Sentencia nº 1846 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Agosto de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 283411959

Sentencia nº 1846 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Agosto de 2004

Procedimiento:Acción de Amparo
Ponente:Jesús E. Cabrera Romero
Número de Expediente:04-0007
Fecha de Resolución:27 de Agosto de 2004
Emisor:Sala Constitucional
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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 29 de diciembre de 2003, con oficio No. 241 del 26 de diciembre de 2003, emanado de la Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado MARCO T. TORRES ÁVILA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 75.572, en nombre y representación de los ciudadanos ÁLVARO ANTONIO BELLO JULIO, ANÍBAL ALFREDO BELLO RUÍZ, ARÍSTIDES BELLO RUÍZ y ÁLVARO ENRIQUE BELLO RUÍZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 15.132.791, 16.706.471, 15.048.551 y 15.793.123, respectivamente,  contra la decisión dictada el 7 de octubre de 2003, por el Juzgado Militar Primero de Primera Instancia Permanente de Caracas, lesiva, a su juicio, de los derechos que asisten a sus representados a la libertad personal y al debido proceso, consagrados en los artículos 44 y 49 de la Constitución.

El expediente en mención fue remitido a fin de la consulta de ley establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto de la decisión dictada por la referida Corte Marcial, el 18 de diciembre de 2003, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

El 5 de enero de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

El 3 de diciembre de 2003, el abogado Marco Torres Ávila, en nombre y representación de los ciudadanos Álvaro Antonio Bello Julio, Aníbal Alfredo Bello Ruiz, Arístides Bello Ruiz y Álvaro Enrique Bello Ruiz, interpuso acción de amparo -que calificó de hábeas corpus-, y en cuyo escrito de solicitud narró lo siguiente:

“El día Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Tres (2003), tuvo Lugar la detención de mis Defendidos, por la presunción del Delito de SUSTRACCIÓN DE ARMAS DE GUERRA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PORTE ILICITO DE ARMAS, consagrados dichos delitos en los Artículos 570 Ordinal 1º del Código Orgánico de Justicia Militar y el 273, 275 del Código Penal Venezolano, todo según se evidencia del Acta Policial suscrito por la Dirección Penal Venezolano, todo según se evidencia del Acta Policial suscrito por la Dirección Nacional de Investigaciones Militares (DIM) y de la declaración testimonial de los Testigos promovidos por este Defensor en su debido momento. En la misma se evidencia que mis defendidos, fueron Detenidos ciertamente el día 30 de Septiembre de 2003; y que fueron presentados ante el Tribunal Primero Penal Militar el día Seis (06) de Octubre de Dos Mil Tres (2003) es decir, que desde la fecha de su Detención hasta la presentación de los mismos por parte del Fiscal Primero Penal Militar transcurrieron exactamente: Ciento Noventa y dos Horas (192) equivalente a Ocho (08) días continuos (folio 17 línea 26), no obstante, el ciudadano Fiscal Penal Primero Militar, consignó la Acusación Formal contra mis defendidos el día 21 de Noviembre del año en curso, transcurriendo exactamente la cantidad de Cincuenta y Tres (53) días desde la fecha de la Detención de mis patrocinados, y aún se encuentran Privados de Libertad. (...). Es razón suficiente por la cual, interpongo ante ustedes HABEAS CORPUS a favor de mis representados, por detención Ilegítima: ya que considero que se les han violado los Derechos Constitucionales que a continuación indico: Artículo 44: La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1- Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de Cuarenta y Ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia: 1- Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario... 2- Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, e independiente, e imparcial establecido con anterioridad.... 3- Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.... 8- Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.... Todas estas normas consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenados los mismos con lo que señala el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal que señala lo siguiente: Prorroga: Vencido el plazo fijado de conformidad con el artículo anterior, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga. Vencida está, dentro de los treinta días siguientes, deberá presentar la acusación o solicitar el sobreseimiento.... La decisión que niegue la prórroga solicitada por el fiscal podrá ser apelada.... Si vencido los plazos que le hubieren sido fijados, el Fiscal del Ministerio Público no presentare acusación ni solicitare sobreseimiento de la causa, el Juez decretará el archivo de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado.... Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:... 1- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.... 2- Nadie será condenado por actos y omisiones que en el momento de cometerse no (sic) 2- fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito... Artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica: 1- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal... 2- Nadie debe ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a elles.... 3- Nadie debe ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.... 4- Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.... Artículo 285 de la Constitución Nacional Ordinales 1º y 2º que dicen: Son atribuciones del Ministerio Público: 1- Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como los tratados, convenios y acuerdos Internacionales suscritos del Ministerio Público.... 2- Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso (...). Por todos los fundamentos de hecho y de Derechos, narrados anteriormente ciudadanos Magistrados, pido se decrete la libertad inmediata de mis defendidos (sic)”.

El 9 de diciembre de 2003, en el escrito contentivo de corrección de la solicitud de amparo, complementó la misma en cuanto a las exigencias contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los términos siguientes:

1.- “ (...) y en atención a lo que disponen los artículos 26 y 27 de la Constitución Nacional, 138 y 139 del Código Orgánico Procesal Penal; 1º,4,18 ord.1º,39 y 41 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (sic)”.

2.- “(...) interpongo ante ustedes mandamiento de HÁBEAS CORPUS a favor de mis representados, contra la decisión dictada el día 8 de octubre de 2003 (sic) por el Tribunal...

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