Sentencia nº RC.000554 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de Noviembre 24, 2010

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SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2010-000268

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

         En el juicio por cobro de bolívares, intentado ante el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, por la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados José Vicente Matos, Natalia Merchan Zuleta, Taydee Romero, Víctor Alfonso González, Danubia Díaz Zabala y Cira Elena Ugas Martínez, contra la institución bancaria BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, representada judicialmente por los profesionales del derecho Reynaldo Gadea Pérez, Ernesto Lesseur Rincón, Alfredo Altuve Gadea, Eduardo Saturno M., Juan C.Olivares T., Mary Jean Paredes, Fernando Gonzalo L., Francisco Gadea Lovera y Gualfredo Blanco; el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, dictó sentencia en fecha 22 de marzo de 2010, mediante la cual declaró:

“…PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida en fecha veinticinco (25) de noviembre de 2009, por el abogado FERNANDO GONZALO LESSEUR, apoderado judicial del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, parte demandada en la presente causa en contra de la sentencia dictada en fecha diecinueve (19) de noviembre de 2009, dictada por el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, así como PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que intentó la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., contra la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, SA. BANCO UNIVERSAL y se REVOCA la decisión dictada por el a quo con la motivación expresa en el presente fallo.

SEGUNDO: Se condena al BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL., a pagar a la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚNO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 3.444.621,88), por concepto de capital adeudado, que se desprende de las facturas signadas con los números 0098 y 0100, respectivamente, que cursan en autos.

TERCERO: Se condena al BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL., a pagar a la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., los intereses moratorios correspondientes a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 1.205.617,66), causados desde la fecha del vencimiento de las facturas acompañadas con el libelo de la demanda, hasta el día veintiuno (21) de junio de 2007.

CUARTO: Se condena al BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL a pagar a la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A, los intereses moratorios establecidos en el artículo 108 del Código de Comercio, sobre el monto estipulado en el PUNTO SEGUNDO de este Dispositivo (sic), causados desde la fecha 21 de junio de 2007 hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo, en base a la rata del doce por ciento (12%) anual para cuya determinación se ordena experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: SE ORDENA el pago de la indexación del monto condenado en el PUNTO SEGUNDO, de este Dispositivo del fallo, para lo cual se oficiará al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria a este fallo, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta decisión, a los fines de que dicho organismo determine la actualización monetaria, a partir del dieciocho (18) de julio de 2007, fecha de la interposición de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme el fallo en la presente causa.

SEXTO: Se ORDENA la notificación de la Procuraduría General de la República del presente fallo a través de Oficio, al cual se anexará copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General.

SÉPTIMO: No procede la condenatoria en costas en virtud del criterio expuesto en la motiva del presente fallo…”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto).

         Contra el referido fallo, el abogado Alfredo Altuve Gadea, apoderado judicial de la demandanda anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

         Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos que a continuación se expresan:

PUNTO PREVIO

         En el sub iudice, la Sala estima oportuno realizar unas breves consideraciones respecto al tema de la competencia, a los fines de ratificar que corresponde a esta jurisdicción ordinaria el conocimiento de la presente causa.

         En este sentido evidencia la Sala, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, que la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A.C.A., figura como demandada en la relación subjetiva procesal, como consecuencia de la demanda incoada en su contra por la sociedad de comercio Astilleros de Venezuela, C.A. (ASTIVENCA), por cobro de bolívares.

         De allí que, es pertinente destacar que la institución bancaria demandada, originariamente era de naturaleza privada, tal como se desprende de autos, siendo que la misma recientemente sufrió modificación en su composición accionaria, en virtud de que la mayoría del capital social, es decir, el 98,41% de sus acciones, fueron adquiridas el 3 de julio de 2009 por el Estado Venezolano, a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), otorgándole al mencionado Banco de Venezuela, el carácter de empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular Para Economía y Finanzas, según se evidencia, de la Gaceta Oficial número: 39.321, de fecha 4 de diciembre de 2009, y de la Gaceta Oficial número 39.234, de fecha 4 de agosto de 2009. Lo que determina, que los intereses del Estado pudieran verse afectados en la presente causa.

         Por tales motivos, la Sala estima necesario realizar ciertas precisiones en torno al tema de la competencia, particularmente, de las reglas que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, a los fines de determinar si la adquisición por parte de La República de la institución bancaria demandada en el curso de la presente causa, alteró la competencia. Es decir, corresponde puntualizar si debe continuar conociendo la jurisdicción ordinaria, o si por el contrario, ante la adquisición que hizo el Estado de la empresa demandada, la jurisdicción competente es la contencioso administrativa.

         Sobre este particular, nuestro Código de Procedimiento Civil, en relación con la vigencia de la ley procesal en el tiempo, en sus artículos 3 y 9, establece lo siguiente:

“…Artículo 3. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la Ley disponga otra cosa.

(…Omissis…)

Artículo 9. La Ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y su efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior…”. (Negritas de la Sala).

         De las normativas supra transcritas se desprende entre otros principios, el de la perpetuatio fori, el cual estipula que la competencia del juez después de iniciada la causa, queda inalterada respecto de cualquier cambio sobrevenido a las circunstancias que la habían determinado.

         En relación al citado principio procesal de la perpetuatio fori, esta Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nº 179 de fecha 9 de abril de 2008, (caso: Emilia Isabel Infante Rivas contra Yolimar Alejandra Hernández Díaz) en el expediente 07-273, estableció lo siguiente:

“…El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, establece que tanto la jurisdicción como la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa…

(…Omissis…)

…De conformidad con lo antes expuesto, esta Sala establece que, a los fines de determinar la competencia, la materia, la cuantía, el territorio, o el grado del tribunal, es forzoso considerar la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, la competencia se regirá por la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal, salvo que la ley disponga otra cosa…”.

         Precisado lo anterior, resulta oportuno destacar igualmente, que esta Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nº 882 del 16 de diciembre de 2008, caso: Mario Carruyo Rondón contra Latinoamericana de Seguros, S.A., haciendo referencia a sentencia de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, proferida en fecha 16 de junio de 2006, en un caso análogo al de autos, dejó establecido la manera en que ha de aplicarse la ley en el tiempo y, en este sentido, puntualizó lo siguiente:

“…se observa que efectivamente se aplicaron los artículos antes transcritos de manera retroactiva, puesto que se evidencia que el auto de admisión de la demanda dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial...

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