Sentencia nº 2283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Diciembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 283326379

Sentencia nº 2283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Diciembre de 2007

Procedimiento:Recurso de Revisión
Ponente:Luisa Estella Morales Lamuño
Número de Expediente:07-0453
Fecha de Resolución:18 de Diciembre de 2007
Emisor:Sala Constitucional
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SALA CONSTITUCIONAL Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 07-0453

El 29 de marzo de 2007, el abogado Jorge Anyelo Armas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 36.097, en su carácter de representante judicial de la sociedad mercantil AGROPECUARIA EL CARMEN, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 19 de octubre de 1990, bajo el Nº 44, Tomo 5-A, solicitó la revisión constitucional de la sentencia Nº 1.808 de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de noviembre de 2006 y, subsidiariamente, la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas el 24 de febrero de 2006, en las cuales se declaró “(…) INADMISIBLE el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la parte accionada, contra la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, de fecha 21 de febrero del año 2006, publicada íntegramente el día 24 del mismo mes y año (…)” y “(…) confirma parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17 de mayo de 2.005, toda vez que, en el presente fallo no se produjo condenatoria en costas por no haber sido acordada la solicitud de indexación monetaria por las razones esbozadas en la sentencia (…). Continúese con la ejecución (…)”, respectivamente.

En virtud de su reconstitución esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

El 29 de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

            La solicitante, fundó su pretensión de revisión sobre la base de los siguientes argumentos:

Afirmó que “(…) respecto de la sentencia de la Sala de Casación Social (Sala Especial Agraria) (…), el juicio de ejecución de hipoteca, es un juicio eminentemente civil, a este procedimiento acudió la parte actora, a intentar su acción. La acción ejercida fue tramitada en los Tribunales Agrarios, porque los bienes objeto de ejecución son dos haciendas Molino Viejo y El Carmen, no obstante ello no es óbice, para que el procedimiento, cosa distinta de la competencia material, sea el que corresponde al Código de Procedimiento Civil, sobre ejecución de hipoteca, ya que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, nada prevé al respecto sobre juicios de ejecución de hipotecas agrarias y en su artículo 201, contiene la invocada excepción al establecer ‘a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales’ (…)”.

Alegó, que en un caso similar esta Sala Constitucional “(…) declaró con lugar una revisión constitucional de sentencia, en la que se tramitó como en este caso, un recurso extraordinario de casación, por los trámites de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando se trataba de unos honorarios intimados con ocasión de un juicio dirimido en dicha jurisdicción; pero, juicio este (sic) de honorarios que tiene un diseño, una estructura procesal en la Ley de Abogados y el Código de Procedimiento Civil, reglas a las cuales, sostuvo esta Sala debía acudir la Sala Especial Agraria (…), a fin de no quebrantar el derecho constitucional al debido proceso, toda vez que al igual que en este caso, se utilizó indebidamente, el trámite de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (…) [ya que] se trata de un juicio de ejecución de hipoteca, que tiene dispositivos especiales en el Código de Procedimiento Civil (…)”.

Que incluso la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, señaló “(…) cuando resolvió en un caso de prescripción adquisitiva, que las reglas aplicables eran las del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un juicio especial contencioso (…)”.

Que si bien el juicio fue llevado conforme a las reglas del juicio de ejecución de hipoteca en primera instancia, la alzada “(…) fija oportunidades probatorias y de informes conforme a las reglas del juicio ordinario y decide haciendo una mixtura de reglas incluso del juicio de hipoteca con reglas del juicio agrario (…)”, circunstancia que no sólo fue denunciada en su oportunidad en segunda instancia, sino fue parte de los fundamentos del recurso de casación declarado inadmisible por la sentencia objeto de revisión.

Respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas el 24 de febrero de 2006, afirmó que la misma “(…) quebrantó toda la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, algunas como la que prescinde del rigor de consignar documentación con la oposición a la ejecución, norma ésta desaplicada desde 1997, como quedó demostrado en esos autos, y más recientemente acogida en 2005 por la dicha Sala de Casación Social (Especial Agraria) (…)”.

Que la sentencia objeto de revisión “(…) para eludir la jurisprudencia del caso Banco Mercantil contra Calzados Michlangelo, optó por falsear los hechos palpablemente evidenciados en autos, al establecer que la parte demandada, a su decir, dizque mi representada no había impugnado el documento contentivo del referido balance, con el cual dio por demostrada la liquidación del préstamo y con ello sin lugar las defensas  relacionadas con el tema; cuando todo ello es falso, como lo evidencia la formalización del recurso inadmitido y más especialmente, la contestación a la demanda o escrito de oposición a la hipoteca (…)”.

Así, “(…) la alzada no sólo falseó la realidad existente en autos, sino que lo hizo en franco obsequio de la parte actora, pues recordemos que la parte actora sostenía en su demanda que el préstamo exigido en ésta (la demanda), se evidenciaba de un pagaré, pero el Tribunal consideró suficiente prueba para demostrar la liquidación de Bs. 1.340.000.000,00 un documento impreso, mas no rubricado por nadie, no validado por las partes interesadas en él, y peor aún, derivar de dicho instrumento menciones que no contiene (presunta liquidación del préstamo), pues no se entiende como la Alzada pudo concluir que dicho documento evidenciaría la liquidación del préstamo, si de su texto nada se desprende al respecto (…). Por ello, considera quien aquí recurre (…) que la alzada, no se atuvo al principio constitucional de igualdad (…)”.

Que “(…) se conculcó el principio de la transparencia jurisdiccional, toda vez que la Alzada utilizó falsos supuestos para concluir una decisión adversa a mi representada y beneficiosa a la parte actora, que nunca fue capaz de demostrar con plena certeza la liquidación del ‘préstamo’ demandado, no liquidado (…)”.

 

            Finalmente, solicitó se declarara ha lugar la solicitud de revisión interpuesta y se anulara la sentencia Nº 1.808 de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de noviembre de 2006 y, subsidiariamente, en caso de no declararse nulo el fallo antes identificado se revise y anule la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas el 24 de febrero de 2006.

II

DE LAS SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN

Mediante sentencia Nº 1.808 de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de noviembre de 2006, se declaró “(…) INADMISIBLE el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la parte accionada, contra la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, de fecha 21 de febrero del año 2006, publicada íntegramente el día 24 del mismo mes y año (…)”, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“(…) aprecia esta Sala, que en el presente asunto, tanto el Tribunal de Primera Instancia, como el Tribunal Superior que decidieron sobre el caso de autos, declararon Sin Lugar las defensas propuestas por la parte accionada, en base a los mismos supuestos, y por consiguiente, sin lugar la oposición formulada. Es decir, ambas instancias presentan la misma solución del asunto planteado en cuanto al fondo de la causa, a excepción de la condena en costas, que por estar fuera de la acción se considera accesorio a ella. Por consiguiente, los fallos de instancia, evidentemente, son conformes entre sí.

Tanto así, que el ad quem indica expresamente: En consecuencia (…) este Juzgado Superior Primero Agrario forzosamente declara sin lugar, el recurso ordinario de apelación (…).

Empero, el Tribunal de alzada, admite el recurso de casación anunciado, conforme al siguiente criterio:

‘(…) se observa que la sentencia dictada por...

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