras representadas, es la supuesta imposibilidad de oponer excepciones en el marco del proceso de negociación de un pliego de peticiones.” (Subrayado del escrito), acotando que en criterio de la Inspectoría del Trabajo “[sus] representadas no tienen derecho a ejercer su defensa en esta clase de procedimientos” por no estar contemplado expresamente en la Ley Orgánica del Trabajo.

Arguyó que el derecho a la defensa es un derecho fundamental garantizado constitucionalmente, razón por la cual no es necesario que la ley lo contemple en un determinado proceso o procedimiento, según lo establece el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que privar a una de las partes del ejercicio de tal derecho vicia de nulidad absoluta la actuación del funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 constitucional.

            Seguidamente invocó doctrina y jurisprudencia referente al derecho a ser oído y la garantía al debido proceso, afirmando que la Administración “debía, por mandato constitucional, aplicar analógicamente el procedimiento establecido para la negociación de las Convenciones Colectivas, el cual prevé de manera expresa la posibilidad de oponer alegatos y excepciones a la negociación”, haciendo referencia a lo previsto en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 173 de su Reglamento.

            De igual forma, señaló que el artículo 170 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo es aplicable analógicamente a los pliegos conciliatorios y establece los requisitos que debe verificar el Inspector del Trabajo en todo pliego conflictivo...

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