Sentencia nº 1303 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de Junio 20, 2005

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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

El 22 de febrero de 2005, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.780, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANDRÉS ELOY DIELINGEN LOZADA, titular del pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica número 046122456, contra la sentencia dictada el 25 de junio de 2004, por la Sala No. 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a su juicio, lesiva del derecho de su representado al debido proceso y a la defensa que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa oportunidad se le asignó la ponencia al Magistrado Doctor Pedro Rafael Rondón Haaz. Posteriormente, dicha ponencia fue reasignada al Magistrado Doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 15 de abril de 2005, el ciudadano Antonio José Nagen Abraham, en su condición de víctima en el proceso penal que dio origen a la presente acción de amparo constitucional, presentó escrito por ante esta Sala, a los fines de solicitar se le tenga como tercero con interés en la presente acción de amparo, y que en consecuencia, se le notifique la fecha en que sea fijada la audiencia constitucional y se le permita participar como tercero en la misma.

En fecha 20 de abril de 2005, la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió mediante oficio N° 0119-05, el informe elaborado por dicha Sala con ocasión de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Andrés Eloy Dielingen Lozada.

             

Practicadas las notificaciones, la Secretaría de la Sala, por auto del 9 de mayo de 2005, fijó la oportunidad para celebrar la audiencia oral de las partes.  Posteriormente, la Secretaría de la Sala, por auto del 11 de mayo de 2005, suspendió la audiencia oral, la cual se realizó el 19 de mayo del mismo año, a la que comparecieron: los apoderados judiciales del accionante, abogados Luis Edmundo Árias, Joaquín Chaffardet Ramos y Pedro Miguel Castillo; la abogada María Gabriela Martínez Vila, acompañando al ciudadano Antonio José Nagen Abraham, tercero coadyuvante; y de la abogada Mónica Andrea Rodríguez, en representación del Ministerio Público. Se dejó constancia de la no comparecencia del Presidente de la Sala Novena de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas -parte accionada-. En la audiencia constitucional, las partes presentes, luego de ser oídas, consignaron de manera escrita los alegatos y opiniones que fueron expresados en dicha audiencia. El Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera formuló una pregunta a las partes, la cual fue debidamente respondida.

           

Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia, pasa la Sala a decidir con base en las siguientes consideraciones:

I HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

En la oportunidad de la interposición de la acción de amparo, la representación judicial del accionante, señaló:

Que el 29 y 30 de abril de 2004 se llevó a cabo la celebración de la audiencia preliminar por ante el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la causa penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito de secuestro que describe y sanciona el artículo 462 del Código Penal.

Que el 30 de abril de 2004, el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió la acusación que formuló la representación del Ministerio Público y parcialmente las pruebas que fueron ofrecidas.

Que el 7 de mayo de 2004, intentó recurso de apelación contra el pronunciamiento en referencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, para ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Que el 25 de junio de 2004, la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la apelación interpuesta, entre otras cosas porque:

“...no existe en el presente caso un gravamen irreparable, ya que tales pruebas admitidas pueden ser desvirtuadas por la parte contra quien obran durante el Juicio Oral.

La admisión de las pruebas en la audiencia preliminar, como se manifestó, no causa gravamen irreparable, por cuanto las mismas son objeto de control en el juicio oral y en consecuencia se mantiene la igualdad de las partes, no derivándose la extemporaneidad de sus efectos, la imposibilidad de ser oído y ejercer la defensa dentro del debido proceso.

En tal orden de ideas, concluye [esa] Sala, que la decisión mediante la cual se apela del punto distinguido como TERCERO de la audiencia preliminar celebrada en fecha 29 y 30 de abril de 2004, en donde se decidió sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por las partes, no es apelable, no encontrándose ésta entre los autos recurribles del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que más bien está dentro de las consideradas como inimpugnables o irrecurribles, conforme al literal c del artículo 437 ejusdem, en relación a lo dispuesto en el último aparte del artículo 331 ibidem, considerando esta Sala, que tal fallo, en ningún momento causa gravamen irreparable, por cuanto lo que se persigue es cumplir la finalidad del proceso y la justicia en la búsqueda de la verdad, limitándose el Juez de Instancia, como se ha referido, a declarar su licitud, pertinencia y necesidad para ser evacuadas en la fase de juicio...”

Que por cuanto consideró que debía agotar todos los recursos procesales disponibles antes de que incoara demanda de amparo constitucional, intentó, ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible, a pesar de que se trataba de unos hechos que tuvieron lugar bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Que agotó todos los recursos legales ordinarios y no obtuvo la reparación del daño que la decisión del juez de instancia le ocasionó.

Denunció:

La violación a su derecho al debido proceso y a la defensa que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, “...en el procedimiento penal vigente se pueden apelar las decisiones de los juzgados de primera instancia en lo penal en funciones de control que admitan la acusación que pudieran interponer el Ministerio Público y los querellantes privados (...)”.

En tal sentido señaló que “... resulta prístino señalar que cuando el reo, como sucedió en el presente caso, no puede acceder a una instancia del proceso (corte de apelaciones) y no puede en ella, por consiguiente, que se oigan, se debatan y se decidan sus defensas (sic) (recurso ordinario de apelación del auto de apertura a juicio), como ha ocurrido en el procedimiento penal de marras, entonces se habrá consolidado una agresión a los derechos fundamentales del encausado al debido y a la defensa, que debe ser reparada.”

Pidió:

“...que la presente acción de amparo constitucional sea declarada con lugar y se ordene a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas oiga y decida la apelación interpuesta por los defensores privados de ANDRÉS ELOY DIELINGEN LOZADA en contra de los pronunciamientos Tercero y Cuarto emitidos por el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal del mismo Circuito Judicial Penal, en la oportunidad de la audiencia preliminar celebrada entre las fechas 29 y 30 de abril de 2004, en la causa seguida a [su] defendido (...), por la presunta comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal.”

II

OPINIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Señaló la representación del Ministerio Público, en su escrito contentivo de los alegatos esgrimidos oralmente en la audiencia constitucional, lo siguiente:

1.- Que “Si bien, el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, expresamente prevé la inapelabilidad del auto de apertura a juicio, esta Representación Fiscal, estima necesario recordar el criterio sostenido por esta Sala Constitucional en cuanto a la posibilidad de apelar de este tipo de decisiones, en el que ha dejado sentado de manera clara que la inadmisión de una prueba ofrecida por una de las partes involucradas en el proceso penal, puede ser apelada, conforme a lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, visto que su inadmisibilidad pudiera causar un gravamen irreparable, razonamiento este que tiene su fundamento en el hecho de que la no admisión podría vulnerar a la parte que solicitó la admisión de la prueba, la imposibilidad de ejercer su derecho a la defensa”.

2.- Que en “el caso bajo estudio, el Tribunal de Control, en la celebración de la audiencia preliminar, admitió las actas levantadas con motivo de las actuaciones realizadas durante la investigación, al considerar que la (sic) mismas podían ser perfectamente incorporadas como documentales, en razón de lo previsto en el artículo 39 (sic) numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, y que las mismas habían sido incorporadas en forma lícita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 ejusdem; asimismo, admitió las testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público, por cuanto estableció su necesidad y pertinencia, de conformidad con lo dispuesto...

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