Sentencia nº RC.000027 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 20 de Enero de 2014

la parte accionante, demanda igualmente el daño experimentado en su patrimonio moral arguyendo que, dicho daño se produjo a consecuencia del acto ilícito que acabo con su tranquilidad y su estabilidad emocional, estimándolo en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) el Tribunal observa: en cuanto al daño moral, alegado, se entiende este como todo sufrimiento humano que no consiste en una pérdida pecuniaria, sino emocional y espiritual de la persona a la cual se le ocasionó el daño, igualmente se dice que, el daño moral es el perjuicio sufrido a la psiquis de una persona que consiste en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, a los padecimientos infringidos por el evento dañoso; siendo íntegramente subjetivo, pues va en proporción directa con la parte afectiva del ser humano; es decir, el grado de reacción ante las mismas circunstancias puede acarrear diferentes estados sicológicos dependiendo del sujeto, por ello la apreciación económica es discrecional del juez, como impartidor de la justicia.

…Omissis…

De lo antes transcrito y de las actas procesales que cursan a los autos este Tribunal Accidental considera que si bien es cierto que la norma antes transcrita establece la obligación de reparar el daño causado a la víctima por el hecho ilícito; no es menos cierto, que las pruebas aportadas por el demandante no refiere a ninguno de los presupuestos contenidos en la norma supra citada, por lo que considera quien aquí decide, que no hay prueba suficiente que convenzan a este Órgano Jurisdiccional, para declarar con lugar el daño moral sufrido por la parte accionante, ya que no hizo énfasis en ninguno de los presupuestos a los que hace alusión tanto la doctrina como la norma sustantiva, por la declaratoria de resarcimiento por concepto de daño moral, debe ser declarada sin lugar y así quedará establecida en el dispositivo de esta fallo. Así se declara…”.

De la precedente transcripción se desprende que el juez de alzada no se pronunció respecto de la impugnación de la cuantía hecha por el formalizante, es su contestación al fondo del libelo de la demanda.

Ahora bien, respecto de la estimación de la cuantía y su impugnación, esta Sala en su fallo de fecha 5 de agosto de 1997, reiterado en decisión N° RC-22 de fecha 3 de febrero de 2009, expediente N° 2008-377, caso: Helgo Revith Latuff Díaz y otra, contra Wagib Coromoto Latuff Vargas, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, estableció lo siguiente:

“…Ahora bien, el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, le otorga al demandado la facultad para que al momento de contestar al fondo la demanda, éste pueda rechazar la estimación de la cuantía cuando la considere exagerada o insuficiente.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Sala que en los casos de impugnación de la cuantía por insuficiente o exagerada, debe el demandado alegar necesariamente un hecho nuevo, el cual debe probar en juicio, so pena de quedar firme la estimación hecha por el actor.

En este sentido se pronunció esta Sala de Casación civil, en sentencia N° 12 del 17 de febrero de 2000, caso: C.B.R. c/ María de los Á.H.d.W. y otro, expediente: 99-417, que señaló:

“…Se acusa la infracción en que incurre el fallo recurrido en la aplicación de los artículos 38 y 506 del Código de Procedimiento Civil, en vista de que exige una carga probatoria no requerida por las normas cuya falsa aplicación se denuncia.

Esta Sala en fallo de fecha 5 de agosto de 1997 (Caso Zadur E.B.A. contra I.G.R.), procedió a revisar su doctrina sobre el particular, dejando sentado que en los casos en que el demandado impugnase la cuantía, éste sólo podía proceder a hacerlo alegando al efecto lo exagerado o insuficiente de la estimación, por expresarlo así el propio texto del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. En función de ello, se dejo sentado que en los casos de impugnación de cuantía el demandado tenía la carga alegatoria de sostener lo exagerado o insuficiente de la estimación de la demanda, y por consiguiente la subsecuente carga de demostrar tal afirmación. Así, en el referido fallo se indicó:

Aclarado lo anterior conviene revisar si efectivamente la doctrina anotada supra es aplicable bajo la vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, y para ello procederá la Sala a efectuar un análisis de cada uno de los supuestos de la doctrina en comento; así:

c) Si el actor estima la demanda y el demandado contradice pura y simplemente.

En este supuesto la Sala se rigió por el principio general que establece que la carga de la prueba incumbe a quien alega un hecho , y no al que lo niega, el actor debe probar su afirmación.

En consecuencia, si el actor no prueba debe declararse que no existe ninguna estimación.

Con respecto a esta afirmación la Sala revisa la veracidad de lo expuesto y observa que el artículo 38 es categórico al indicar que el demandado puede rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada.

Es decir, se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía.

No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente, por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada.’

Por tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma.

Así, si nada prueba el demandado, en este único supuesto, queda firme la estimación hecha por el actor

. (Negrillas y subrayado de este fallo)

De lo anterior se colige que ciertamente el juez superior incurrió en un error de interpretación respecto al contenido y alcance de los artículos 38 y 506 del Código de Procedimiento Civil, al dictaminar que correspondía a los demandantes probar en juicio la cuantía señalada, en razón de la impugnación hecha por el demandado.

Lo conducente es, analizar las pruebas aportadas por el impugnante que demuestren por qué es exagerada la cuantía, pues es éste quien tiene la carga de la prueba, y en caso de no haber aportado ninguna prueba que justifique su alegato, el juez deberá dejar sin efecto la impugnación efectuada y decretar la firmeza de la estimación hecha por la parte demandante.

En razón de los anteriores señalamientos, esta Sala declara procedente la denuncia formulada, por errónea interpretación de los artículos 38 y 506 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.” (Destacados de la sentencia transcrita).

De igual forma, en sentencia N° RH-496 de fecha 14 de agosto de 2009, expediente N° 2009-399, caso: E.R.C.D.G. y otros, contra R.M.P.N., con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, estableció lo siguiente:

“…De modo que, esta Sala en atención al criterio jurisprudencial supra parcialmente transcrito, señala que el momento que debe ser tomado en cuenta para verificar el cumplimiento del requisito de la cuantía necesaria para acceder en casación, será aquel en que fue presentada la demanda; por ello, sí la cuantía exigida es la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse el valor de la unidad tributaria para el momento en el cual fue interpuesta la misma.

En tal sentido, esta Sala, constata de la revisión de las actas que conforman el expediente, que para el 18 de enero de 2007, fecha en que fue interpuesta la presente demanda tal y como, se desprende de los folios 1 al 10, ambos inclusive, de la única pieza que conforma el expediente, se evidencia que en dicha oportunidad, la pretensión fue estimada en la cantidad de treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs.39.450.00,00), hoy treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta bolívares fuertes (Bs.F. 39.450,00), conforme se establece en el Decreto Nº 5.229 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reconversión Monetaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 6 de marzo de 2007. Dicha cantidad fue impugnada por exagerada de manera pura y simple.

Sobre este asunto, cuando el demandado impugna la cuantía estimada en la demanda en forma pura y simple, por considerarla exigua o exagerada, esta Sala, en sentencia Nº RH.01353, de fecha 15 de noviembre de 2004, expediente Nº AA20-C-2004-870, caso: J.M.R.E. y otros, contra P.S.B. y otros, estableció lo que a continuación se transcribe:

…De la revisión de las actas que conforman el expediente se evidencia que la demanda intentada en el presente juicio fue estimada por los demandantes en la cantidad de setenta millones de bolívares (Bs.70.000.000,00), la cual fue impugnada por los demandados por excesiva, en la oportunidad de la contestación de la demanda.

Sobre este asunto, cuando el demandado impugna la cuantía estimada en la demanda, por considerarla exigüa o exagerada, esta Sala, en decisión de fecha 24 de septiembre de 1998, (María Pernía Rondón y otras contra Inversiones Fecosa, C.A. y otras), estableció:

‘...se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada’.

Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma’…

. (Negrillas y subrayado del texto).

Del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, se desprende que cuando el demandado rechace la estimación de la demanda, por considerarla insuficiente o exagerada, deberá aportar un hecho nuevo y elementos de prueba que fundamenten dicha impugnación, pues en caso contrario, quedará firme la estimación realizada por la parte demandante en su escrito libelar, ya que el rechazo puro y simple no está contemplado en la norma del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.

Aplicando el referido criterio jurisprudencial al caso bajo análisis, -hoy reiterado por la Sala-, se evidencia que el demandado impugnó la cuantía del juicio por considerarla exagerada, de manera pura y simple, no aportando un hecho nuevo capaz de probar en juicio. En consecuencia, el interés principal del presente proceso quedó establecido en la cantidad de (Bs.39.450.000,00), hoy equivalentes a treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta bolívares sin céntimos (Bs. F.39.450,00).

En virtud de lo antes expresado, esta Sala constata que para el día 18 de enero de 2007, ya se encontraba en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo aparte segundo del artículo 18, se establece que para acceder a la sede casacional se exige una cuantía que exceda de las tres mil unidades Tributarias (3.000 U.T.), la cual, para la precitada fecha ya había sido reajustada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a razón de treinta y siete mil seiscientos treinta y dos por unidad tributaria (Bs.37.632 x U.T.), conforme se evidencia de la P.A. N° 0012, de fecha 12 de enero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.603 de la misma fecha, cuya sumatoria alcanza la cantidad de ciento doce mil ochocientos noventa y seis bolívares fuertes (Bs F.112.896,00), lo cual conlleva a establecer, que en el sub iudice, la Sala constata de la revisión de las actas, que no se cumple con el precitado requisito de la cuantía, de impretermitible cumplimiento para acceder a sede casacional y consecuencialmente, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación anunciado y formalizado, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

Fijada como está la doctrina de ésta Sala al respecto, se hace obligatorio descender a las actas del expediente, y en tal sentido se observa lo siguiente:

Del escrito de contestación al libelo de demanda se evidencia, lo siguiente:

…RECHAZAMOS, NEGAMOS Y CONTRADECIMOS en todas y cada una de sus partes por EXAGERADA la cuantía estimada por la Abogada M.T.d.M., toda vez que, aun cuando describe las bienhechurías afectadas, sobre las cuales no acreditó propiedad alguna, pero describió con pelos y señales como si ella misma las fuera construido, ésta no puede cuantificarlas debido a la ausencia de documentos o facturas que describan tanto la propiedad como su valor, pero irresponsablemente procede a estimarlas en módica suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 1.920.000), lo cual objetamos…

.

De todo lo antes expuesto determina la Sala, que en el presente caso hubo un rechazo puro y simple, del monto en que se estimó la cuantía en el libelo de la demanda, por considerarla exagerada la parte demandada, sin adicionar un nuevo monto de la cuantía, lo que determina la aplicación de la doctrina de esta Sala antes transcrita que señala en especifico lo siguiente:

…Por tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma.

Así, si nada prueba el demandado, en este único supuesto, queda firme la estimación hecha por el actor

.

En consecuencia y de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos, se evidenció que el juez de alzada no incurrió en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

II

Por razones metodológicas la Sala procede a analizar en este capítulo las denuncias contenidas en el capítulo II y V del escrito de formalización, debido a su similitud en su fundamentación.

Ambas se enuncian de la siguiente manera: Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, por incurrir en inmotivación del fallo.

Alega textualmente el formalizante, lo siguiente:

…SEGUNDA DENUNCIA

INMOTIVACIÓN

…En la sentencia recurrida el juez expresa inmotivadamente lo siguiente:

…Omissis…

Al respecto de la afirmación hecha por el juez de alzada, cabria preguntarse, cuáles fueron los hechos sobre los cuales se declaró contestes a los testigos, que se supone que el tribunal apreció de sus dichos, a que hechos relacionados en la demanda o contestación se refieren los testigos, que se probó con dichas declaraciones, a que afirmaciones de hecho se llegó a conocimiento el tribunal, y que valor probatorio le dio a dichas declaraciones, de indicio, de plena prueba, de prueba concordante, y más aún que probó con las testimoniales, una acreencia mayor a 2000 bolívares prohibida por la ley, una relación comercial, la ocurrencia de un contrato, que sólo pueden ser probadas por documento fehaciente.

Es clara la inmotivación en este caso, pues no se conoce a que se refiere el juez cuando dice apreciar los dichos de los testigos, ni a que hechos se refiere. De igual forma no se sabe a qué se corresponde cuando el juez señala que le otorga pleno valor probatorio, pues no dice que se probó con el mismo, ni mérito de la prueba y su influencia en el proceso, que serían necesarios para tomar su determinación, conforme a la ley, y no de forma arbitraria. Lo que patentiza palmariante el vicio de inmotivación en este caso.

No puede el juez Superior dictar sentencia y fijar su dispositivo, sin existir una motivación al respecto de la valoración de las pruebas, pues deja en estado de indefensión a la parte demandada,, al condenarla en base a unas pruebas testimoniales, sobre las cuales la demandada, no sabe qué influencia tuvo en la decisión, ni como fue tomada en cuenta por el juez para decidir, lo que no permite saber el criterio seguido para su análisis y en consecuencia imposibilita que sea atacada en casación, al no saber a qué se refiere. Son apreciadas las pruebas meramente y ya.

…Omissis…

Se entiende, por ende, que se fijó el dispositivo sin ningún sustento en el fallo, no se sabe como el juez superior determinó el contenido de las pruebas y su valor, sin analizarlas. Es palmariamente arbitraria su sentencia.

En este caso se observa, que el juez superior violó lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues al analizar las deposiciones de los testigos, las consideró válidas, pero no señaló en su fallo cuales fueron los hechos que en su criterio-quedaron demostrados o comprobados por efecto de esa declaración testimonial.

…Omissis…

Lo que determina que constituye materia de orden público, la violación en la valoración de las pruebas por parte del juez, al constituir un menoscabo del derecho a la defensa.

…Omissis…

Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el ordinal (4°) del artículo 243 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del mismo código, y que permite a la sala declararlo así, conforme al artículo 210 ibidem, formalmente y respetuosamente solicito a la Honorable sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, declare procedente la denuncia de infracción anteriormente expuesta…

QUINTA DENUNCIA

INMOTIVACIÓN

…Omissis…

Pues bien, la finalidad procesal de la motivación en la sentencia de alzada, consiste en permitir el control de la legalidad del fallo.

En la sentencia recurrida el juez expresa inmotivadamente lo siguiente:

…Omissis…

Al respecto de las afirmaciones hechas por el juez de alzada, cabria preguntarse, que tipo de análisis sobre las pruebas promovidas por la demandada hizo, mas allá de un simple señalamiento, por demás inmotivado.

No puede el Juez Superior dictar sentencia y fijar su dispositivo, sin existir una motivación al respecto de la valoración de las pruebas, pues deja en estado de indefensión a la parte demandada, al condenarla en base al supuesto análisis de las pruebas promovidas, sobre las cuales la demandada, no sabe qué influencia tuvo en la decisión, ni como fue tomada en cuenta por el juez para decidir, lo que no permite saber el criterio seguido para su análisis y en consecuencia imposibilita que sea atacada en casación, al no saber a qué se refiere.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto es que existe inmotivación absoluta en la recurrida, entre los considerados de la parte motiva, con la decisión contenida en la parte dispositiva de la sentencia, dado que omitió totalmente en su establecimiento y razonamiento, el análisis de su contenido.

En este caso se observa, que el juez superior violó lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues sólo reseñó las pruebas, pero no señaló en su fallo cuáles fueron los hechos que su criterio – quedaron demostrados o comprobados por efecto de dichas pruebas.

…Omissis….

En tal sentido, el deber de indicar en la sentencia los motivos que conducen al juzgador a determinada convicción, constituye una garantía constitucional dentro de la actividad probatoria por ello, la valoración de la prueba requiere la mayor justificación posible, que se obtiene cuando el juez establece los hechos con fundamento en la prueba practicada en el proceso y con las debidas garantías procesales.

Siendo finalidad esencial de la motivación, brindar soporte al dispositivo de la sentencia y permitir el control de lo decidido, se concluye, que el juez de alzada cometió el vicio de inmotivación, con la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del mismo código, y que permite a la sala declararlo así, conforme al artículo 210 ibídem, formalmente y respetuosamente solicito a la Honorable Sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, que declare procedente la denuncia de infracción anteriormente expuesta y case el fallo recurrido, y ordene al juzgado superior de la recurrida, vuelva a sentenciar corrigiendo el vicio en la formación de la sentencia denunciado. Así se solicita…”

Para decidir, la Sala observa:

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación al dejar sin fundamentos de hecho y de derecho el fallo, respecto de la valoración de la prueba de testigos llevados a los autos, así como, respecto de la valoración de las pruebas de la parte demandada.

Ahora bien, es criterio pacífico y reiterado de este Alto Tribunal, que la inmotivación del fallo se configura cuando la sentencia adolece absolutamente de las razones de hecho o de derecho que la sustentan, dejando al dispositivo sin fundamentos que lo respalden.

Asimismo, esta Sala ha considerado que el referido defecto de actividad se configura cuando hay una falta absoluta de fundamentos, que adopta varias modalidades, las cuales son: cuando la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento; las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deban tenerse por inexistentes jurídicamente; cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; o, cuando los motivos sean falsos. (Vid. Sent. No 53, del 14-02-2011, caso: Inmobiliaria A.C.A., contra Expresos Flamingo C. A. ratificada en decisión de fecha 06 de junio de 2013, caso: VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., representado judicialmente por los profesionales del derecho F.J.N.C., V.C.R., Yubiris C.G. y N.M.L., contra las empresas mercantiles, TODOTICKET, 2004, C.A., y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION).

Ante la forma en que se formuló la presente denuncia por inmotivación basada en la falta de valoración de la prueba de testigos, es de hacer notar que el juez de instancia tiene amplia libertad en el análisis y valoración de la prueba testifical, de acuerdo con el contenido del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Esta norma señala lo siguiente:

…Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación…

.

De acuerdo con lo expresado en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, permite la valoración de los testigos a través de la sana crítica, es decir, analizando los motivos de sus declaraciones y la confianza que merezcan por su edad, vida, costumbres y profesión que ejerzan. Aquí el juez es soberano en su apreciación. Donde puede intervenir el control de derecho de la Sala, es cuando se denuncia una suposición falsa, la violación de una máxima de experiencia, o la infracción de una norma jurídica expresa en la valoración de la prueba de testigos.

En el caso bajo estudio, el formalizante no planteó una denuncia concreta de infracción de norma jurídica expresa para la valoración de la prueba testifical, pues este tipo de denuncia debe ser encuadrado en uno de los vicios previstos en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso sería necesario invocar alguna disposición legal que soportara tal afirmación y los inhabilitara como testigos, lo cual no fue planteado.

Por todo lo antes expuesto, se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

III

Con fundamento en el artículo 313 del ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 3° eiusdem, por incurrir en el vicio de indeterminación de la controversia.

Por vía de fundamentación, el formalizante expresa:

…En este caso el juez de alzada, en su sentencia hace una transcripción de la demanda y la contestación, pero no realiza una síntesis clara, precisa, y lacónica del asunto debatido, y omite su obligación de relacionar y decidir los aspectos señalados en el libelo de la demanda y la contestación, con la debida valoración motivada de las pruebas.

…Omissis…

Es importante señalar, que la indeterminación de la controversia se verifica fundamentalmente por la falta de una síntesis, clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

En este caso como ya se explicó el juez de alzada transcribió la demanda y su contestación, pero no hizo una síntesis clara, precisa y lacónica del thema decidendum, el cual quedó claramente distorsionado, con su forma de proceder, lo que lo llevó a concluir, como lo hizo declarando con lugar la acción, cuando tomar en cuento (sic) los alegatos de la contestación en su realidad, hubiera declarado sin lugar la demanda.

Se entiende así, pues, que el sentenciador de la recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual lo obliga expresamente a decidir, sobre todo lo que ha sido alegado y probado en autos; esto significa, que el sentenciador está en la obligación de revisar todos los elementos de hecho que han sido traídos por las partes al proceso, como constitutivos de pretensión (libelo de la demanda) o como constitutivos de su contradicción (contestación de la demanda)los cuales a su vez, deben ser confrontados y relacionados con los medios de prueba a los efectos de poder establecerlos como ciertos o desecharlos como falsos. Con especial atención a los términos del libelo de la demanda y de la litis contestación.-

Así pues, cuando el sentenciador no revisa todos los elementos de hechos derivados de la contestación de la demanda y de las pruebas concernientes, no está decidiendo conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual viola el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, así lo denunció.

Asimismo, el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, porque él no escudriñamiento de la verdad con la lectura de la contestación de la demanda y su señalamiento, mas la revisión de las pruebas y su indicación, configura un menoscabo claro al derecho a la defensa, y a la igualdad de condiciones de las partes en el juicio, al viciar la sentencia de indeterminación de la controversia que impide una clara determinación de la cosa juzgada, al no existir una síntesis, clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia.

Igualmente, viola el contenido del artículo 243 eiusdem, en su ordinal 3°, en el cual, el legislador obliga al sentenciador a realizar como ya se dijo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado la controversia, de modo, pues, que el sentenciador esta en el deber de señalar lo que conforma el tema decidendum, de forma sintetizada, precisos y lacónicos.

…Omissis…

Con un conocimiento parcializado del thema decidendum, si se decide sólo con los alegatos de una parte, obviamente la sentencia esta parcializada y es nula. Como ocurrió en este caso, pues no se conocen elementos fundamentales de la contestación de la demanda y estos quedaron como que no se hubieren esgrimido, y obviamente se decide parcializadamente sólo con alguno de los alegatos de la demandante, no puede existir otro resultado, que no sea el que no le favorezca, en una evidente indefensión del demandado.

El meollo del asunto en esta delación o punto esencial se circunscribe al hecho, de no señalarse la sentencia una síntesis, clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, no señala en su totalidad los elementos de hechos y derechos que conforman la contestación de la demanda, de modo, pues, que el sentenciador esta en el deber de señalar lo que conforma el tema decidendum de forma sintetizada, y en términos claros, precisos y lacónicos. Lo cual en este caso no se hizo.

Por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el ordinal (3°) del artículo 243 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 ibidem, y que permite a la Sala declararlo así, conforme al artículo 210 del Código Adjetiva Civil, así como por la infracción por los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, formalmente solicitó a la Honorable Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, que declare procedente las denuncias de infracción anteriormente expuestas. Y case la decisión recurrida, y orden al Juzgado Superior de la recurrida, vuelva a sentenciar corrigiendo el vicio denunciado. Así se solicita.

(Negrillas de la Sala).

Para decidir, la Sala observa:

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción del artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, por estar viciada de indeterminación de la controversia, con fundamento en que el ad quem no hizo una síntesis, clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, no señala en su totalidad los elementos de hecho y derecho que conforman la contestación de la demanda, por tal razón incurrió en el delatado vicio.

El legislador en el artículo 243 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, estableció la obligación del sentenciador de realizar en su decisión una síntesis clara, precisa y lacónica, en la que estableciera los límites de la controversia, describiendo el asunto planteado por las partes en cuanto a qué fue demandado y a su vez alegado en la contestación.

Ahora bien, esta Sala mediante sentencia N° 2, del 9 de marzo de 2009, caso Banco Caroni C.A, Banco Universal contra Mohammad Reza Bagherzadeh, expediente N° 2008-000539, expresó que en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil de 1986, se le dio el deber a los jueces de realizar una síntesis de la trabazón de la litis, para que abandonaran la práctica de transcripción de los alegatos presentados por las partes, ello con la finalidad de que fortalecieran el desarrollo de la motivación de la sentencia que es donde se expresa el resultado del análisis del caso efectuado por el juzgador.

Asimismo, se estableció en ese mismo fallo que el vicio por falta de síntesis debía examinarse a la luz de la utilidad de la casación o nulidad del fallo y de su reposición, aplicando el principio del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, pues si el vicio está dado, pero de la motivación y del dispositivo de la sentencia las partes y el juez pueden conocer cómo quedó trabada la litis, la declaratoria de nulidad y reposición no tendrían una finalidad útil, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución, que ordena no sacrificar la búsqueda de la justicia, ante las formas.

Ahora bien, para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante se pasa a transcribir algunos extractos de la sentencia recurrida:

…SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

-DE LA DEMANDA Y DE LAS PRUEBAS ACOMPAÑADAS A LA MISMA-

Se inició el presente proceso en virtud de la demanda interpuesta ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Miranda, en fecha 13 de abril de 2009, por los ciudadanos A.I.D. Y M.B.D.I., mediante el cual proceden a demandar a los ciudadanos J.M.R. Y G.A.F.P., todos plenamente identificados. Los hechos relevantes relatados por la apoderada de los accionantes como fundamento de la demanda, son los siguientes:

…Omissis…

En cuanto a los fundamentos de derechos en los cuales se basa la pretensión, la apoderada actora refiere, los artículos 1.185, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.264, 1.270, 1.221, 1.222 y 1.225 del Código Civil.

…Omissis…

Admitida la demanda, por auto de fecha 20 de abril de 2009 se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, ciudadanos J.M.R. y G.A.P., para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación ordenada con el objeto de que diera contestación a la demanda.

-DE LA FALTA DE CUALIDAD y CUESTIÓN BREVE OPUESTA.

Mediante escrito de fecha 18 de noviembre 2009, los doctores G.A.L.B. y O.A.B.E., actuando en su carácter de apoderado de los demandados J.M.R. y G.A.F.P., alegan como defensa de fondo la falta de cualidad prevista en el artículo 361 y la cuestión previa contemplada en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. La primera de ellas apoyada en la consideración de que los accionantes carecen de la propiedad que dicen ostentar sobre el área social construida en la parte trasera de su casa, puesto que no presentaron en autos ningún documento que acredite dicho derecho de propiedad; mientras que la segunda estuvo afincada en el alegato de que, no puede incoarse una demanda de daños y perjuicios que sufrieran unas bienhechurías sobre las cuales no se ejerce el derecho de propiedad.

…Omissis…

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

En la contestación al fondo de la demanda los accionados lo hacen así:

…Omissis…

…MOTIVOS PARA DECIDIR

En los informes presentados ante el a quem (sic) los demandantes alegaron lo siguiente:

Que el Tribunal de la causa incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, puesto que no analizó las declaraciones rendidas por los ciudadanos R.J.D.L.,A.E.O.R., M.G.D.D., A.R.B.D.N., H.R.A. Y L.M.D.T., …, ni el levantamiento topográfico inserto al folio 156 de la pieza II del expediente, ni la inspección evacuada en fecha 06 de abril de 2009, por el Juzgado de Municipio (sic) C.R. de esta misma Circunscripción Judicial, inserta del folio 227 al 248 de la pieza I del expediente.

Que el a quo desechó los documentos privados emanados de los ciudadanos G.R.D.S., Y A.S., FRANCISCO COLET Y J.O., conforme a lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando fueron rendidas sus testimoniales.

Que, la recurrida incurre en falso supuesto cuando le atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, suponiendo el a quo que sus mandantes no demostraron la propiedad sobre las bienhechurías afectadas por el desplazamiento de tierras; infringiendo lo previsto en el artículo 555 del Código Civil.

Que se le atribuye al informe pericial una valoración que nada tiene que ver con la norma jurídica que regula la experticia, cuando sostiene invocando el informe pericial de los expertos “que el Área afectada sobre el cual se pretende resarcimiento de los daños y perjuicios se encuentra en zona verde o área denominada vegetación”, por último, solicitaron se declarara con lugar la acción.

Por su lado, la representación judicial de la parte accionada, se adhirió al recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte accionante sólo en lo que respecta a la declaratoria de inadmisibilidad, ratificando la falta de cualidad de los demandantes para sostener el juicio, alegando igualmente que, no se acompañó el documento fundamental de la demanda, por lo que la misma debe ser declarada inadmisible. Concluyeron solicitando, se desechara la demanda, o en su defecto se declarara inadmisible, y se condenara en costas a la parte actora.

Ahora bien, en cuanto a las testimoniales de los ciudadanos R.J.D.L., A.E.O.R., M.J.d.D., A.R.B.d.N., H.R.A. y L.M.d.T., sus dichos quedaron plasmados como siguen:

…Omissis…

De las testimoniales transcritas se evidencian que las mismas fueron contestes en sus dichos respecto a los hechos sobre los cuales se les preguntó, por lo que este Juzgado Accidental, le otorga valor probatorio a sus deposiciones.

En cuanto al levantamiento topográfico inserto al folio 156, de la pieza II del presente expediente, realizado por el experto topógrafo A.Z., integrante de la comisión de expertos designados por las partes, el cual ubica las bienhechurías afectadas por efecto del aluvión dentro del área de la parcela N° 97 propiedad de los demandantes al señalar que:

…Omissis…

Aunado al documento de propiedad, consignado en autos marcado “B” con el libelo de demanda, el cual esta Alzada le atribuye el mérito probatorio que se desprende de su contenido por ser un documento público debidamente protocolizado susceptible de transferir el dominio, y que no fue tachado ni desconocido por la parte contraria, es por lo que esta Alzada considera que ha quedado acreditada la titularidad o propiedad del terreno donde se construyeron las bienhechurías afectadas, de conformidad con el artículo 555 del Código Civil, y así se declara.

En referencia a la Inspección judicial, evacuada por el Juzgado del Municipio C.R. de esta Circunscripción Judicial el 6 de abril del 2009, si bien es cierto, que en ella se deja constancia de las labores de acondicionamiento, limpieza, retiro de escombros, y colocación de muros al fondo de las parcelas de dónde provino el deslave, la misma, por sí sola no prueba la intención de los demandados de modificar el estado de las cosas, tal como lo alega la actora, no obstante este tribunal la valora conforme a los artículo 1.428 y 1.429 del Código Sustantivo. Así se declara.

En lo que respecta, a los documentos privados emanados de terceros que no son partes en el juicio ni causantes de las mismas, tales como (informe pericial de fecha 18/9/2008, folios 68 al 127 Pieza I; e informe técnico-científico, folios 149 al 160 Pieza I) realizados por los expertos G.R.D.S., y A.S., respectivamente, con el fin de probar las causas del derrumbe imputables a las construcciones edificadas en las parcelas superiores, apoyándose en los estudios técnicos señalados en los informes respectivos, los cuales fueron ratificados, mediante testimonios rendido el 8 de abril de 2010, y el 16 de abril de 2010, en su orden, por lo que este tribunal le otorga el valor probatorio de conformidad con el artículo 431, de la n.A.C..

PRIMERO: la demandante comienza por afirmar entre otras cosas, que mediante documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Urdaneta y C.R.d.E.M., en fecha 07 de Diciembre de 1989, bajo el N°. 24, Protocolo Primero, Tomo 8, adquirieron un inmueble integrado por una casa quinta y la parcela donde está construida distinguida con el N° 97, (…). Que adquirida la propiedad los accionantes con el producto de su trabajo invirtieron todos sus ahorros en acondicionar dicha (sic), edificando progresivamente, en la parte trasera de la casa que es su fondo, un área social y de esparcimiento, que consistiera entre otras cosas entre otras comodidades en una terraza cubierta en un área de sesenta y cinco metros cuadrados, con setenta y siete decímetros cuadrados (…). Obras que se culminaron aproximadamente hace catorce (14) años, y que sirvieron de escenario para la celebración de cumpleaños, graduaciones, matrimonios. Confort que disfrutaran hasta de entrada noche del día 16 de agosto del año 2008, cuando el deslave y el derrumbe de las tierras altas provenientes del fondo de las parcelas E3-B y E4-B, colindantes por el lindero noroeste de por medio zona verde, tapizó y destruyó en su totalidad las descritas instalaciones recreativas y de esparcimiento, arrojando los daños que indica el escrito libelar.

Que establecido en forma indubitada la relación de causa a efecto entre el hecho generador del daño y el perjuicio patrimonial, y por último, la prueba del perjuicio sufrido por los accionantes con cualidad y legítimo interés legitimado en los artículos 1.185 y 1.193 del Código Civil, para reclamar el resarcimiento de los daños generados en su patrimonio por un acto ilícito, como es la edificación de parcela superior sin tomar las precauciones inherentes, es por lo que procede a demandar como en efecto demanda a los corresponsables de los daños y perjuicios ocasionados, ciudadanos J.M.R. y G.A.F.P., para que convenga o en su defecto sean condenados en forma solidaria a indemnizar a los actores la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 1.420.000,00) montos de los daños materiales y otros gastos. Igualmente demanda el daño experimentado en el patrimonio moral de los demandantes, quienes a consecuencia del acto ilícito que acabo con su tranquilidad y estabilidad emocional cuyo daño lo estimaron en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00).

…Omissis…

En este orden de ideas, corresponde a la parte actora la carga de demostrar que su pretensión tiene asidero legal, al evidenciar mediante medios probatorios veraces, que los daños causados en las bienhechurías ubicadas en la parcela 97, por el aluvión ocurrido se le adjudican a los propietarios de las parcelas E3B y E4B, es decidir, que el agente generador del daño eran los dueños de las parcelas antes mencionadas. Así se declara.-

…Omissis…

Ahora bien, para que sea procedente la acción por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, se deben configurar tres elementos concurrentes, a saber: a) el daño; b) la culpa y c) la relación de causalidad entre el acto culposo y el perjuicio ocasionado.

…Omissis…

En el caso bajo estudio, el daño se observa claramente en la inspección de Registro N° 0201-PCMCR- 2008 C, realizado por la Alcaldía del Municipio C.R.D.M.d.P.C. y Administración de Desastres, Inspección Practicada Por la Notario del Municipio Autónomo C.R. de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, Inspección Judicial practicada por el Juzgado del Municipio C.R. de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, informe de inspección realizado por el Ingeniero GIOVANNI RIVAS DASILVA E INFORME TÉCNICO REALIZADO POR EL Ingeniero F.C., testimoniales de los ciudadanos R.J.D.L., A.E.O.R., M.J.D.D., A.R.B.D.N., H.R.A. y LORENAS MUÑIZ DE TREJO, Inspección Judicial practicada por el Juzgado Tercero de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; Inspección Judicial evacuada por el Juzgado de Municipio C.R. de esta Circunscripción Judicial del 6 de abril del 2009; así como la experticia de fecha 06 de julio de 2010, en la cual se evidencia los daños causados y los escombros de construcción dejados por el aluvión, o desprendimiento de los lotes de Terreno desplazados, debido a las demoliciones producto del fenómeno natural (movimiento singular) al cual refiere el Ing. Geólogo en su estudio Técnico, proveniente de la parte alta que cayeron sobre las bienhechurías construidas en la parcela N° 97, como lo refiere el informe de fecha 6 de julio de 2010, ya señalados, propiedad de los ciudadanos ANTONIO INGLESIAS DOMINGUES Y M.B.D.I. tal como se desprende del tantas veces mencionado documento Protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Urdaneta y C.R.d.e.M., con fecha 07 de diciembre de 1989, bajo el N° 24, Protocolo Primero, estas pruebas dejan por sentado el estado en que se encontraba la parcela antes referida una vez ocurrido el desastre, se recomendó el desalojo de la vivienda en resguardo de los hoy demandantes, los cuales aducen como agentes causante de los daños sobre las bienhechurías que se encontraban en la referida parcela, a los propietarios de la parcela E3-B Conjunto Residencial A.V. y la Parcela E4-B.

En cuanto al segundo supuesto, de un análisis exhaustivo realizado al expediente, especialmente a la inspección judicial evacuado por el Juzgado de Municipio C.r. de esta Circunscripción Judicial del 6 de abril del 2009, a las testimoniales evacuadas, específicamente a la pregunta décima, Segunda y Décima Tercera, al informe presentado en fecha 18 de agosto, efectuado por la Dirección de Ordenación Urbanística de la Alcaldía del Municipio C.R.d.e.M., respecto a la parcela N° 97 que es donde se ubican las bienhechurías construidas, dice lo siguiente:

…Omissis…

De lo antes transcrito esta Juzgadora Considera, que los propietarios de las parcelas E3-B y E4-B, son responsables del deslizamiento o aluvión, a construir paredes de bloque de concreto en sitios donde deben construirse muros de contención, señalando además que los taludes internos de la urbanización fueron, siendo afectados por la intervención de los propietarios, por lo que considera esta Juzgadora que los ciudadanos J.M.R. Y G.A.F.P., son como ya se dijo responsables del deslizamiento por la razones antes indicadas, asi se declara.

En cuanta (sic) al tercer supuesto, quedó probado de los distintos informes, que debido a la ausencia del muro de contención, drenajes adecuados, e infiltración de agua, provenientes de las parcelas E3-B y E4-B, ubicadas a nivel superior, destruyeron las bienhechurías edificadas dentro del perímetro de la parcela 97; y de la Inspección Judicial practicada el 28 de febrero del año 2011, por el Juzgado de Municipio C.R. de esta misma Circunscripción Judicial, consignada en la Alzada, de conformidad con el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, y a la cual este Tribunal la admite y le otorga valor probatorio, en virtud de que la misma hace prueba indubitada de las causas que generaron los daños demandados, por lo que se encuentra evidenciar la relación de causalidad entre los daños demandados y el hecho generador del daño, quedando demostrado de esta forma los daños materiales ocasionados por la parte accionada, por lo que resulta forzoso para esta Juzgadora Accidental declarar CON LUGAR el daño material aducido. Así se decide.-

la parte accionante, demanda igualmente el daño experimentado en su patrimonio moral arguyendo que, dicho daño se produjo a consecuencia del acto ilícito que acabo con su tranquilidad y su estabilidad emocional, estimándolo en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) . el Tribunal observa: en cuanto al daño moral, alegado, se entiende este como todo sufrimiento humano que no consiste en una pérdida pecuniaria, sino emocional y espiritual de la persona a la cual se le ocasionó el daño, igualmente se dice que, el daño moral es el perjuicio sufrido a la psiquis de una persona que consiste en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, a los padecimientos infringidos por el evento dañoso; siendo íntegramente subjetivo, pues va en proporción directa con la parte afectiva del ser humano; es decir, el grado de reacción ante las mismas circunstancias puede acarrear diferentes estados sicológicos dependiendo del sujeto, por ello la apreciación económica es discrecional del juez, como impartidor de la justicia.

…Omissis…

De lo antes transcrito y de las actas procesales que cursan a los autos este Tribunal Accidental considera que si bien es cierto que la norma antes transcrita establece la obligación de reparar el daño causado a la víctima por el hecho ilícito; no es menos cierto, que las pruebas aportadas por el demandante no refiere a ninguno de los presupuestos contenidos en la norma supra citada, por lo que considera quien aquí decide, que no hay prueba suficiente que convenzan a este Órgano Jurisdiccional, para declarar con lugar el daño moral sufrido por la parte accionante, ya que no hizo énfasis en ninguno de los presupuestos a los que hace alusión tanto la doctrina como la norma sustantiva, por la declaratoria de resarcimiento por concepto de daño moral, debe ser declarada sin lugar y así quedará establecida en el dispositivo de esta fallo. Así se declara…”.

De la transcripción de algunos extractos de la sentencia recurrida se evidencia que el juez de alzada sí hizo una síntesis, clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, aparte de hacer una análisis a los alegatos de ambas partes tanto accionante como accionada, llegando a la conclusión de que los daños y perjuicios causados a las bienhechurías de los propietarios accionantes A.I.D. Y M.B.D.I., fueron causados por las obras construidas por los ciudadanos J.M.R. Y G.A.F.P. que se deslizaron con el fenómeno natural que causaron los daños hoy reclamados.

En consecuencia, y de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos, se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

IV

Por razones metodológicas, se procede a agrupar las denuncias contenidas en los capítulos cuarto y sexto de las denuncias por defecto de actividad debido a su similitud.

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 15 eiusdem, por incurrir en el menoscabo al derecho a la defensa, “por violación del derecho a la valoración de la prueba”.

Por vía de fundamentación el formalizante expresa:

…CUARTA DENUNCIA. MENOSCABO DEL DERECHO A LA DEFENSA.

De conformidad con las previsiones legales consagradas en el ordinal primero (1o) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por no decidir el sentenciador conforme a lo alegado y probado en autos, y por menoscabo claro al derecho a la defensa, por la violación del derecho a la valoración de la prueba.

En el presente caso, el juez de la recurrida en su decisión expresó lo siguiente:

…Omissis…

Es claro que el juez de alzada con la forma de decidir, no cumplió con su obligación legal de valorar y señalar lo que se desprende de cada prueba promovida por las partes, sino que simuló eI análisis de estas, dejando a un lado su contenido. Esta forma de proceder, claramente viola el derecho a la defensa y debido proceso de mí representado, con la infracción de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, en un patente menoscabo del derecho a la defensa, que constituye materia de orden público, por la violación del derecho a la valoración de la prueba.

Se entiende así, que el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual lo obliga expresamente a decidir sobre “TODO lo que ha sido alegado y probado en autos; esto significa, que el sentenciador está en la Obligación de revisar todos los elementos de hecho que han sido traídos por las partes al proceso, .como constitutivos de pretensión, los cuales a su vez, deben ser confrontados y relacionados con los medios de prueba a los efectos de poder establecerlos como ciertos o desecharlos como falsos.

Asimismo, el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que informa que:

…Omissis…

Porque la abstención de examinar las pruebas constituye un menoscabo claro al derecho a la defensa

...Omissis…

Lo que determina que constituye materia de orden público, la violación en la valoración de pruebas por parte del juez, al constituir un menoscabo del derecho a la defensa del promovente de dicha prueba. Como ocurrió en el presente caso.

Prueba que vinculan a ambas partes bajo el principio de comunidad de la prueba, y al ser incorporadas al proceso, pertenecen a este, y no a las partes, como un principio de orden público procesal, que obliga al juez a su escudriñamiento y lectura de la prueba. Lo cual no se hizo.

El juez de alzada violó los principios de tutela judicial efectiva, confianza legítima y expectativa plausible, al desconocer la doctrina constitucional que obliga a una debida valoración de la prueba, y de no cumplir con esa obligación se incurre en un claro menoscabo al derecho de la defensa.

Por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido los artículos 12 y 15 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 ibídem, y que permite a la Sala declararlo así, conforme al artículo 210 del código adjetiva (sic) civil, formalmente solicito a la Honorable Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declare procedente las denuncias de infracción anteriormente expuestas y case la decisión recurrida, y ordene al juzgado superior de la recurrida, vuelva a sentenciar corrigiendo el vicio denunciado. Así se solicita…

.

…SEXTA DENUNCIA. MENOSCABO DEL DERECHO A LA DEFENSA

De conformidad con las previsiones legales consagradas en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por no decidir el sentenciador conforme a lo alegado y probado en autos, y por menoscabo claro al derecho a la defensa, por la violación de la prueba.

En el presente caso, el juez de la recurrida en su decisión expresó lo siguiente:

…Omissis…

Es claro que el juez de alzada con la forma de decidir, no cumplió con su obligación legal de valorar y señalar lo que se desprende de cada prueba promovida por las partes, sino que simuló el análisis de estas, dejando a un lado su contenido. Esta forma de proceder, claramente viola el derecho a la defensa y debido proceso de mí representado, con la infracción de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, en un patente menoscabe del derecho a la defensa, que constituye materia de orden público, por la violación del derecho a la valoración de la prueba.

Se entiende así, que el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual lo obliga expresamente a decidir, sobre TODO lo que ha sido alegado y probado en autos; esto significa, que el sentenciador está en la obligación de revisar todos los elementos de hecho que han sido traídos por las partes al proceso, como constitutivos de pretensión, los cuales a su vez, deben ser confrontados v relacionados con los de prueba a los efectos de poder establecerlos como ciertos o desecharlos como falsos.

Asimismo, el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo del Código de Procedimiento Civil, que informa que:

…Omissis…

Porque la abstención de examinar las pruebas constituye un menoscabo claro al derecho la defensa.

…Omissis…

Lo que determina que constituye materia de orden público, la violación en la valoración de las pruebas por parte del juez, al constituir un menoscabo del derecho a la defensa del promovente de dicha prueba. Como ocurrió en el presente caso.

El juez de alzada violó los principios de tutela judicial efectiva, confianza legítima y expectativa plausible, al desconocer la doctrina constitucional que obliga a una debida valoración de la prueba, y de no cumplir con esa obligación se incurre en un claro menoscabo al derecho de la defensa.

Por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido los artículos 12 y 15 euisdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 ibídem, y que permite a la Sala declararlo así, conforme al artículo 210 del código adjetiva (sic) civil, formalmente solicito a la Honorable Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declare procedente las denuncias de infracción anteriormente expuestas y case la decisión recurrida, y ordene al juzgado superior de la recurrida, vuelva a sentenciar corrigiendo el vicio denunciado. Así se solicita.

.

Para decidir, la Sala observa:

Alega el formalizante en ambas denuncias y con la misma fundamentación, que el juez de alzada incurrió en un claro menoscabo al derecho a la defensa, por omitir la valoración de las pruebas, aduce expresamente el recurrente que el ad quem incurrió en la infracción de …en concordancia con el artículo 320, 12 y 15 euisdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 ibídem, y que permite a la Sala declararlo así, conforme al artículo 210 del código adjetiva (sic) …civil…, con fundamento en que “…la abstención de examinar las pruebas constituye un menoscabo claro al derecho a la defensa…”.

En la fundamentación de la presente denuncia, se evidencia una clara falta de técnica, pues alega vicios que deben ser cuadrados en el presupuesto procesal de quebrantamientos de formas procesales previstos en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y al propio tiempo alega vicios de infracción de ley como es la falta de valoración y análisis de las pruebas, previstos en el ordinal 2° de la citada norma.

En ese sentido se observa que alega el vicio de menoscabo al derecho de la defensa, apoyándose en el hecho de que el juez omitió valorar y a.u.p.s. precisar ni señalar cuáles fueron las pruebas omitidas por el juzgador.

Esta falta de técnica, impide que la Sala pase a analizar la presente denuncia, por cuanto no precisa las normas infringidas, ni señala las pruebas dejadas de analizar y además la encuadra en un tipo de denuncia que no permite su análisis como lo es en lo vicios por defecto de actividad, en razón de ello se evidencia el incumplimiento de lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, el cual debe ser observado por el formalizante al momento de redactar su escrito de formalización.

En consecuencia, y de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos se desestima la denuncia bajo análisis, y así se decide.

POR INFRACCIÓN DE LEY

I

Por razones metodológicas, se procede a analizar las denuncias contenidas en los capítulos séptimo y octavo del escrito de formalización.

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 2° del Código de procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículos 12 y 509 ibídem por incurrir en silencio parcial de un medio de prueba.

Por vía de fundamentación, el formalizante expresó lo siguiente:

… SÉPTIMA DENUNCIA SILENCIO PARCIAL DE PRUEBA.

De conformidad con las previsiones legales consagradas en el ordinal segundo (2o) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil,, en concatenación con el artículo 320 eiusdem, por infracción de la ley, se denuncia en la recurrida la violación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, POR FALTA DE APLICACIÓN, el cual consagra expresamente el deber del sentenciador de analizar todos los medios de prueba existentes en autos, en concatenación con lo estatuido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse el sentenciador a lo alegado y probado en autos, POR HABER EL FALLO RECURRIDO SILENCIADO PARCIALMENTE EL ANÁLISIS DE UN MEDIO DE PRUEBA, no obstante de dejar constancia en el mismo de la promoción y evacuación de este, prescindiendo de su análisis, todo lo cual paso explicar y explanar de la siguiente forma:

En la sentencia recurrida el juez expresa lo siguiente:

…Omissis…

Es claro el silencio parcial de la prueba en este caso, pues no se conoce a refiere el juez cuando señala que de las testimoniales transcritas se evidencia que las mismas fueron contestes en sus dichos respecto a los hechos sobre los cuales se les preguntó, por lo que este Juzgado Accidental, le otorga valor probatorio a sus deposiciones.

Cabria preguntarse a que hechos se refiere, que hechos son los que consideran probados?

Pruebas que vinculan a ambas partes bajo el principio de comunidad de la prueba y al ser incorporadas al proceso, pertenecen a este, y no a las partes, como un principio de orden público procesal, que obliga al juez a su escudriñamiento y lectura de la prueba. Lo cual no se hizo.

De la lectura de la sentencia recurrida se observa, que no existe ningún análisis del contenido de las pruebas testimoniales antes citadas, no obstante, la recurrida dejó de analizarla, simulando en un análisis sesgado en su apreciación, sin emitir opinión en cuanto a su contenido, limitándose a un señalamiento (sic) mecanismo (sic) meramente formalista, que pretende simular el análisis del medio de prueba, desconociéndose por completo su valoración.

En otras palabras, el silencio parcial sobre esta prueba es evidente, por prescindencia de su análisis o simulación de este, infringiendo así el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Es deber del sentenciador, no sólo señalar en el texto de la sentencia, la existencia en autos en autos de todos los medios de prueba que hayan sido producidos, sino que es su deber igualmente, el pronunciarse sobre los mismos, analizarlos, apreciarlos, valorarlos, ya que, sólo mediante su análisis, es que el sentenciador puede considerar que el mismo es legal o ilegal, valido o inocuo, pertinente o impertinente, tempestivo o extemporáneo, inconducente, o perfectamente válido, etc.

No puede el sentenciador, simular el análisis de un medio de prueba, no obstante de dejar constancia en el fallo de la promoción y evacuación de este, prescindiendo de su análisis, sin que incurra en infracción de la ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, como ha ocurrido en el caso de autos.

Por su parte el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

…Omissis…

De igual forma cabe señalar, que en este caso, el silencio parcial de prueba es grave y de tal magnitud que es suficiente para modificar lo dispositivo del fallo, pues en base a estas pruebas testimoniales se declaró con lugar la demanda, pero si hubieran sido apreciadas una por una en su contenido concordando, el juez de alzada se hubiera dado cuenta de la improcedencia de la acción, y no hubiera declarado con lugar la demanda como lo hizo, sin sustento alguno.

De modo pues que, cuando el sentenciador ignorar (sic) los elementos esenciales de un medio de prueba, no obstante de dejar constancia en el fallo de la promoción y evacuación de este, prescindiendo de su análisis, vicia la recurrida de nulidad por falta de aplicación de la ley, que no es más que la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se consagra el deber del sentenciador de analizar todos los medios de prueba existentes en autos, y asimismo, viola igualmente el articulo 12 eiusdem, en el cual se consagra el deber del sentenciador de decidir conforme a lo alegado y probado en autos.

…Omissis…

Es por esto que en el presente caso, en definitiva, el sentenciador de la recurrida infringió el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, por cuanto, al ignorar dichos medios de prueba, no obstante de dejar constancia en el fallo de la promoción y evacuación de este, simuló su análisis, incumpliendo claramente su obligación.

La influencia de esta violación es determinante de lo dispositivo del fallo, porque de ser apreciada las pruebas silenciadas en su contenido, el juez de la recurrida concluiría en la improcedencia de la demanda, en la declaratoria sin lugar de la apelación y confirmaría la decisión de primera instancia.

…Omissis…

Por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 313 ordinal 2o y artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, y que permite la dicha Sala declararlo así, conforme al artículo 210 eiusdem, formalmente solicito a la Honorable Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declare procedente la denuncia de infracción de ley anteriormente expuesta y case el fallo recurrido…”.

…OCTAVA DENUNCIA SILENCIO PARCIAL DE PRUEBA.

De conformidad con las previsiones legales consagradas en el ordinal segundo 2° artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con el artículo 320 eiusdem por infracción de la ley, se denuncia en la recurrida la violación del artículo 509 del C:ódigo de Procedimiento Civil, POR FALTA DE APLICACIÓN, el cual consagra expresamente el deber sentenciador de analizar todos los medios de prueba existentes en autos, en concatenación con lo estatuido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse el sentenciador, a lo alegado y probado en autos, POR HABER EL FALLO RECURRIDO SILENCIADO PARCIALMENTE EL ANÁLISIS DE UN MEDIO DE PRUEBA, no obstante de dejar constancia en el mismo de la promoción y evacuación de este, prescindiendo de su análisis, todo lo a explicar y explanar de la siguiente forma:

En la sentencia recurrida el juez expresa lo siguiente:

…Omissis…

Es claro el silencio parcial de la prueba en este caso, pues el juez de alzada se limita a señalar la existencia de dichas pruebas, pero no realiza análisis de su contenido alguno al respecto.

Cabría preguntarse a que hechos se refieren, dichas pruebas y que valor probatorio se le dio en el juicio.

Pruebas que vinculan a ambas partes bajo el principio de comunidad de la prueba, y al ser incorporadas al proceso, pertenecen a este, y no a las partes, como un principio de orden público procesal, que obliga al juez a su escudriñamiento y lectura de la prueba. Lo cual no se hizo.

De la lectura de la sentencia recurrida se observa, que no existe ningún análisis del contenido de las pruebas antes citadas, no obstante, la recurrida dejó de analizarla, simulando en un análisis sesgado en su apreciación, sin emitir opinión en cuanto a su contenido, limitándose a un señalamiento mecanismo (sic) meramente formalista, que pretende simular el análisis del medio de prueba, desconociéndose por completo su valoración.

…Omissis…

Es deber del sentenciador, no sólo señalar en el texto de la sentencia, la existencia en autos de todos los medios de prueba que hayan sido producidos, sino que es su deber igualmente, el pronunciarse sobre los mismos, analizarlos, apreciarlos, valorarlos, ya que, sólo mediante su análisis, es que el sentenciador puede considerar que el mismo es legal o ilegal, valido o inocuo, pertinente o impertinente, tempestivo o extemporáneo, inconducente, o perfectamente válido, etc.

No puede el sentenciador, simular el análisis de un medio de prueba, no obstante de dejar constancia en el fallo de la promoción y evacuación de este, prescindiendo de su análisis, sin que incurra en infracción de la ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, como ha ocurrido en el caso de autos.

De igual forma cabe señalar, que en este caso, el silencio parcial de prueba es grave y de tal magnitud que es suficiente para modificar lo dispositivo del fallo, pues al silenciar estas pruebas se declaró con lugar la demanda, pero si hubieran sido apreciadas una por una en su contenido concordando, el juez de alzada se hubiera dado cuenta de la improcedencia de la acción, y no hubiera declarado con lugar la demanda como lo hizo, sin sustento alguno.

…Omissis…

Es por esto que en el presente caso, en definitiva, el sentenciador de la recurrida infringió el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, por cuanto, al ignorar dichos medios de prueba, no obstante de dejar constancia en el fallo de la promoción y evacuación de este, simuló su análisis, incumpliendo claramente su obligación.

La influencia de esta violación es determinante de lo dispositivo del fallo, porque de ser apreciada las pruebas silenciadas en su contenido, el juez de la recurrida concluiría en la improcedencia de la demanda, en la declaratoria sin lugar de la apelación y confirmaría la decisión de primera instancia.

La norma que el juez de la recurrida, dejó de aplicar es la prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, para cumplir su obligación en el análisis probatorio y las normar a que el juez debió aplicar para resolver la controversia son las contenidas en los artículos 12. 15, 254 del Código de Procedimiento Civil, que obligan a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, mantener a las partes en igualdad de condiciones y que los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado.

Por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los articulo 313 ordinal 2o y artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, y que permite, a. la dicha Sala declararlo así, conforme al artículo 210 eiusdem, formalmente solicito a la Honorable Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declare procedente la denuncia infracción de ley anteriormente expuesta y case el fallo recurrido, …

.

Para decidir, la Sala observa:

En su totalidad estimó la Sala necesario transcribir la presente denuncia. Ello, por lo evidente de las deficiencias de las cuales adolece, razones suficientes para desecharla.

En tal sentido se aprecia, que cuando el formalizante denuncia “…que el Juzgador (sic) de la Recurrida (sic) no analizó debidamente las pruebas aportadas…”, infringiendo con ello el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, no cumple con el criterio sostenido en forma pacífica y reiterada por esta Sala, entre otros, en el fallo N° 00303, de fecha 22 de mayo de 2008, mediante el cual fue resuelto el recurso de casación interpuesto en el caso O.P.C.P., contra E.C.D.V., A.V.C., Antoniella Vaianella Cardinale y G.V.C., en el expediente N° 2007-000790, según el cual, para denunciar infracciones de ley “…es necesario que el recurrente exprese en forma clara y precisa, sin incurrir en imprecisiones y vaguedades, vinculando el contenido de las normas que se pretenden vulneradas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, es decir, que la violación debe ser demostrada, sin que baste al afecto señalar que la sentencia infringió tal o cuál (sic) precepto jurídico, pues es menester que se demuestre cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación denunciada…”.

Determinó la Sala, y así se ha sostenido hasta entonces, lo siguiente:

...Sobre este asunto se transcribe, a continuación, el criterio que la Sala en decisión de fecha 25 de noviembre de 1999, dejó asentado:

‘Respecto de la denuncia del recurso de casación por infracción de ley, la Sala ha precisado que el formalizante debe: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2ª del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el referido ordinal 2º del artículo 313, la que se pretende denunciar; errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 ejusdem; d) explicar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, indicando las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

La fundamentación de las denuncias de infracción de ley, como ha explicado la Sala en numerosas decisiones, debe hacerse en forma clara y precisa sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden violadas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, es decir, que la violación debe ser demostrada, sin que baste al efecto señalar que la sentencia infringió tal o cual precepto legal, pues es necesario, además, que se demuestre cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación...

. (Resaltado de la Sala).

Al aplicar el criterio citado al caso de especie, corresponde a la Sala destacar que nada de lo exigido en el mismo, fue cumplido por el formalizante al pretender la declaratoria de un vicio que no determinó con exactitud.

Para proceder al análisis y resolución de lo delatado en esta oportunidad, debió presentarse un planteamiento claro y preciso, que ameritaba, como lo exige la técnica respectiva, encuadrar la denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, especificando cuáles normas jurídicas resultaron infringidas, si lo fue por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; expresando necesariamente para ello en forma precisa, cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo.

Adicionalmente debe referirse en el análisis aquí expuesto, visto que el formalizante acusa la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, como un silencio de prueba; el criterio que al respecto contiene el fallo dictado por esta Sala en fecha 17 de mayo de 2013, para resolver el silencio de prueba interpuesto en el caso R.J.C.V., cursante en el expediente N° 12-773; en el cual se dijo:

“…es pertinente destacar el criterio establecido por esta Sala, por demás reiterado, el cual determina que el vicio de silencio de prueba constituye un vicio que debe ser denunciado de conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, dicho vicio no constituye un vicio por defecto de actividad.

En tal sentido, en decisión N° 313 de fecha 19 de julio de 2011, caso: C.A. Armco Venezolana contra Cayca Alimentos, S.A. (CALSA), expediente N° 2011-159, ratificó el criterio establecido en sentencia N° 460 de fecha 21 de julio de 2008, expediente N° 2008-057, el cual reafirmó lo siguiente

“…Esta Sala de Casación Civil, a partir de la sentencia publicada en el juicio por cobro de bolívares que siguió la sociedad mercantil FARVENCA ACARIGUA, C.A., contra la sociedad mercantil FARMACIA CLAELY, C.A., estableció un nuevo criterio para la denuncia del vicio de silencio de prueba al expresar:

...la Sala considera conveniente fijar un nuevo criterio sobre la denuncia en casación del vicio por silencio de prueba, de forma y manera que permita establecer si las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el juzgador, tienen el sentido y alcance que en realidad le corresponden para la fijación del hecho controvertido... En aras de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones constitucionales indicadas, y conforme con la ley procesal civil, la Sala podrá tener conocimiento de estos extremos si la denuncia se encuadra en un recurso por infracción de ley; recurso en el cual el formalizante satisfaga las exigencias del artículo 313, ordinal 2º, único aparte del Código de Procedimiento Civil, dentro de los términos y condiciones previstos en la ley, donde la denuncia de violación de las respectivas normas relativas a la apreciación y carga de la prueba, así como las referidas al establecimiento o valoración de las pruebas, adquiere suma importancia, ya que permitirá precisar el servicio, la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de allí dependerá la calificación jurídica de la utilidad o no de la casación...El criterio aquí establecido, se aplicará a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, a la publicación de este fallo…

Mas (sic) adelante, mediante sentencia publicada el día 5 de abril de 2001, en el juicio seguido por la ciudadana E.R. contra la ciudadana Pacca Cuamanacoa la Sala ratificó el referido criterio sobre la forma de denunciar el vicio de silencio de prueba al expresar:

…Las precedentes consideraciones permiten concluir que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, constituye una obligación para el jurisdicente necesaria para establecer su criterio valorativo de las pruebas incorporadas en el expediente con relación a los hechos. Esta es una de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la Sala examinar las actas procesales y extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas. En consecuencia, la falta de valoración de algún medio probatorio comporta la infracción por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene la obligación reseñada anteriormente, constituyendo su conducta uno de los motivos de excepción previstos en el artículo 320 eiusdem, estableciéndose una de las modalidades del error de juzgamiento contempladas en el ordinal 2º del artículo 313 del mismo Código. Con este pronunciamiento la Sala no pretende una técnica rigurosa cuyo incumplimiento determine la desestimación de la denuncia. Por el contrario, el propósito es ampliar las razones que soportan el cambio de doctrina respecto del vicio de silencio de prueba, y las que han permitido, al Ponente de este fallo compartir la responsabilidad de la publicación del fallo que la contiene, y explicar de esta manera con mayor detenimiento cómo el referido vicio constituye una infracción de ley. Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil…

.

En el caso in comento, al evidenciarse que el formalizante fundamentó su denuncia relativa al vicio de silencio de prueba, al amparo de una denuncia por defecto de actividad por inmotivación del fallo, éste incumple con la adecuada fundamentación para este tipo de denuncias, de conformidad a la jurisprudencia ut supra transcrita, razón por la cual esta Sala procede a desechar la misma por falta de técnica. Así se decide…”.

Atendiendo a lo determinado en el fallo transcrito, constata la Sala y es su tarea destacar, que en el caso de especie el apoderado judicial del demandante formalizante, incumple también con la adecuada fundamentación de una denuncia relativa al silencio de prueba.

En ese sentido se evidencia que el formalizante alega silencio parcial de prueba, pero no precisa cómo, cuándo y qué prueba se silenció parcialmente, lo cual hace que la Sala se vea impedida de entrar a examinar la presente, en consecuencia, se desestima por indebida fundamentación, y así se decide.

D E C I S I Ó N

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación ejercido en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2013, proferida por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy .

Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas.

Publíquese, regístrese y remítase directamente el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil catorce. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

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Y.A.P.E.

Vicepresidenta,

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ISBELIA P.V.

Magistrado,

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L.A.O.H.

Magistrada Ponente,

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AURIDES M.M.

Magistrada,

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YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

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C.W. FUENTES

RC N° AA20-C-2013-000351

NOTA: Publicada en su fecha, a las

Secretario,